El monstruo que dejaron crecer
El robo de gasolinas en el país no es un fenómeno nuevo, de acuerdo con el Ejecutivo federal tiene al menos tres sexenios, sin embargo, nunca antes se diseñó una estrategia para combatir de manera efectiva este ilícito, lo que provocó un aumento en la cantidad de tomas clandestinas y una disminución en los detenidos
Eduardo Buendia[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_7uqltkr0″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
El combate al robo de combustible en el país no fue prioridad hasta que las pérdidas se contaron en miles de millones de pesos.
Administraciones federales y legislaturas pasadas tuvieron conocimiento de este delito al menos desde el sexenio de Vicente Fox, según el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue hasta que se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que este ilícito fue tipificado como tal, pues anteriormente era considerado como un simple hurto
En ese transcurso, esta actividad se la apropiaron organizaciones del crimen organizado que hoy tienen en jaque a diversas zonas del país, principalmente la zona del Bajío, en el Golfo y en el centro de México.
Además de que Petróleos Mexicanos ha registrado pérdidas históricas en los últimos años porque áreas como la de Exploración y Producción o la Refinación se encuentran en crisis, la empresa productiva del Estado ha tenido que lidiar con los quebrantos derivados del hurto de hidrocarburo también llamado “huachicoleo”.
De acuerdo con cifras de la petrolera, aún con el pago a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) para el patrullaje de ductos, este ilícito se siguió propagando y la recuperación de combustibles robados no fue la esperada durante los años en los que efectivos de estas dos dependencias buscaron contenerlo.
Según datos obtenidos por Reporte Indigo vía Ley de Transparencia, Pemex pagó a la Sedena 188 millones 891 mil pesos y a la Semar 95 millones 112 mil pesos para patrullar sus ductos con el fin de evitar el robo de combustible entre el 2012 y el 2016
No obstante, se observa que la contratación del Ejército y la Marina surtió efecto sólo unos años.
En el 2012 Pemex pagó 46 mil 330 pesos a la Sedena por labores de seguridad y hubo una recuperación de 4 millones 27 mil litros de hidrocarburos.
Para el 2013 la contratación de vigilancia se incrementó a 36.8 millones de pesos para el Ejército y la Marina y, en ese periodo, la petrolera tuvo una recuperación de 13 millones 445 mil litros de combustibles
En el 2014 el pago para que ambas dependencias patrullaran se elevó a 98.4 millones y fue el año en que mayor cantidad de combustible robado se aseguró, pues la recuperación fue de 25 millones 346 mil litros.
Sin embargo, aunque la cifra de pago para el 2015 llegó a los 100.8 millones de pesos a la Sedena y Semar por patrullaje, el resultado fue mínimo, ya que Pemex sólo vio de regreso 10 millones 429 mil litros de hidrocarburo hurtado.
Con esta disminución en recuperación para el 2016 Petróleos Mexicanos sólo contrató vigilancia por 47.9 millones de pesos y la recuperación fue de 5 millones 846 mil litros de combustibles.
En contraste con la variación en la recuperación del combustible, en los últimos años las pérdidas se han multiplicado. Entre el 2016 y el 2018 se tuvo registro de un quebranto por 147 mil millones de pesos. Superando año con año un nuevo récord.
En el 2016 Pemex enlistó un daño a sus finanzas de 30.8 mil millones de pesos por huachicoleo, para el 2017 la cifra escaló a 50.1 mil millones y el año pasado llegó a 66.3 mil millones de pesos
La renta de militares y marinos para vigilar ductos no fue la única medida por la que Pemex optó sin obtener resultados positivos.
Entre el 2013 y el 2015 la petrolera implementó el programa “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas” para el que se utilizaron 2 mil 521 millones de pesos.
Tan sólo en el 2015 Pemex destinó 571 millones de pesos a la compra de equipo como aviones y vehículos de amplia capacidad para enfrentarse a la delincuencia organizada.
