El otro poder

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_f93oudgd” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El reciente asesinato de dos alcaldes, uno en Jalisco y otro en Puebla, sumado al de una candidata a diputada en Michoacán, han dejado en claro que en el proceso electoral el crimen organizado también participa.

Desde que iniciaron las precampañas en septiembre del 2017 hasta el pasado fin de semana ya suman 81 los políticos que han sido asesinados en todo el país.

De acuerdo al “Tercer Informe de Violencia Política en México 2018” de la firma Etellekt Consultores, las agresiones contra políticos en el proceso electoral continúan en ascenso.

Sólo entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de abril de 2018, la consultoría ya había documentado 173 agresiones directas contra políticos, a las que ya se suman las antes mencionadas.

A los 81 asesinatos de políticos que ya van a la fecha se agregan 30 agresiones contra familiares de políticos, las que además de haber dejado un saldo de 40 víctimas más, han propiciado también un estado de incertidumbre en al menos 167 localidades de 29 estados del país, lo que representa casi el 7 por ciento de todos los municipios de México.

De acuerdo con el informe, actualmente en todo el territorio mexicano se tienen detectadas 58 zonas de muy alto riesgo de ataques armados contra políticos y sus familiares, zonas que así se han considerado por el elevado índice de ejecuciones, secuestros y atentados que han sido identificados hacia ese sector.

El estado que mayor cantidad de zonas de muy alto riesgo registra para los políticos en campaña es el de Oaxaca  con 10 regiones; le siguen Veracruz con nueve, Puebla con seis; Guerrero con cinco; Hidalgo, Michoacán y Chihuahua con tres cada uno; Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Tamaulipas con dos por estado y Baja California, Nayarit, Zacatecas, Jalisco y Colima con una.

De acuerdo al abogado y maestro en criminología Álvaro Segovia, del Consorcio Transdisciplinario de Investigación Secarsos A.C., la violencia manifiesta contra políticos que bus- can un cargo de elección popular, “es resultado del rebase electoral de este proceso que es el más grande en la historia del país, donde la estructura de que dispone el Estado para brindar seguridad a los contendientes ante la ola de violencia ha quedado supera- da por la cantidad de candidatos”.

La causa principal de la violencia, según el criminólogo “está basada en la necesidad del control territorial de los grupos del crimen organizado, quienes ven en los cambios de gobierno la posibilidad de perder el dominio de las plazas y tratan de eliminar a los candidatos que les representan riesgo a su hegemonía criminal”. 

Hay que recordar que en las elecciones del 1 de julio próximo se habrán de elegir representantes a 3 mil 406 cargos de elección popular, entre ellos un presidente de la República, un Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gobernadores, 128 senadores, 500 diputados federales, 972 diputados locales, mil 597 ayuntamientos, mil 237 concejales, mil 665 sindicaturas, 12 mil 23 regidurías, 19 regidores étnicos y 144 cargos en las juntas municipales.

Si se considera que cada uno de los cargos de gobierno, tanto federales como locales, estarán en competencia para un promedio de cinco candidatos, entre abanderados partidistas e independientes, se aproxima una participación de por lo menos 20 mil contendientes en todo el territorio nacional, “a los cuales es difícil que el Estado les brinde condiciones de seguridad”, explicó Álvaro Segovia.

Los más afectados

Instituciones políticas que más se han visto agraviadas por la crisis de violencia por la que atraviesa el país, incluidos los candidatos independientes.

29 PRI

16 PRD

8 PAN

6 MC

4 Morena

3 PT

2 PVEM

1 Independiente

Focos rojos en seis estados del país

Ninguno de los órganos electorales, ni el federal ni los locales, han manifestado la existencia de zonas de violencia que pudieran poner en riesgo los comicios venideros tanto para los candidatos como para el electorado, sin embargo, el “Tercer Informe de Violencia Política en México 2018”, refiere que en al menos cinco estado del país existen regiones con un indicador “Muy Alto” de violencia política.

En Puebla se han cometido ya 10 asesinatos, siete intimidaciones y amenazas, tres agresiones con armas de fuego, un herido por arma de fuego, un asalto con violencia y tres atentados contra familiares de políticos y candidatos, mientras que en Guerrero, la estadística marca que van 17 asesinatos, dos intimidaciones y amenazas, un herido por arma de fuego, un secuestro y dos atentados contra familiares de candidatos.

