El nuevo cuarto poder

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Al interior de la Cámara de Diputados se gesta una transformación que, de lograrse, se podría convertir en una victoria para la libertad de expresión en el país.

La situación por la que atraviesan los medios de comunicación en México y las personas que laboran en ellos es todo menos favorable. Y a pesar de que la nación del águila y la serpiente se jacta de ser una democracia, rara vez cuida que las características más importantes de este sistema político: el derecho a hablar, opinar, informarse, cuestionar y criticar, que todo ciudadano tiene, se respete.

En gran medida este fenómeno se debe a un tema que se encuentra pendiente en el Congreso de la Unión desde hace más de diez años y que tiene que ver con la falta de regulación que existe en la manera como el Gobierno federal asigna la publicidad oficial.

Ya que ante la falta de reglas claras y de herramientas que transparenten el gasto y la manera en la que se distribuyen los anuncios pagados por el Estado en los diversos canales y plataformas de comunicación, se ha creado una relación en donde a cambio de beneficios, los medios se vuelven tendenciosos afectando principalmente a los consumidores de información, es decir, a la ciudadanía.

En un intento por modificar esta relación entre el Estado y los medios, la organización Artículo 19 presentó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado el cual derivó en una sentencia que obligó a los diputados y senadores de la LXIII Legislatura a pasar una ley que regulara la publicidad oficial antes del 30 de abril de este año.

Sin embargo, la manera en la que se discutió y aprobó la llamada Ley General de Comunicación Social desató aún más problemas de los que ya existían, pues lo único que se hizo en el Congreso fue tomar la iniciativa propuesta por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, la cual sólo contemplaba los lineamientos establecidos por la Secretaría de Gobernación para el reparto de publicidad, los juntaron y la pasaron como ley sin una discusión adecuada gracias a que el tricolor y sus aliados contaban con la mayoría.

“Se le apodó ‘Ley Chayote’ por institucionalizar las malas prácticas y porque no aporta un cambio de fondo, ya que si uno la revisa son los mismos lineamientos que ya existen y que emite la Secretaría de Gobernación y pues son muy deficientes”, comenta Justine Dupuy, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.

Este hecho generó muchas molestias entre los partidos de oposición de la pasada Legislatura y entre la sociedad civil, pues se criticó que en la nueva Ley lo único que se hacía era fomentar el uso indebido de la publicidad oficial por parte de las autoridades responsables.

Prueba de ello es que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó esta ley que autoriza al Estado pagar millones de pesos en prensa debido a queno existen las condiciones legales para garantizar que el gasto en este rubro cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, como lo señala el propio organismo.

Ahora, con el cambio de gobierno que se avecina y ante la promesa del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, de reducir el gasto de la publicidad oficial en un 50 por ciento, las organizaciones y quienes se opusieron a la Ley General de Comunicación Social vieron una oportunidad única para finalmente poder abrogar la actual Ley y crear una que verdaderamente controle la manera en la que el Estado hace uso de la publicidad oficial y del dinero que se le asigna para pagarla.

“En julio pasado Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sus 50 puntos para la austeridad y combate a la corrupción, y dentro de éstos está justamente la intención de recortar el gasto de la publicidad oficial en un 50 por ciento.

A partir de esta idea nosotros vimos que había un interés del futuro gobierno por cambiar la relación entre el Estado y los medios de comunicación, sin embargo, las propuestas para llevar esto acabo por parte del nuevo gobierno nos parecieron insuficientes, ya que si se limita el gasto sin que realmente se cambien las reglas de asignación que son el verdadero problema, no se va a poder modificar esta relación viciada entre medios y gobierno”, dice Dupuy.

De acuerdo con Fundar, hasta el 2017 los medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de publicidad oficial durante la actual administración son:Televisa con 6 mil 680 millones de pesos; Estudios Azteca que ha obtenido 3 mil 939 millones; Starcom Worldwide (EU), con mil 298 millones de pesos; Estudios Churubusco Azteca al que le dieron mil 270 millones; Grupo Fórmula que recibió mil 045 millones; El Universal con mil 007 millones; Excélsior al que le dieron 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México), que obtuvo 815 millones 811 mil pesos; OEM a la que le otorgaron 802 millones y SPR del Estado Mexicano con 693 millones 344 mil pesos.

Frente a esta situación, el colectivo Medios Libres, en el cual también se encuentran las organizaciones Fundar y Artículo 19, insisten en que la ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial la transforma en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre los medios y las autoridades y socava la libertad de expresión.

Además advirtieron que a nivel federal, de enero de 2013 a noviembre de 2017, se han gastado más de 41 mil millones de pesos, una cifra que al finalizar el sexenio podría llegar a los 60 mil millones de pesos y qué difícilmente se sabrá con claridad en qué y cómo se gastó.

La lucha de la ciudadanía

En México los principales opositores a la opacidad que fomenta el Estado son sus habitantes.

La prueba más clara es la lucha que actualmente se está librando por abrogar la Ley General de Comunicación Social para después sustituirla por una nueva que realmente regule, con los más altos estándares internacionales en la materia y con un proceso abierto, transparente y que incluya la participación efectiva de la sociedad civil, la forma en la que se utilizan los recursos que se asignan al Gobierno federal para anunciarse.

