Durante los tres cuartos de siglo que se prolongó la hegemonía del PRI como partido de Estado, el Presidente de la República contó con las facilidades para quitar y poner gobernadores a placer, fueran éstas constitucionales, como la desaparición de poderes contemplada en el Artículo 76 y que fue aplicada por última vez por Luis Echeverría en 1975, o extraconstitucionales, como las maniobras políticas para que fueran las legislaturas estatales las que removieran y nombraran mandatarios.
El último en usar estas facultades fue Carlos Salinas. Durante su sexenio intervino en los mandatos de 17 gobernadores. Lo mismo para darles puestos de gabinete – como al veracruzano Francisco Gutiérrez Barrios, quien asumió la Segob, o al jalisciense Enrique Álvarez del Castillo, a quien encomendó la PGR – que para retirarlos como al tabasqueño Salvador Neme, al potosino Fausto Zapata o al guanajuatense Ramón Aguirre en 1991.
En entrevista con Reporte Índigo, Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México, analiza las estructuras que permitían al Ejecutivo federal ejercer esta presión sobre los representantes estatales, identificando a las secretarías de Gobernación, para la operación política, y de Hacienda, para el manejo de recursos, así como al Ejército como mecanismo de control para “apretarles las tuercas” cuando fuera necesario.
“En la medida que los gobernadores no causen malestar, que no haya disturbios en sus estados, que no haya problemas para la Presidencia y para el sistema en su conjunto, el presidente los deja hacer. Son los responsables del día a día, de mantener el orden, el control. Si son unos ladrones corruptos, que lo sean, pero que no causen problemas al sistema. Cuando sucede lo contrario, se los lleva el diablo. Hasta que el sistema se debilitó”, explica el doctor Meyer.
Uno de los primeros momentos en los que esto sucedió, fue inmediatamente iniciando el mandato de Salinas, en 1989, cuando Ernesto Ruffo se convirtió en el primer candidato de oposición en ganar una gubernatura.
Posteriormente, se dio el caso de Aguirre, quien se hizo con el Ejecutivo de Guanajuato ante Vicente Fox. Frente a los reclamos de fraude, el Congreso estatal determinó nombrar interino a Carlos Medina Plascencia, del PAN.
Sobre este tipo de operaciones realizadas en las legislaturas estatales, el exgobernador Ruffo comenta a Reporte Índigo que “el poder del presidente Salinas era absoluto en cuanto a que los Congresos estatales, que son por medio de la Constitución local libres y soberanos, al final de cuentas venían votando por su línea política”.
Como Salinas, Ernesto Zedillo también estrenó su sexenio con una polémica electoral en Tabasco, pero no pudo hacer lo que su predecesor hizo con Salvador Neme. Pese a que le ofreció la Secretaría de Educación, Roberto Madrazo se quedó al frente del estado, aún cuando las acusaciones de fraude fueron todavía más escandalosas que las del propio Neme Castillo seis años antes.
Con este episodio y con la marcha en el 2000 de Ricardo Monreal, entonces mandatario de Zacatecas por el PRD, comienza el fortalecimiento de los estados ante el Gobierno federal, alcanzando su punto máximo con la alternancia de PRI a PAN en la Presidencia de la República y con la creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores en 2003, a mediados del mandato de Vicente Fox.
Así surge “el enorme poder de los gobernadores y se volteó la tortilla. Con Fox, hasta los tiene que comprar con el dinero del petróleo para que no se le alboroten”, agrega Meyer. Siendo que la administración del panista intervino en repetidas ocasiones en el gobierno capitalino, particularmente para sacar a Marcelo Ebrard de la SSP tras los linchamientos en Tláhuac y, posteriormente, impulsando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Los gobernadores tienen que tener ahora apoyo de sus electores, cosa que antes no era un problema. La votación estaba controlada y se sabía desde el principio quién iba a ganar, ahora no. Tienen un poder interesante, nuevo, que es el poder de la votación
Federalismo: problema histórico para gobernadores y ejecutivo
Lorenzo Meyer y Ernesto Ruffo ven en la relación entre los estados de la República y el Gobierno federal una fricción que ha sido constante a lo largo de la historia de México.
Meyer postula que el federalismo es uno de los grandes y graves problemas políticos del siglo XIX.
“Una vez que México se independiza, ahí viene un nudo gordiano que no va a poder desatar fácilmente. La fuerte tensión ya existía entre los estados y el centro cuando todavía México no era ni siquiera una nación realmente, en el sentido profundo del término”.
Tras la Independencia y hasta la mitad del siglo XIX, estados como Jalisco, Zacatecas y Yucatán, entre otros, intentaron separarse de la Federación y constituir naciones por su cuenta.
El Gobierno federal comienza a concentrar el poder hasta que con Porfirio Díaz, a fines del siglo XIX, los estados se vuelven muy dependientes del centro.
“El gobierno porfirista tiene todos los elementos para obligarles a seguir los dictados del centro y les da también sus recompensas, porque los gobernadores se pueden reelegir. Cuando hay problemas, siempre hay un grupo dentro de los estados que don Porfirio puede movilizar contra el gobernador”.
Con la Revolución, “los gobernadores vuelven a recuperar parte del poder, pero ahí son las Fuerzas Armadas. ¿Qué gobernador tiene apoyos militares y qué gobernador no? Restablecen los cacicazgos, ya no hay reelección, eso sí queda fuera”, continúa Meyer, señalando que Plutarco Elías Calles, como Jefe Máximo, posicionó a gobernadores leales a él, mismos que fueron retirados por Lázaro Cárdenas cuando puso fin al Maximato.
Venimos de una historia de autoritarismo absoluto desde la fundación del mismísimo México. Tenemos que analizar y recordar que el poder gubernamental era absoluto y provenía del Rey de España. Eso viene de una cultura de muchos más años atrás donde, poco a poco, el avance de la civilización ha traído la República, la democracia y los derechos humanos