En el estado de Veracruz ya son ocho los políticos asesinados, tres han sufrido intimidación o amenazas, se han registrado cuatro agresiones con arma de fuego, cinco agresiones físicas, un asalto con violencia, y cinco atentados contra familiares de políticos, mientras que en el Esta- do de México ya son cuatro políticos ejecutados, tres que han recibido amenazas, uno que fue agredido con arma de fuego, tres heridos con arma de fuego, un secuestrado, dos con agresiones físicas y ocho atentados contra familiares de políticos.

Por su parte, en el estado de Oaxaca el registro de violencia electoral se ha manifestado con 13 asesinatos de políticos, una amenaza, un herido por arma de fuego, uno con agresiones físicas y un atentado contra familiares.

En Michoacán ya son tres los políticos asesinados, ocho que han recibido amenazas o intimidaciones, un herido con arma de fuego, tres secuestrados, uno asalto con violencia y un atentado contra familiares de un participante electoral.

Desamparados ante la ley

Para el periodista y Maestro en Derecho Luis Carlos Sainz, el estado de inseguridad que afrontan los actores políticos de cara a las elecciones del primero de julio, si bien es resultado de la ola de violencia que sufre toda la sociedad, “está alentado por las omisiones a la ley, pues a la fecha  en ninguna legislación se expone la obligatoriedad del Estado para brindar seguridad a quienes aspiran a cargos de elección popular”.

Dijo que a la par del combate a la delincuencia, “sí el Estado Mexicano no quiere seguir viendo la ola de violencia que se cierne sobre los candidatos, tendrá que actuar para obligarse, a través de una reforma al marco jurídico de la ley electoral, para establecer la obligación de custodia y seguridad para los aspirantes a cargos de elección popular”.

Recordó que en el apartado 3 del artículo 230 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) sólo se establece la posibilidad de brindar seguridad a los candidatos a cargos de elección popular siempre y cuando el Presidente del Consejo Electoral así lo solicite, “pero no se establece la obligatoriedad del Estado en ese sentido”.

A la fecha, dijo, el Estado Mexicano sólo se responsabiliza de la seguridad de los candidatos a presidente de la República y algunos aspirantes a senador o diputado federal, los que son dotados de seguridad personal por parte del Estado Mayor Presidencial, “pero quienes aspiran a ser alcaldes, diputados locales o concejales, en quienes recae la mayor cantidad de amenazas, no cuentan con ese apoyo”.

El abogado y criminólogo Álvaro Segovia, también coincidió en ese punto, y consideró que la seguridad de los candidatos a cargos de elección, para que no quede a discreción de las autoridades electorales federales, debería contemplarse dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se establece la coordinación entre autoridades federales y locales en materia de fortalecimiento a la seguridad pública en general.

Crimen Organizado lidera las mayores agresiones

Maribel Barajas Cortes, la candidata a diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que recién fue asesinada en el estado de Michoacán, fue primero secuestrada y después apareció asesinada. Su cuerpo presentaba lesiones de arma blanca y se presume que fue rematada con una piedra en la cabeza.

La forma en que fue asesinada la candidata michoacana es una constante en la violencia que afronta la clase política; según revela el informe de Etellekt Consultores, esta situación, donde las víctimas fueron previamente “levantadas” y halladas días después con señales de violencia extrema se registran también en otros nueve casos documentados de asesinatos de políticos en lo que va de este periodo electoral.

En 56 casos de asesinatos de alcaldes que buscaban la reelección o de políticos que abiertamente iban tras la postulación a un cargo de elección popular, se presentó otra constante: las víctimas fueron ejecutadas por comandos armados, los que se presumen actuaron como parte de los grupos del crimen organizado que mantienen el control delincuencial en las zonas en donde se han presentado estos hechos.

En el modus operandi de los delincuentes que han atentado contra la vida de políticos en pleno proceso electoral, también se establece que en seis casos las víctimas fueron privadas de la vida por un supuesto ase- sino solitario, cinco murieron tras un ataque con arma blanca, dos fallecieron en presuntos asaltos, uno en un secuestro y otro en una riña.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes extraoficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), la mayoría de los asesinatos que son investigados por esa instancia, cuyas investigaciones se han atraído al considerar el uso de armas exclusivas de las fuerzas federales, en siete de 12 casos se considera la participación de células delictivas relacionadas con algunos de los cárteles de las drogas que operan a nivel nacional.

