De acuerdo con la ley, el tráfico de influencias ocurre cuando un funcionario beneficia a un tercero con relación familiar. Foto: Especial

El nepotismo de Navarro en la Secretaría de Educación de NL

A pesar de que la ley establece que los funcionarios no pueden colocar a sus familiares para ejercer cargos públicos, el secretario de Gobierno, con el amparo de la secretaria de Educación, nombró a sus sobrino como director jurídico de la dependencia

Javier Navarro Velasco, bajo el cobijo de su cargo como secretario de Gobierno, aprovechó para colocar a su sobrino en la Secretaría de Educación, a cargo de Sofialeticia Morales.

Se trata de José Adrián González Navarro, quien se desempeña como director jurídico de esta dependencia, con una remuneración neta de 68 mil 8 pesos mensuales.

El oficio BSG/800/2022, en poder de Reporte Índigo, revela que Navarro Velasco nombró a su sobrino en este cargo con la complacencia de Morales, pues el documento está firmado por los dos funcionarios.

“He tenido a bien otorgar a usted el nombramiento de director jurídico de la Secretaría de Educación en el desempeño del cargo ejercerá funciones y tendrá la facultades y atribuciones inherentes al mismo, establecidas en la correspondiente a leyes

“Reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas vigentes en el estado, percibiendo los emolumentos y remuneraciones que conformen a la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León”, dice el documento de la Secretaría de Gobierno.

Según el portal del Gobierno estatal, el tráfico de influencias ocurre cuando un funcionario beneficia a un tercero con relación familiar.

“Utilizar su posición jerárquica, su influencia o poder sobre un servidor público, para recibir u otorgar beneficios a un tercero con relación familiar o de negocios”, dice el apartado de la Contraloría y la Unidad Anticorrupción de este sitio web.

Navarro Velasco utilizó su jerarquía, al ejercer el segundo cargo de mayor rango después del gobernador Samuel García, para que la secretaria de Educación le otorgara un cargo y pusiera en la nómina a su sobrino, una acción que se considera tráfico de influencias de acuerdo con la ley.

El artículo 61 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, establece que cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe.

“Retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley”, menciona.

Las personas a las que se refiere el artículo 52 son: cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros que reciban un beneficio.

Esto considera una falta administrativa grave, según esta Ley, castigada con inhabilitación del cargo y que la persona beneficiada regrese todos los recursos obtenidos tras el acto de tráfico de influencias.

Un acto de nepotismo

El artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente “designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.

El oficio número BSG/800/2022 revela que Navarro Velasco fue quien nombró a su sobrino como director jurídico en la Secretaría de Educación, por lo que el funcionario estatal podría ser señalado por nepotismo.

El artículo 61 de esta ley general señala que cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público incurra en estos actos.

Con la mira en la SCJN

La controversia constitucional promovida por el Gobierno estatal por el nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino para que Javier Navarro Velasco se quede como encargado de despacho, coloca los reflectores sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El secretario de Gobierno y la ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat, fueron integrantes de la Coalición Anticorrupción, un organismo del Consejo Cívico,  en que el secretario de Gobierno Navarro Velasco se desempeñó como presidente.

Además, Ríos-Farjat, junto con el funcionario estatal, escribieron el capítulo 20 del Libro Doing Business in México, de Baker & McKenzie, firma de abogados donde Navarro Velasco fue socio.

La relación entre Ríos-Farjat y Navarro ya se ha visto envuelta en polémica después de que la ministra otorgara un amparo para detener el juicio político por abuso de autoridad en contra del secretario de Gobierno.

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