La problemática que significa en la actualidad el robo de combustibles tiene su origen en que el delito específico no fue considerado como tal hasta el 2016, cuando el Congreso de la Unión creó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Debido a que el delito de hurto de gasolinas no fue estipulado en la ley hasta hace apenas tres años, el exconsejero de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón, considera que a los sexenios pasados no se les puede atribuir la cuestión legal de no castigarlo, pero sí la falta de acciones para frenarlo.
“Lo que muestra esto son dos cuestiones: una legal que no es atribuible al gobierno de Peña Nieto pero sí a todos los anteriores porque nadie había subsanado el hecho de que el robo de combustible existía como delito, sino hasta el 2016 que se promulgó la ley que está vigente
“El segundo es un tema de falta de prioridad en el combate a este fenómeno y lo que eso repercutió ya que no era uno de los objetivos centrales contra la delincuencia organizada”, agrega Ruiz Alarcón.
En cuanto al pago de poco más de 284 millones de pesos por vigilancia en ductos y otras instalaciones por parte de Pemex a Sedena y Semar entre el 2012 y el 2016, el exconsejero considera que ese es un ejemplo de acciones de coordinación institucional para intentar detener el huachicoleo.
La falta de investigación en las redes que propiciaron el aumento del hurto de combustibles en el país tuvo a su favor las carencias en materia de investigación que desempeñaron las autoridades de Gobiernos federales anteriores, asegura María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
“Las fallas que hemos tenido en otras administraciones es que la Fiscalía (antes Procuraduría General de la República) fue muy débil en materia de investigación para efectivamente lograr hacer un plan de averiguación que llevaran a desentrañar un fenómeno amplio, y no que lo investigara caso por caso”, señala.
La experta agrega que en especial se debió seguir la pista a la complicidad entre servidores públicos de Petróleos Mexicanos con los grupos de la delincuencia dedicados a la ordeña de ductos y a otros delitos que implicaban lavado de dinero o el comercio ilícito del combustible extraído
“La comercialización es un tema que viene desde adentro (de Pemex) donde en este fenómeno pueden estar involucrados los altos funcionarios”, expone Novoa.
El imperio del huachicol
El incremento en la incidencia del delito de robo de combustible no sólo está reflejado en las pérdidas de Petróleos Mexicanos, también en el creciente número de tomas clandestinas.
El pasado 21 de enero, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, presentó un informe de tomas clandestinas reparadas en el territorio nacional.
Con relación a los datos que presentó el funcionario, mientras en el 2016 se repararon 6 mil 848 tomas, para el 2018 fueron 14 mil 894; es decir, un incremento mayor al doble en tan sólo dos años
El 80 por ciento de las reparaciones de estas fisuras a infraestructura de Pemex correspondieron a siete estados del país donde los huachicoleros mantienen una presencia importante.
Durante el 2018 los estados en los que la empresa productiva tuvo que realizar más reparaciones fueron Hidalgo con 2 mil 121, Puebla con 2 mil 072, Guanajuato con mil 919, Jalisco con mil 550, Veracruz con mil 539, Estado de México con mil 517 y Tamaulipas con mil 301.
En los primeros 21 días de 2019, Hidalgo también encabezó la lista con más tomas clandestinas reparadas con 164.
En esta entidad el 18 de enero ocurrió una explosión en un ducto de Pemex que cobró la vida de 130 personas que recolectaban combustibles en una fuga situada en el municipio de Tlahuelilpan.
La falta de acciones por parte del Gobierno federal a lo largo de los últimos tres sexenios para combatir el robo de hidrocarburos en el país ha provocado que este delito siga creciendo año con año
Guanajuato fue el segundo lugar con más fisuras restauradas con 72, le siguió Veracruz con 67.
Contraria a la tendencia que va en aumento en relación al hallazgo de tomas clandestinas se encuentran las detenciones de personas relacionadas con el robo de combustible.
Cifras reveladas por Pemex a través de solicitudes de información en Plataforma de Transparencia indican que mientras cada vez se encuentran más roturas en ductos, menos personas son detenidas por su posible responsabilidad.
