A pesar de los nexos de SGS con los hermanos Bribiesca, con Zhenli Ye Gon y con Dragon Mart, su avance en México parece imparable y su relación con el gobierno, cada vez más estrecha
Al tiempo que la Société Générale de Surveillance (SGS) ganaba en México la concesión para ser el perito independiente que validaría las obras en la refinería de Cadereyta a finales de los 90, se enfrentaba a un juicio por sobornos en Pakistán.
La compañía fue sentenciada por haber pagado a la exprimera ministra de ese país, Benazir Bhutto, asesinada en diciembre de 2007, para conseguir contratos.
El caso llevó a su esposo, Alí Assif Zardari, a la cárcel y desempolvó una trama de corrupción con bancos y abogados suizos.
SGS ha sido acusada de efectuar controles laxos para mercancía de varias aduanas en África y de haber validado erróneamente la operación de una fábrica en Bangladesh que luego colapsó, dejando 64 trabajadores fallecidos.
Al mismo tiempo, la empresa, que comenzó como una pequeña auditora suiza, ha comprado compañías locales en todo el mundo y ha diversificado sus servicios hacia la minería, el petróleo, el carbón o las aduanas, hasta contar con 50 mil trabajadores y más de mil oficinas.
Lo que nunca había hecho es revisar causas de siniestros ni determinar si una explosión fue causada por un accidente o un atentado.
El gobierno de Enrique Peña Nieto le permitió estrenarse en este empeño, justamente en los días en que el director de SGS Internacional, Chris Kirk, venía de viaje en México.
La visita era para establecer una estrategia de crecimiento con la que SGS busca duplicar su valor de mercado para 2015.
A pesar de los nexos de la empresa con los hermanos Bribiesca, con el caso Zhenli Ye Gon, con el proyecto Dragon Mart y con casos de sobornos, su avance en México parece imparable y su relación con el gobierno resulta cada vez más estrecha.
Inspecciones en aduana
Las empresas privadas comenzaron a verificar mercancías en México, a raíz de una concesión otorgada en 2005 para SGS y la empresa mexicana Logistik.
El sistema, que se conoce mundialmente como inspección pre-embarque (PSI, por sus siglas en inglés) se presentó al gobierno mexicano en mayo de 2002, de acuerdo con un documento de SGS del que Reporte Indigo obtuvo una copia.
Se trata de una presentación realizada en el Comité de Comercio Exterior y Aduanas para ofrecer los servicios de validación internacional de mercancías e inspección.
De acuerdo con el ensayo “Criminales Transnacionales” publicado en 2003 por el periodista estadounidense James S. Henry, este tipo de servicios permitió a SGS crecer como una empresa global.
Henry es abogado, economista y como periodista de investigación ha colaborado con medios como Forbes, The Washington Post y The New York Times.
En el documento afirmó que este tipo de inspecciones tienen su mayor mercado en países con altos niveles de corrupción, como Bangladesh, Bolivia, Congo, Haití, Kenia, Nigeria, Pakistán, Togo y Zimbabue.
La compañía suiza SGS se inició con estas inspecciones durante la dictadura de Joseph Desire Mobutu en el Congo durante la década de los 60.
El concepto original de inspección pre-embarque que contrataron a SGS era para que revisaran las importaciones al Congo, verificaran el contenido, clasificaran los aranceles y los niveles de precios para asegurarse de que no existía sobrefacturación.
Estos datos debían entregarse a las autoridades hacendarias, de la misma forma que estipulan las concesiones actuales que SGS tiene en México.
Durante los 80, de acuerdo con esta investigación de Henry, SGS amplió sus servicios de inspección aduanera con apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Los servicios de PSI se convirtieron en su actividad más rentable y sus contratos estaban ubicados, sobre todo, en Congo, Filipinas, Kenia e Indonesia, gobernados por dictaduras.
Ya en los 90, el consorcio suizo tenía más de 39 mil trabajadores y oficinas en 140 países.
Sus influencias llegaban a la política, ya que el exdirector de la CIA, R. James Woolsey, fue abogado de SGS a principios de los 90, antes de ocupar el cargo en inteligencia y luego a partir de 1995, cuando dejó la administración pública.
Sobornos en Pakistán
En 1996 la compañía fue nombrada por el Banco Mundial como una empresa líder en prácticas de certificación y anticorrupción.
Al año siguiente, en septiembre de 1997, dos meses antes de que se firmara en México la remodelación de la refinería de Cadereyta, SGS aceptó haber estado “profundamente implicada” en sobornos en Pakistán.
Los pagos irregulares, que luego fueron corroborados por un juez suizo en 2003, alcanzaron los 15 millones dólares abonados a la exministra paquistaní Benazir Bhutto, a su esposo Asif Ali Zardari y a su cuñado Nasir Hussain.
La sentencia determinó que habían sido pagados a través de empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, mediante abogados suizos y cuentas en las oficinas en Ginebra de los bancos UBS, Barclays Bank y Banque Pasche.
Estos sobornos habrían garantizado a SGS y su filial Cotecna la obtención de contratos para servicios de inspección pre-embarque entre 1991 y 1994.
Bhutto fue destituida y luego absuelta, por lo que volvió al cargo en 1993.
