El poco gasto para encontrar a los desaparecidos

Acéfala desde el 23 de agosto, tras la renuncia de Karla Quintana Osuna, el rastro de los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) apenas se nota en los contratos publicados por el Gobierno federal. Entre 2019 y 2023, el organismo sumó 122 millones 78 mil 537 pesos que en su mayor parte se fueron a difusión de campañas.

Esos gastos de la Comisión ubicada en el centro de la búsqueda de desaparecidos en México equivalen al 34.7 por ciento de lo recaudado en 2019 por el Gobierno federal en siete subastas de inmuebles y artículos. En esos bienes estaba la casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, el automóvil denominado “La Bestia” en el que se trasladaba el presidente de la República y una casa vinculada al cártel de los Beltrán Leyva.

Las erogaciones destinadas a dar con el paradero de los ausentes, a través de la CNB, son el 1.9 por ciento del financiamiento que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó para siete partidos políticos para el ejercicio de 2023.

Es difícil conseguir información acerca de cuántas personas fueron víctimas de una desaparición forzada en estos años, ya que las diferencias entre los tipos de desaparición de los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda son difusos.

Sin embargo en 2021 pudimos ver: pic.twitter.com/Hr92BfrngT

— Transversal Think Tank (@transversal_t) August 30, 2023

También, lo que gastó la CNB en cinco años es similar al presunto monto que desvió el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, según la acusación de la Fiscalía General de esa entidad, acción por la cual fue vinculado a proceso por un juez de control el pasado 28 de agosto.

Lo anterior resulta de una localización de contratos según su título y descripción en Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia. La CNB no aparece como una entidad que por sí misma haya realizado compras públicas. Se le encuentra entre los contratos firmados por la Secretaría de Gobernación, la dependencia a la que está adscrita.

En 2019, a través del organismo se gastaron 98 millones 139 mil 399 pesos en 37 contratos. El año siguiente, con la pandemia de COVID-19 en pleno, el dinero se desplomó a cero contratos. En 2021, hubo siete que sumaron 5 millones 357 mil 81 pesos. En 2022, el número de compras creció con 33 contratos que en conjunto dieron 18 millones 582 mil 56 pesos. En lo que va de 2023 no aparece ningún contrato.

Así se gasta por los desaparecidos

Mientras, la cifra de personas con paradero desconocido llegó a 111 mil 30 personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una contabilidad con la que el Gobierno federal discrepa y por lo cual, ordenó la elaboración de un censo. Más allá del cálculo, ese registro muestra que el mapa de la tragedia se extendió. Se sumaron sitios que antes no estaban considerados bajo alerta como las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, o municipios como Lagos de Moreno, Jalisco.

En el país, en compras públicas para esta crisis, entre 2019 y 2023, se erogaron 294 millones 84 mil 902 pesos. En esta cantidad, el contrato más alto fue por poco más de 18 millones de pesos y el menor por 138.80 pesos. Además de la CNB participaron los gobiernos de Nayarit, Tabasco, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Baja California, Jalisco, Ciudad de México y Morelos. En esa lista destaca la ausencia de Tamaulipas, una entidad que desde 2006 muestra números críticos de desaparición.

Son #niñas, #niños y #juventudes tratando de entender ¿porque paso?, ¿por que a mi?.
¡Hasta encontrarles! Un #México mejor es posible.#DiaInternacionalDeLosDesaparecidos
Fuente: Comisión Nacional de #búsqueda pic.twitter.com/8DS1TgvxEV

— Karla Jacobo (@karlitajakobo) August 30, 2023

Los gobiernos de esos estados compraron aditamentos para vehículos, licencias informáticas, equipos de comunicaciones, suministros médicos, prendas de protección, accesorios, radios móviles, vestuarios y uniformes, sábanas quirúrgicas desechables, herramientas “menores”, mobiliario forense, microscopios son software, así como equipo eléctrico y electrónico.

Édgar Cortez, defensor de Derechos Humanos, indica que las compras públicas para la búsqueda de personas entrañan el problema de que provienen de “iniciativas sueltas y desarticuladas”. Coordinador de proyectos en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Cortez señala insuficiencia en la verificación de la asignación de los recursos federales y la falta de coordinación en las erogaciones, lo cual propicia sobreprecios o adquisición de equipos con menor capacidad a la ofrecida por la empresa contratada.

La falta de estrategia integral entre los tres niveles de gobierno también es señalada por Óscar Loza Ochoa, fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Para el activista y estudioso del fenómeno de la desaparición forzada, la adquisición de tecnología o binomios caninos no será óptima para las búsquedas mientras no se establezca una coordinación en todo el país.

“La renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda desnudó la costumbre de maquillar, esconder y disfrazar la evidencia que debería llevarnos a la verdad y la justicia”: @AdrianaDavilaF. pic.twitter.com/BoeYAsZ6kx

— Martiria Félix ❤️ (@martiriafelix) August 30, 2023

Con este panorama, el puesto principal de la CNB quedó vacante. Karla Quintana Osuna, quien asumió como comisionada el 8 de febrero de 2019, presentó su renuncia con carácter de irrevocable el pasado 23 de agosto. Ahora, la Secretaría de Gobernación debe emitir una convocatoria para cubrir la posición.

En su carta de renuncia, Quintana Osuna expuso que “los retos en relación con la desaparición de personas permanecen”, por lo que se debe buscar “una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad”.