El oscuro saldo del sexenio

Durante el gobierno de Felipe Calderón, se registró un incremento de hasta mil 200 por ciento en quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por abusos atribuibles a las Fuerzas Armadas.

Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura. Abusos que se creían desaparecidos hace mucho. 

Pero “esta nueva política en materia de seguridad pública los ha vuelto a poner sobre la mesa”, cuenta Alberto Herrera en entrevista con Reporte Indigo.

Las autoridades no dejan de tener responsabilidad en investigar, sancionar y garantizar reparación del daño, sobre la violencia ejercida entre bandas del crimen organizado, apunta.

Hoy la CNDH reporta “más de 8 mil 800 cadáveres sin reconocer”. Aún no se da ni el primer paso, que es saber quiénes son los muertos.

Tampoco se han creado bases de datos homologadas, para registrar qué delito se cometió, cuándo, dónde, y analizar los patrones delictivos y dar respuestas a los parientes de los desaparecidos.

–¿Vivimos mejor o peor que hace seis años?

“En seguridad pública ha sido un retroceso importantísimo. Son 12 mil ejecuciones en 2011. Y hay que reconocer la vinculación estrecha entre autoridades y bandas del crimen organizado”, responde Herrera.

No es gratuito que el Instituto Nacional de Migración el año pasado haya removido a más de la mitad de sus delegados en todo el país “porque estaban involucrados en actos de corrupción”.

–¿Cuántas desapariciones forzadas tienes registradas por parte del Ejército en este sexenio?

“No existe el dato. Es preocupante. Sabemos que la CNDH, en 2011, registró más de  2 mil quejas contra de las Fuerzas Armadas, que incluyen al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina. 

“La Marina no tenía muchas quejas en años anteriores. Fue el ‘último reducto incorruptible del Estado’. Al final tiene más de 500 quejas en 2011 ante la CNDH”, puntualiza.

Por lo menos “seis hombres fueron desaparecidos por integrantes de la Marina” en 2011, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. No hay un solo integrante de la Marina detenido por este caso.

–Hablemos del fuero militar.

¿Por qué la Procuraduría de Justicia Militar insiste en sostener la competencia para conocer de estos casos? Un caso investigado por la institución desde la que el individuo cometió el abuso, muy difícilmente va a terminar haciendo justicia.

A la Corte Interamericana de Derechos humanos han llegado cinco casos de mexicanos en los últimos años, cuatro de ellos son por abusos de las Fuerzas Armadas. 

La Corte le ha ordenado al Estado Mexicano modificar el fuero militar para garantizar que ninguna violación de Derechos Humanos sea investigada y juzgada por tribunales militares, sino civiles.

El Congreso de la Unión se ha negado a hacer la modificación que la Corte le ha ordenado.

Casos emblemáticos

El caso de Jethro Ramsés es uno de los más emblemáticos, dice Herrera Aragón.

Fue detenido el año pasado en Cuernavaca. Entregado al Ejército, torturado y ejecutado. Y no hay una sentencia respecto a este caso.

El caso de Bryan y de Martín Almanza Salazar. Dos hijos asesinados de una familia que iba cerca de Nuevo Laredo. Un retén militar les hace un alto. Nunca se supo cuál fue la razón.

Según la CNDH, las autoridades modificaron la escena del crimen.  Desvirtuaron los elementos probatorios que permitían saber quiénes eran los responsables.

–¿Cuál es tu apreciación sobre el sistema de justicia mexicana?

“Es uno de los grandísimos temas pendientes. Haber iniciado una política en materia de seguridad pública, que no tenía como centro revertir las tasas de impunidad en nuestro país, era ir al fracaso.

“En este país se puede hacer prácticamente lo que sea. La tasa de impunidad es de 98.5 por ciento en el caso de agresiones contra defensores de Derechos Humanos”.

San Salvador Atenco: la impunidad

Al menos tres mujeres fueron violadas por policías del  Estado de México en el año 2006, reconoce Alberto Herrera. 