Entre el 2012 y enero de 2019 se detuvieron a 2 mil 4 personas relacionadas con el hurto de hidrocarburos, siendo el 2015 el año con más casos al reunir 467
Sin embargo, las detenciones a partir de ese periodo fueron en declive: en 2016 se detuvo a 141 personas; para 2017 fueron 164; y el año pasado presentaron a 135 personas por el robo.
Las entidades en las que hubo más detenciones por el hurto de combustóleo son Tamaulipas con 232; la Ciudad de México y Tabasco, ambas con 188; Hidalgo con 184; Veracruz con 182; y Guanajuato con 181, entre el 2012 y enero de 2019.
La lucha de AMLO
Como ocurre al inicio de cada administración federal, los presidentes y su equipo lanzan mensajes de mando que revelan el sello que intentarán mantener durante los siguientes seis años que estarán en funciones.
Los esfuerzos de la nueva administración por acabar con el robo de combustibles en el país son un buen primer paso, sin embargo, para que la acción surta efecto se requiere de una estrategia de inteligencia tanto en el corto como en el largo plazo
En el caso de Andrés Manuel López Obrador el golpe de autoridad fue en contra del robo de combustible, problema que aquejaba al país desde hace al menos tres sexenios, según los dichos del mismo presidente.
Con el inicio de una lucha frontal contra el ilícito que cometen los llamados “huachicoleros” se destapó una cloaca en donde quedó en evidencia que Gobiernos federales anteriores no tuvieron la capacidad de contener la ordeña de ductos o de investigar posibles contubernios entre funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos y personas dedicadas al hurto de hidrocarburo.
La estrategia en contra del huachicoleo comenzó a finales de diciembre con el ordenamiento del cierre de ductos que transportan gasolinas a fin de evitar el robo mediante tomas clandestinas, por lo que el combustible fue trasladado en cientos de pipas.
La medida tomada por el gobierno de López Obrador ocasionó el desabasto de gasolinas en al menos 11 estados del país, sobre todo en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, entre otras que vieron una disminución en el suministro y en los que algunas de las actividades comerciales entraron en crisis durante las primeras semanas del año
También la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda, contribuyó en seguir la pista del dinero resultante por la venta ilegal de gasolinas. Esta unidad, a cargo de Santiago Nieto Castillo persigue delitos de lavado de dinero y ha congelado cuentas de empresarios o funcionarios que presuntamente están involucrados con la actividad.
Para María Novoa el cierre de ductos para evitar el robo de combustible no es suficiente. Advierte que es necesario que exista la vinculación entre instituciones para que las detenciones y congelamiento de cuentas bancarias se indaguen de manera más profunda para ir resarciendo este fenómeno delincuencial.
“Santiago Nieto lo que ha recuperado son casos que ya venían desde la administración pasada, que ya tenían identificados en una base de datos, porque no lo pudo hacer en un mes.
“A esta Unidad (de Inteligencia Financiera) dentro de Hacienda todavía le faltan más capacidades, pero desde el punto de vista técnico lo que trabajan es muy bueno, el problema que tiene y que son los problemas que le veo a estos casos que ya presentó a la Fiscalía General de la República es que detecta y hace la alerta y presenta los datos, pero después de ahí no sabemos qué pasa y es donde no vemos una articulación”, explica la especialista de México Evalúa.
El exconsejero de Pemex, Fluvio Ruiz, asegura que si en algo se diferencia la actual administración federal de las pasadas es que el combate al hurto de combustibles está ocurriendo de manera decidida y a fondo, aunque también detalla que es necesario implementar una labor de inteligencia para que el combate sea a largo plazo, ya que esta actividad podría volver a dispararse
“Espero que ahora sí se esté haciendo una labor de inteligencia, porque finalmente van a poder desmantelar las redes con un trabajo previo que conecte al menos tres eslabones que podríamos identificar: el cómo se extraía el volumen de las instalaciones de Pemex, pero después hay una red que distribuye ese volumen y el trabajo que le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera es el cómo se diluía o se repartían las ganancias de esta actividad ilegal”, concluye el exconsejero de la empresa productiva del Estado.
