El Narco que devora comunidades indígenas

La ambición de grupos criminales y del narco por el control del territorio y recursos estratégicos siembra el terror en comunidades indígenas que padecen del acoso de los grupos armados como ocurre en la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila en Michoacán, y en las comunidades de tzeltales, choles y lacandones en Chiapas.

Aunque las agresiones de los grupos criminales contra las comunidades indígenas repiten un patrón histórico, las autoridades no intervienen, llegan tarde o solo simulan apoyar.

“Las comunidades indígenas tienen una debilidad en particular. Como la Constitución les permite regirse por usos y costumbres, muchas tienen solo como medida de seguridad a su policía comunitaria o, en todo caso, el permiso que da la Sedena para todos los ejidatarios de poseer armas de fuego, pero no hay más, muchas de estas comunidades no tienen los recursos que tiene una policía estatal”, explicó a Reporte Índigo, Víctor Hernández, especialista y en materia de seguridad de la Universidad Panamericana (UP).

El especialista en seguridad nacional indicó que existe una relación de origen entre el narcotráfico y las zonas rurales con asentamientos indígenas, por la naturaleza agrícola de los estupefacientes como la mariguana y los derivados de la flor de amapola.

“Los grupos del narcotráfico tradicionalmente han operado en zonas rurales por elementos estrictamente geográficos. La amapola, por ejemplo, solamente puede crecer en ámbitos semidesérticos, la mariguana necesita camuflarse entre otros cultivos y en ese sentido, aunque su zona de origen es rural desde el siglo XX, esto ha cambiado un poco con la introducción de los opioides sintéticos a principios de del siglo XXI que ya no siguen este patrón geográfico”, refirió el académico de la UP.

En entidades como Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las comunidades indígenas llevan décadas padeciendo el acoso de los grupos criminales para desplazarlos de su territorio, para el reclutamiento forzado de sus jóvenes, o para establecer redes de trata de personas.

“Hay estudios académicos que sugieren que hoy los cárteles ganan más por trata de personas que propiamente por el narcotráfico, y la trata va desde los servicios de los ‘polleros’ que cruzan gente, hasta el reclutamiento forzado, el tráfico de órganos de migrantes. Ahí hay un incentivo muy fuerte para que especialmente en Chiapas haya una presencia importante de organizaciones que gestionan este servicio”, detalló Hernández.

Asimismo, Hernández abundó en que, al día de hoy, los cárteles diversificaron sus ingresos  entre su modelo clásico agrícola; actividades como la trata y la extorsión, y la producción y trasiego de opioides y drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo.

El caso de Santa María Ostula

El pasado 1 de julio, la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, en la región sierra-costa de Michoacán, reportó ataques contra los puestos de su guardia comunal, perpetrados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes buscaban avanzar en la zona. No obstante, los guardias comunitarios lograron repeler el ataque.

Dos días más tarde y sin que las peticiones de ayuda fueran atendidas por las autoridades locales y federales, la comunidad fue atacada con drones equipados con armas de grueso calibre. Desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a escucharse las detonaciones y explosiones que se reanudaron una y otra vez en lapsos de aproximadamente 40 minutos.

En dicho ataque, también se reportó la presencia de al menos 50 miembros del CJNG, quienes rodearon a los pobladores de Ostula para sembrar el terror e intimidarlos, en su mayoría mujeres, niños y personas de la tercera edad. El llamado de auxilio de la comunidad nahua fue dado a conocer por la prensa, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades se limitó a que efectivos de la Secretaría de Marina sobrevolaron la región en helicóptero sin acercarse a la zona de la que provino el ataque.

Los comuneros de Aquila llevan más de una década enfrentando conflictos con la minera Ternium y con el crimen organizado. Por una parte exigen pagos justos de regalías  por la extracción de hierro de la mina Las Encinas, por los que, acusan, pobladores, activistas y defensores del territorio al interior de la comunidad han sido acosados, desaparecidos y asesinados.

Mientras que por otra están las incursiones de los grupos criminales como el CJNG, cuyos ataques y amenazas provocan la incertidumbre y el miedo en los habitantes de las 24 comunidades que conforman la población de Santa María Ostula. Solo en las últimas dos décadas se contabilizan 42 asesinatos de activistas y cinco desapariciones en la comunidad autónoma.

Actualmente, por razones de seguridad, la comunidad de Ostula no se está pronunciando de forma pública, pues sus habitantes aún resienten el acoso de los grupos armados.

Reacción lenta o nula del Estado

En casos como el de Ostula, la reacción del Estado es lenta y está llena de omisiones, para Hernández, esto responde a que el modelo de la Guardia Nacional no se ha podido consolidar en zonas de difícil acceso, ni reemplazar a las policías municipales.  Aunado a esto, sostiene que también existe desinterés político en solucionar esta problemática, pues las zonas rurales no constituyen un capital político que los funcionarios puedan capitalizar en tiempo de elecciones.

