La medida incluye un capítulo sobre la participación de los servidores públicos en el delito de desaparición
El Partido Acción Nacional (PAN) busca remediar tardíamente la crisis de los desaparecidos, trance que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que le declaró la guerra al crimen organizado.
Esta semana, panistas en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas, una legislación con la que pretende combatir este delito.
A raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el PAN aprovechó la coyuntura política y tomó este tema como una de sus banderas… aunque hasta hace unos meses no representaba un tema relevante para ellos.
Esta iniciativa fue presentada por Raquel Jiménez Cerrillo, diputada del PAN por Querétaro, quien ya la había presentado en febrero pasado y fue apoyada solamente por otro diputado, José Alfredo Botello Montes, también legislador por esa entidad.
Ahora que el Gobierno de Enrique Peña Nieto atraviesa su peor momento a raíz de la situación de los jóvenes desaparecidos, el PAN aprovechó la coyuntura para presentar su decálogo para resolver la crisis de los desaparecidos.
Jiménez Cerrillo volvió a presentar su iniciativa este 2 de diciembre; solo que esta vez, ya fue apoyada por los 114 diputados de la bancada albiazul.
“En el contexto de desapariciones de personas que ocurre en el país, se puede llegar a considerar que en circunstancias de una violación grave generada por la delincuencia, la falta de investigación inmediata y seria por parte del Estado hace considerar que la autoridad, al menos permite o tolera las desapariciones”, expone la iniciativa.
Las claves de la iniciativa
En su iniciativa, los panistas propusieron que la desaparición forzada sea considerada un delito grave y se persiga de oficio, además de que no sea susceptible a ningún tipo de indulto o amnistía.
La medida contempla que las autoridades puedan perseguir este delito por una denuncia anónima, y no solo por denuncias hechas por familiares de la víctima.
También se propone la creación de una base de datos que contenga los registros de ADN de todos los restos humanos sin identificación encontrados, y puedan cotejarse con los de los familiares de las víctimas de desaparición.
Los panistas exigen la creación del Fondo Estatal de Desaparición, alimentado con recursos gubernamentales, para pagar la reparación integral del daño a las víctimas.
“Durante los procesos de investigación, la víctima y/o los ofendidos suelen sufrir múltiples afectaciones emocionales, económicas, laborales, sociales, educativas y otras, por lo que se establece un capítulo dedicado a la reparación integral”, detalla la exposición de motivos.
A raíz de la presunta participación de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los panistas incluyeron un capítulo sobre la participación de los servidores públicos en este delito.
La iniciativa propone sancionar a los servidores públicos con hasta 70 años de prisión y con una multa de más de medio millón de pesos, además de la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o empleo público.
“En la actualidad la desaparición forzada cometida por los agentes o servidores públicos no se ha erradicado, teniendo a los sectores más desprotegidos o en situación de vulnerabilidad, proclives a la violación de los derechos humanos y abusos por parte de las autoridades, inclusive convirtiéndose en víctimas de la comisión del delito de desaparición forzada”, expone la iniciativa.
Los panistas propusieron que se pueda facilitar el procedimiento de declaración de ausencia sin que medie plazo de tiempo entre la última noticia que se haya tenido de la persona desaparecida.
Durante el sexenio de Felipe Calderón el número de desaparecidos ascendió a 26 mil 121 personas, según una base de datos realizada por la Procuraduría General de República. La cifra equivale a 12 desaparecidos al día, en promedio.
