"Resulta ineficaz el dicho de los quejosos, respecto que no es cierto que fueron dotados de armas, tan es así que no se localizó ninguna arma de fuego"
Entre el 8 y el 19 de junio del 2013, la vida de 31 trabajadores de Jalisco cambió de forma súbita: de ser contratados para ganar 6 mil pesos en un mes por cuidar un predio en Querétaro, terminaron en la cárcel, acusados de homicidio calificado, del que no existe como prueba el arma con el que se cometió.
El Gobierno de Querétaro inculpó a los 31 jaliscienses del homicidio calificado de Heriberto Salinas Galván y de homicidio calificado en grado de tentativa contra Eduardo Salinas Galván y Ubaldo Machado Montes.
Las autoridades locales dijeron que en los exámenes de radiosonato de sodio (para determinar si habían disparado un arma), todos salieron positivo.
“Los peritajes acreditan que alguno o algunos de los imputados tenía consigo armas de fuego, aunque no se les haya encontrado portándola, sin que el resultado de los mismos se haya tomado en consideración para determinar quién o quiénes de los encausados realizó los disparos que causaron la muerte de Heriberto Salinas Galván y las lesiones a Eduardo Salinas Galván”, así lo determinó el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, dentro del juicio de amparo 1374/2013-II.
El 7 de noviembre del 2013, cuando los 31 jaliscienses tenían casi cinco meses en el penal de San José El Alto, en Querétaro, el juez federal les negó el amparo argumentando que habían actuado con “dolo” y que sabían que iban a cometer un delito.
“Resulta ineficaz el dicho de los quejosos, respecto que no es cierto que fueron dotados de armas, tan es así que no se localizó en el lugar de los hechos ni en sus personas, ninguna arma de fuego”, según el juzgador.
Pero el juez primero de Primera Instancia Penal del primer partido judicial de Querétaro, Baltazar García Martínez, quien abrió de nuevo el expediente, ordenó el 10 de febrero pasado la liberación de Adrián Isaac Sánchez González, uno de los detenidos.
“Después de realizar un análisis acucioso de los medios de prueba que arrojan la presente causa penal (164/2013) que nos ocupa, se puede advertir que los elementos del delito, previstos en el ordinal 9 del Código Penal en el Estado no se encuentran demostrados.
“Él no sabía que vendría a realizar un hecho delictuoso, puesto que él fue contratado por una empresa de seguridad privada, sin que se advirtiera que le hayan informado de la situación que acontecería (…) Se absuelve a Adrián Isaac Sánchez González”, plasmó el juez en la sentencia.
El dictamen pericial Q-2747/2013 detalla que en el muchacho de 33 años, residente del municipio de Zapopan, no se hallaron rastros ni de plomo ni de bario. Nunca disparó.
Capacitación exprés
En junio del 2013, los hermanos José de Jesús, de 24 años; Alan Moisés, de 22; y Cristóbal Modesto, entonces de 17 años, se enteraron que la empresa Primero Protección, de Sergio González Guerra-Gómez contrataba personal para cuidar un terreno en Querétaro.
Los hermanos llevaron sus documentos el 8 de junio del año pasado. El 9 recibieron una capacitación para aprender a usar tolete, gas y esposas. El 10 estaban arriba de un camión rumbo a Querétaro, junto con decenas de hombres pobres.
El 11 de junio de 2013, el grupo fue trasladado a un terreno a un costado del fraccionamiento El Campanario, en la localidad de La Laborcilla, en el municipio de El Marqués. Por cuidar ese lugar durante 30 días, los trabajadores recibirían unos 6 mil pesos aproximadamente.
En la declaración de Trinidad Salinas Muñoz, líder ejidal en La Laborcilla, dentro de la causa penal 164/2013, destaca que la Asociación Rancho Servín, representante del fraccionamiento El Campanario, compró ilegamente tierras pertenecientes al ejido.
Salinas Muñoz describió que en septiembre del 2012 revivió el conflicto con el fraccionamiento por la disputa de 222.6 hectáreas de La Laborcilla.
Según los detenidos, llegaron al predio cerca de las 9:30 horas del 11 de junio del año pasado y fueron agredidos por unos 100 ejidatarios armados con piedras, palos y machetes. Los ejidatarios dicen que decenas de hombres armados bajaron de una grúa.
En la trifulca murió a balazos Heriberto Salinas Galván, hijo de Trinidad Salinas. Las autoridades encontraron en el sitio solo cinco casquillos de bala.Los guardias fueron detenidos por policías municipales y estatales. El 13 de junio pisaron el penal queretano. El 19 recibieron el auto de formal prisión.
Por ser menor de edad, Cristóbal Modesto fue liberado. “Me sentí, con una impotencia de saber que mis hijos estaban en la penal”, expresó la madre Roxana Manso.
Indefensos
Las familias de los detenidos han pedido ayuda a los gobiernos federal y de Jalisco. El 5 de agosto del 2014, el director general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Carlos Eduardo Romero Castro, les dijo por escrito que el “asunto escapa del ámbito de la injerencia del Gobierno de la República, al ser competencia del Gobierno de Querétaro”.
Primero Protección se condujo con hermetismo en torno a la defensa de los trabajadores. “Sergio Guerra se comprometió a que mientras los muchachos estuvieran detenidos, iba a pagar los sueldos. Luego nos dio a escoger: ¿el abogado o los sueldos? Optamos por el abogado”, señaló Roxana Manso.
Carlos Ávila Toscano, abogado de Primero Protección, aseguró a las familias que las autoridades queretanas no presentaron ningún arma como prueba del delito. El 12 noviembre, el Gobierno de Jalisco tomó las riendas del caso y nombró a Eduardo Casillas, funcionario de la Procuraduría Social, para que encabece la nueva etapa de defensa de los detenidos.
Los implicados
Ellos son los protagonistas de este caso:
> 31 hombres jaliscienses provenientes de clase baja.
> Primero Protección, empresa de seguridad de Zapopan que en este 2014 ganó un contrato de 4.1 millones de pesos con el Gobierno de Jalisco para blindar cinco vehículos.
> El gobierno de Querétaro, del priista José Eduardo Calzada Rovirosa, que acusó a los jaliscienses de pertenecer al crimen organizado.
> Los ejidatarios de La Laborcilla, en el municipio de El Marqués, que sostienen un conflicto de tierras con el fraccionamiento El Campanario.
> El Gobierno de Jalisco del priista Aristóteles Sandoval Díaz, que ha tomado la defensa de los acusados.
Exmilitares y blindaje
Cuatro de los detenidos son exmilitares, según declaraciones de algunos inculpados. Ese cuarteto, otro hombre al que nombran sólo como Agapito y otro más, Édgar V., eran los únicos que portaban armas el día del homicidio de Heriberto Salinas, de acuerdo con los testimonios.
Édgar V. (también identificado como exmilitar) fue quien juntó el grupo de guardias improvisados para la empresa. Pero en todo el expediente, la declaración de este hombre brilla por su ausencia.
Primero Protección, ubicada en la colonia Parque Industrial Belenes, en el municipio de Zapopan, tiene el número de autorización DGSP/12/2079, el cual venció el 17 de octubre pasado.
La empresa ofrece servicios de seguridad privada a personas, en bienes y de blindaje de vehículos.
En julio de este año, la compañía adquirió un contrato con el Gobierno de Jalisco de 4.1 millones de pesos, para blindar cinco vehículos.