De acuerdo con el informe final de la investigación presentado por un magistrado suizo en julio de 2003, justo cuando Pemex comenzaba a dar más contratos a SGS en México, en el segundo mandato de Bhutto también recibió sobornos de SGS.
Estos pagos se habrían realizado entre marzo y junio de 1994 a la compañía fantasma Bomer Finance Inc., cuyos verdaderos dueños eran la ministra paquistaní y su esposo, actual presidente del país.
El 29 de septiembre de ese año, según este informe judicial suizo, la filial de SGS, de nombre Cotecna, obtuvo en Pakistán otro contrato por adjudicación directa de 137 millones de dólares para revisión de mercancías en aduana.
Los sobornos se habrían realizado a través de una cuenta en Ginebra, Suiza, sobre la que tenían derechos de propiedad tanto la política como su esposo.
Nuevamente, Bhutto fue sacada de su cargo y su marido fue a la cárcel. SGS despidió a dos de sus altos ejecutivos y los acusó de lavado de dinero.
En 2003 el abogado suizo que intervino en los sobornos fue condenado a devolver dos millones de dólares a Pakistán y fue condenado a tres años de libertad condicional.
Las consecuencias para la SGS fueron solo la cancelación de sus contratos, pero no se les inhabilitó para operar en ese país ni recibieron ninguna sanción.
Lo solucionaron vendiendo la filial de Cotecna y haciendo renunciar al consejo directivo del consorcio.
Luego escribieron un catálogo de buenas prácticas, nombraron un Comité de Ética y escribieron un código y obligaron a los directivos a tomar cursos sobre esta materia.
En años recientes, estos cursos han sido contratados por Fonatur y el Instituto Mexicano del Petróleo.
De acuerdo con el texto de Henry, SGS perdió contratos en Filipinas, Angola, Costa de Marfil, Etiopía, Indonesia y Paraguay a raíz del escándalo de Pakistán, pero en México no sucedió.
Al contrario, en la primera parte del escándalo de Bhutto, en 1999, fue nombrada como perito independiente en la remodelación en Cadereyta.
Tras haber sido condenada en Suiza por los pagos irregulares en Pakistán, las autoridades del gobierno de Vicente Fox le dieron la concesión para operar el recinto fiscalizado en San Luis Potosí, que ahora se relaciona con la empresa Logistik y los empresarios detrás del Dragon Mart.
Entre julio y diciembre de 1995, SGS fue también demandada en Uganda por mala calidad en los servicios de inspección pre-embarque.
La demanda por 387 millones de dólares fue por negligencia en el manejo de un contrato con una empresa de fabricación de ropa.
Malas prácticas ecológicas
De acuerdo con un informe de 2008 de la organización no gubernamental británica Ethical Consumer, la filial en Birmania de SGS estaría incluida en una lista de “empresas sucias” que facilitan el comercio internacional de productos de procedencia dudosa.
El sistema de verificación de bosques (FSC, por sus siglas en inglés), que certifica productos de madera y papel producidos de forma sostenible, tuvo también quejas contra la multinacional suiza.
En 2007 la filial Qualifor de SGS obtuvo un contrato con FSC para certificar las prácticas de tala en el parque nacional Monte Elgon en Uganda.
“Un equipo de cuatro personas evaluó 112 mil 100 hectáreas en solo cuatro días y declararon que estaba bien gestionado”, reclamó después FSC.
Descubrieron que la validación de SGS se había basado en “mejoras futuras” que debían suceder en el parque, no en prácticas actuales.
En 2006, otro informe de esta organización ambiental consignó que SGS había certificado un bosque en Polonia descalificando los incumplimientos y con un personal no especializado.
También Greenpeace en un informe de 2008 reprobó las verificaciones de SGS para varios bosques en Rusia.
Confianza absoluta
Lejos de estos antecedentes negativos, los gobiernos mexicanos, tanto del PRI como del PAN, ha depositado en SGS toda su confianza. Incluso le han encomendado el peritaje del edificio B2 de Pemex.
Los responsables del mismo, que aparecieron explicando el asunto en una conferencia de prensa organizada por Pemex, fueron Brian Dunagan y Mauricio Chequer.
Dunagan es maestro en administración de empresas, tiene experiencia en petróleo, salud y seguridad industrial y fue empleado de dos contratistas de Pemex, las petroleras texanas Shell y Halliburton.
Tampoco Mauricio Chequer parece el hombre ideal para el trabajo. Se trata de un ingeniero civil con una maestría en administración de empresas.
Su experiencia laboral ha sido también en compañías petroleras de Texas, las principales interesadas en lo que suceda con la reforma energética planeada para este año.
Chequer fue gerente de operaciones de la National Oilwell Varco (NOV, por sus siglas en inglés) y de su filial Tuboscope, una transnacional texana con sede en Houston, especializada en la construcción de plataformas petroleras y exploración de ductos.
Su más reciente trabajo antes de SGS fue para la empresa asentada en Puebla, Mexpipe Ingeniería, la cual obtuvo un contrato por adjudicación directa con Pemex Refinación por 10 millones 260 mil pesos en julio del año pasado para hacer “conexiones de tubería”.