Proceso electoral detona violencia

De los 81 asesinatos de políticos que hasta el día de hoy se han contabilizado, la mayoría de ellos han ocurrido en el periodo de precampañas, por eso estima el estudio de Etellekt que “el asesinato de políticos y candidatos puede continuar en las próximas semanas”.

Tal aseveración se finca en el hecho de que “a pesar de que muchos estados hicieron concurrentes sus elecciones con los comicios federales, sus calendarios no fueron homologados con el proceso federal. Entidades que encabezan la lista de agresiones contra políticos como Puebla, Guerrero, Estado de México y Michoacán, iniciarán sus campañas entre finales de abril y mayo próximo”.

De las 81 muertes de candidatos registradas del 8 de septiembre del 2017 hasta el día de hoy, 26 de ellas se presentaron en el periodo de inicio del calendario electoral, 35 ocurrieron en el denominado periodo de precampañas, 17 se han dado dentro del periodo de veda y ya van tres que ocurren dentro del periodo de campaña de las elecciones federales.

En cuanto a las agresiones, que no necesariamente han terminado con la vida de los candidatos o aspirantes a cargos de elección local, desde septiembre a la fecha se han registrado un total de 199, de las que 42 de ellas ocurrieron al inicio del calendario electoral, 84 sucedieron dentro del periodo de precampañas, 55 fueron dentro del periodo de veda electoral, y en lo que va de la campaña federal ya son 22 agresiones a candidatos locales.

La naturaleza de estas agresiones es atribuida a “la elevada concurrencia electoral y al gran número de aspirantes que buscan una candidatura”, en donde también resalta el hecho de “la dificultad que representa para las autoridades de los tres niveles proveer de seguridad a miles de precandidatos en estados que han sido además fuertemente castigados por la violencia de grupos del crimen organizado”, revela el estudio.

Los preferidos del crimen

La violencia electoral que afronta el país es en parte también una manifestación de la recomposición de los grupos del crimen organizado, los que “a través de nuevas autoridades en los cargos públicos, pueden tener la posibilidad de un mejor control del territorio”, dijo el sociólogo e investigador de la Escuela Nacional de Antropología (ENA), Edgar Morín.

Por esa razón, consideró que los grupos del crimen organizado tratan de eliminar a aquellos aspirantes que les pueden representar una pérdida del control que han venido obteniendo estos grupos delincuenciales en sus zonas de influencia, “por lo que no es fortuito que el mayor número de ejecutados de la clase política, sean precandidatos o candidatos formales a cargos de mando local”.

La estadística de Etellekt Consultores soporta lo anterior, al revelar que hasta el pasado 8 de abril, de todos los ejecutados de la clase política, 20 eran precandidatos a un cargo de elección popular, en donde se deben agregar los alcaldes ejecutados de Yehualtepec, Puebla y de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, así como la candidata a diputada por el distrito de Múgica, en Michoacán.

De la lista de políticos ejecutados en lo que va de este proceso electoral, 14 eran exalcaldes, 13 tenían el cargo de regidores, 10 fueron reconocidos como militantes de algún partido político, ocho eran alcaldes en funciones, seis eran dirigentes partidistas, dos eran exregidores, uno ya era candidato formal, uno era exsíndico, uno era exdiputado federal y otro más estaba en funciones de síndico.

El estado que más políticos ha visto sucumbir ante la delincuencia durante lo que va de este proceso electoral es Guerrero, en donde han sido ejecutados 18 actores, sigue Oaxaca con 13, Veracruz y Puebla con nueve cada entidad, Estado de México y Jalisco con cuatro cada uno; Chihuahua, Michoacán e Hidalgo con tres políticos asesinados respectivamente; Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Nayarit con dos cada entidad, en tanto que Zacatecas, Chiapas, Baja California, Durango y Tabasco han dado cuenta de un político muerto respectivamente.

En relación a los políticos asesinados por partido, la mayor concentración la acumula el PRI, donde ya ha perdido por asesinato a 29 militantes, sigue el PRD con 16, el PAN con ocho, Movimiento Ciudadano (MC) con seis, Morena con cuatro, PT con tres, PVEM con dos, indígenas por usos y costumbres han asesinado a cuatro, tres apartidistas, un independiente y cinco integrantes de partidos políticos locales.