“La realidad es que para los grupos criminales es muy fácil hacer una incursión en este tipo de comunidades normalmente dispersas, electoralmente no reditúan mucho, entonces pues ningún candidato tiene un incentivo fuerte de entrada, porque al final demográficamente quien vota más son las ciudades no es el campo, por tanto, hay más presión del electorado urbano que el del campo”,  subrayó.

Chiapas condenado al olvido

Hace un mes la noticia de más de 4 mil personas que abandonaron su hogares en el municipio de Tila puso a Chiapas nuevamente como el foco de una violenta confrontación entre grupos criminales; sin embargo, fue la confirmación del hallazgo de 19 cuerpos en el municipio de La Concordia lo que ha mostró el lado más cruento de la incursión de los cárteles de la droga en esta entidad.

Chiapas pasó de ser la cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a convertirse en un botín en disputa por el Cártel de Sinaloa y el CJNG. En la última década, el EZLN sufrió la pérdida de al menos 59 centros zapatistas autónomos por la violencia de los grupos criminales.

De acuerdo con Víctor Hernández, la violencia que se vive en las comunidades de tzeltales, choles y lacandones en Chiapas en el marco del 30 aniversario del levantamiento zapatista también puede ser interpretado una suerte de castigo del Estado hacia su rebeldía, pero también muestra la poca capacidad de despliegue que tienen las fuerzas armadas para combatir la violencia que generan los grupos del narcotráfico.

“En la zona problemática de ahorita, que es Chiapas,Tabasco, Campeche, la realidad es que incluso al gobierno federal le conviene, sobre todo en las zonas que están bajo el control zapatista.  Al gobierno federal le conviene que se incendien, pues porque al final lo que puede hacer es desmarcarse y decir ‘vean como su autogobierno y sus estructuras comunitarias, no les funciona y si me necesitan a mí, señor Gobierno federal’”, argumentó el especialista en seguridad.

Para Hernández, la respuesta del Gobierno federal al anunciar despliegues de elementos castrenses en zonas de conflicto, responde a “pretextos” para no reconocer la incapacidad de atender la problemática con el despliegue del Ejército o la Guardia Nacional en zonas de difícil acceso en entidades como Chiapas.

“No hay capacidad de despliegue, eso se podría resolver con helicópteros pero la realidad es que los helicópteros del Ejército siempre se caen. Entonces eso tampoco es una solución viable, ¿qué les espera a las comunidades indígenas? La realidad es que el mismo abandono que llevan teniendo los últimos tres siglos”, concluyó.

La irrupción de los cárteles

De acuerdo con el especialista en seguridad y actual investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), Juan Manuel Aguilar Antonio, las dinámicas de los grupos del crimen organizado que controlan, principalmente la frontera sur de México, cambiaron, siendo el punto más destacable la llegada del Cártel de Sinaloa a Chiapas a finales del 2022.

“Ahorita está destacando, sobre todo en Chiapas, la llegada del Cártel de Sinaloa, llegó más o menos a finales de 2022 y se relaciona con fenómenos que históricamente no eran tradicionales en la zona. No se involucraban las grandes corporaciones de los grupos del narcotráfico nacional.

“Ahora, tenemos la participación tangible y verificable de grandes corporaciones en el control de los cruces fronterizos, sobre todo en la frontera de Tapachula con Guatemala. Es un punto, una zona de influencia que antes estaba más relacionada con las pandillas centroamericanas como la Mara Salvatrucha, pero ahora se está relacionando con la operación directa de grupos nacionales, como lo es el Cártel de Sinaloa”, señala el investigador.

El especialista además destaca, otro factor derivado de la violencia de la zona, el surgimiento de grupos de autodefensa, algo que no se había visto en Chiapas, solamente con el levantamiento del EZLN.

“El surgimiento de los grupos de autodefensa también cobró mucha relevancia dentro de 2022 y 2023. Hay estados muy proclives y con una tradición histórica grandísima con las autodefensas como Guerrero y Michoacán, pero en el caso de Chiapas, más allá del levantamiento del EZLN, que fue no movimiento independentista, esto no existía en la entidad. Ahora es algo que ya estamos viendo, como cuando estos grupos asaltaron el cuartel de la Guardia Nacional para conseguir armamento”, recuerda.

La penetración de los grandes grupos criminales y el surgimiento de estos grupos de autodefensa, podrían complicar el trabajo y coordinación entre las autoridades y los gobiernos por usos y costumbres de estas comunidades indígenas.

“Estos dos factores ocasionan que haya una complejidad muy fuerte en el acuerdo que se ha dado históricamente por parte del Gobierno estatal y las comunidades indígenas, que usualmente están vinculadas a los usos y costumbres, los cuales hacen que funcionen de manera efectiva en múltiples estados.

“En ese sentido, el desarrollo institucional administrativo del municipio en estas entidades es muy diferente al resto del territorio nacional y ocasiona ciertos desequilibrios la presencia de estos grupos del crimen organizado, los cuales perturban a la población. El reto es generar consensos y medidas de contención y prevención contra la penetración de los grupos de la delincuencia organizada, esto va a ser un desafío muy fuerte para estas comunidades”, concluye el especialista.