Para librar esta batalla se conformó un colectivo bautizado como Medios Libres, el cual está integrado por 85 organizaciones de la sociedad civil tanto académicas como empresariales.

La lucha de este colectivo está justificada sobre la base de que sin la existencia de medios libres de la injerencia del gobierno no hay combate a la corrupción, se debilita la rendición de cuentas, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, se vulneran los derechos humanos y no se escuchan las voces de todas y todos.

“Desde agosto hemos construido en conjunto con organizaciones, académicos, periodistas y medios de comunicación una iniciativa de ley que retoma los principios de la relatoría por la libertad de expresión, algunas de las iniciativas que ya se habían presentado en el pasado y las buenas prácticas y altos estándares descritos en los tratados internacionales que México ha suscrito”, comenta la coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.

 Para el colectivo son 10 las características principales con las que la nueva Ley General de Comunicación Social debe contar.

El primero de ellos explica que ésta debe entenderse como un mecanismo de comunicación sustentada en el derecho a la información el cual debe transparentarse, limitarse y controlarse; ya que su adecuada regulación fomenta el pluralismo mediático y el mantenimiento de muchos medios.

El segundo punto señala que la ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial la transforma en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre los medios y autoridades federales, estatales y municipales.

Por lo tanto se pide que la nueva Ley impida abusos como: el contenido propagandístico de la publicidad, la discrecionalidad y discriminación en su asignación, la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, las deficiencias en la planificación, la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones, la inequidad de la contienda y la poca utilidad pública de las campañas, entre otros.

En tercer lugar el colectivo pide definir criterios de asignación basados en la idoneidad, es decir, la publicidad oficial no debe ser asignada por el Estado para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.

En quinto lugar se pide transparentar y regular la medición de audiencia, circulación, visitas y rating. Pues actualmente no existen indicadores confiables.

El sexto punto establece que la nueva Ley debe garantizar que se generen contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada. Mientras que los últimos tres puntos refieren que la publicidad oficial debe ser siempre identificable, tiene que fomentar la pluralidad y la diversidad; contar con mecanismos de control y por último hacer uso racional de los recursos públicos.

El siguiente paso para el colectivo después de haber establecido todo lo que la nueva Ley debe contener de manera fundamental, es buscar el apoyo de los diputados federales para que la presenten en la Cámara de Diputados.

“Estamos buscando a todos los partidos, no uno en específico. Lo ideal es que se sumen todos para discutirla en mesas abiertas y posteriormente se pase al Senado”, señala Ricardo Reyes, integrante del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19.

Por su parte, la diputada del PAN Laura Rojas, en entrevista con Reporte Indigo, aseguró estar dispuesta a trabajar en una nueva ley en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.

En la misma disposición dijo encontrarse Ricardo Castillo, diputado del PRI e integrante de la Comisión de Gobernación, pues asegura que él apoyará cualquier iniciativa que sea buena para el país.

Por último, Pablo Gómez, diputado de Morena y quien ya presentó una iniciativa similar a la cual llamó ‘Ley de propaganda oficial’, dijo que a pesar de que el colectivo se tardó en buscar la abrogación de la ley actual, él está dispuesto a integrarlos a la propuesta y a complementarla siempre y cuando se traten de buenas ideas.

Mucha publicidad, poca protección

El multimillonario gasto que se ha destinado a publicidad oficial a lo largo de estos seis años de gobierno podría terminar en un acumulado de aproximadamente 60 mil millones de pesos.

Este hecho se contrapone a la dura realidad que viven los periodistas y defensores de derechos humanos en el país, pues el dinero del Fondo para la protección de estas personas ya se agotó.

Tras una reunión el pasado 19 de septiembre, funcionarios federales informaron al Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que de los 126 millones de pesos solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente se les otorgarían 75 millones de pesos.

Sin embargo, hace 10 días el dinero todavía no se les había dado de acuerdo con un comunicado publicado por Consejo Consultivo del Mecanismo de protección en su cuenta de Twitter.

“El gobierno de Enrique Peña Nieto cierra su sexenio incrementando el nivel de riesgo de personas defensoras y periodistas que se encuentran bajo el resguardo del mecanismo y ha dejado con una mínima capacidad de operación a todo el equipo de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo”.

A lo largo de esta administración, más de 150 defensores de derechos humanos y 46 periodistas han sido asesinados, lo que coloca al país como el lugar más peligroso de América Latina para ejercer esta profesión

En un intento por revertir esta situación, el día de ayer en la Cámara de Diputados durante el conversatorio ‘Sobre la necesidad de una ley general de defensores de derechos humanos y periodistas’, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo de la bancada de Morena, pidió crear una Ley que garantice la seguridad de estos profesionistas a través del rediseño de políticas y procedimientos para dar lugar a instancias y mecanismos efectivos de denuncia, investigación, protección y sanción del trasgresor adecuados a los estándares internacionales y homologados a nivel nacional, así como definir la naturaleza jurídica de tal instrumento.