Bajo estándares internacionales de derechos humanos “son actos de tortura” los cometidos en San Salvador Atenco. Pese a expedientes concluidos por la PGR, no hay un solo detenido. Es un tema de la Procuraduría mexiquense. No ha consignado a los policías. Ya pasaron más de seis años y el caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Defensores y periodistas

De acuerdo con la ONU, México es el país más peligroso  del continente para ejercer el periodismo –describe el director. Y según varias ONG´s, es el más peligroso del mundo.

En 2011 se cometieron nueve homicidios de periodistas. En 2012, en menos de 30 días, seis homicidios. Todos ellos impunes.

“Tenemos una fiscalía para la libertad de expresión de la PGR, con escasísimos resultados”, injustificables por la infraestructura que utiliza y las funciones que tiene.

Según la CNDH, desde el año 2000 hay más de 73 periodistas asesinados.  Y una serie de hostigamientos contra los medios de comunicación.

Además la ONU documenta 128 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos en los últimos dos años.

“De esos 128 casos, el índice de impunidad es de 98.5 por ciento. Es decir, sólo en el 1.5 por ciento de los casos hay una sentencia firme”, dice Herrera.

Esto significa que matar a un periodista en México, o a un defensor de derechos humanos, “sale baratísimo”, en términos de acceso a la justicia.

–Hay graves violaciones a los derechos de los migrantes. ¿Qué tiene Amnistía documentado al respecto?

“El caso de los migrantes salta a la vista en términos de vulnerabilidad”.

Según la CNDH, en seis meses fueron secuestrados 11 mil 333 migrantes en nuestro país. Es decir, más de 22 mil migrantes son secuestrados al año.

Secuestros masivos, homicidios, extorsiones, han sido la constante en contra de migrantes en estos meses y en estos últimos años. 

Las autoridades mexicanas no han desplegado acciones elementales para poder resolver este tema.

Alrededor de seis de cada 10 mujeres migrantes han sido violadas. Llegan a los albergues pidiendo inyecciones anticonceptivas, dice Herrera.

Además, el Padre Alejandro Solalinde se encuentra fuera de México. “Las autoridades no han podido parar las amenazas en su contra, y no hay una sola persona detenida”.

La justicia, foco rojo

Para Amnistía Internacional, en México hay un foco rojo en el aparato de procuración e impartición de justicia.

Mientras no haya consecuencias por ejecutar, por secuestrar, por amenazar, por agredir, México es un país donde la impunidad  es la regla.

El saldo global es que el país se disputa entre la desprotección y la falta de rendición de cuentas –reconoce Herrera.

El caso de Maricela Escobedo es lamentable. Años exigiendo justicia por el asesinato de su hija y el Estado no sólo no le garantiza justicia, tampoco protección a ella misma. Es asesinada…

“Es la historia redonda de la impunidad, del agravio”.

Datos alarmantes

> 12 mil ejecuciones se registraron en 2011 en México.

> La CNDH reporta al día de hoy, más de 8 mil 800 cadáveres sin reconocer.

> La CNDH, en 2011, registró más de 2 mil  quejas presentadas en contra de las Fuerzas Armadas. 

> No existen bases de datos homologadas para identificar a miles de cadáveres.

> Hay un incremento de entre mil y mil 200 por ciento de quejas presentadas ante la CNDH en el periodo 2006-2012.

> México es el país más riesgoso del continente para ejercer el periodismo, según la ONU.

> Según ONG’s, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

> Se registraron 15 homicidios de periodistas entre 2011-2012, impunes todos.

> Según la CNDH: desde el año 2000 hay más de 73 periodistas que han sido asesinados.

> En un periodo de 6 meses fueron secuestrados 11 mil 333 migrantes en nuestro país, según la CNDH.

> El Instituto Nacional de Migración en 2011 removió a más del 50 por ciento de sus delegados en todo el país. Estaban involucrados en actos de corrupción con migrantes.

> 6 de cada 10 mujeres que llegan a albergues de migrantes en el sur, han sido violadas.

> Hubo 500 quejas en 2011 contra la Marina, por violaciones a los derechos humanos.

> A la Corte Interamericana de Derechos humanos han llegado 5 casos mexicanos en los últimos años, de los cuales cuatro de ellos se deben a abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.