Aunque el Gobierno de Jalisco asegura que está siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de aplicar “pruebas, pruebas y más pruebas” de COVID-19, en realidad, se las ha negado a decenas de miles de jaliscienses que solicitaron una para saber si habían contraído la enfermedad.
Uno de los principales elementos discursivos utilizado por el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez para desmarcarse de la estrategia federal contra la pandemia, es el de la aplicación de las pruebas, por lo que recurrentemente señala que está aplicando un número mayor de exámenes que los requeridos por el modelo de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En el Segundo Informe de Gobierno de Alfaro Ramírez, por ejemplo, se indica sobre el sistema de detección epidemiológica que adoptó el estado de nombre Radar Jalisco.
“Esta metodología contrastó con el modelo de vigilancia epidemiológica Centinela, utilizado por el Gobierno de México y que ha tenido diversos señalamientos por parte de la comunidad científica internacional, entre ellos, que no sigue la principal recomendación de la OMS, que es aplicar pruebas, pruebas y más pruebas”, se lee en el documento.
Sin embargo, información obtenida vía transparencia demuestra que el Sistema Radar Jalisco del Gobierno estatal no le aplica pruebas de COVID-19 a cualquier persona que así lo solicite, sino solo a aquellos que cumplen con ciertos parámetros establecidos, por lo que el mecanismo de operación termina por ser muy similar al del modelo Centinela federal.
Según un informe del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Cepaj), que está a cargo del call center de COVID-19 del Gobierno de Jalisco, en todo lo que se lleva de pandemia y hasta el 20 de enero de 2021, esa instancia recibió 63 mil 572 solicitudes de pruebas por parte de jaliscienses que se comunicaron telefónicamente.
No obstante, de todos esos ciudadanos que solicitaron un test, únicamente a 14 mil 864 se les aplicó, es decir, a menos de una cuarta parte de los peticionarios (23 por ciento); esto significa que la administración de Alfaro dejó sin un diagnóstico a 48 mil 708 jaliscienses que requirieron saber si estaban contagiados o no, de acuerdo con una respuesta a la solicitud de información 00418421 tramitada ante la Cepaj.
El algoritmo para las pruebas de COVID-19
Según el Segundo Informe de Gobierno, la determinación de a quién sí y a quién no se le aplica una prueba tras llamar al centro telefónico estatal de COVID-19 se toma mediante un algoritmo.
“A toda persona que llama al call center se le realiza una encuesta epidemiológica (tamizaje), con base en sus respuestas, mediante un sistema informático se aplica un algoritmo para la caracterización de riesgo de padecer la enfermedad y se catalogan los casos en: riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Asimismo se prioriza la toma de muestra, y se decide el tipo de muestra que requiere cada persona, ya sea PCR o serológica de anticuerpos”, establece el documento.
El algoritmo “permite ponderar la probabilidad de contar con la enfermedad de acuerdo a signos, síntomas y su evolución; además, incluye factorización de riesgo por exposición, contacto, edad y enfermedades preexistentes”.
Sin embargo, este rechazo por parte de la administración estatal de más de 48 mil jaliscienses que solicitaron un examen de COVID-19, influye en el hecho de que la mitad de todas las pruebas que se han aplicado en Jalisco, durante la pandemia, han tenido que ser sufragadas por los propios ciudadanos en centros privados, que fueron 318 mil 070 de 669 mil 747 totales.
Las críticas al Centinela
El gobernador Enrique Alfaro ha criticado duramente al esquema Centinela en diversas ocasiones. Una de ellas ocurrió el 5 de octubre de 2020, cuando se refirió a él como “el absurdo e irresponsable modelo Centinela que el Gobierno federal diseñó y que tanto le ha costado a la nación”.
En el Segundo Informe del emecista se lee que “a pesar de las recomendaciones internacionales de que los países aceleraran y ampliaran las pruebas para una comprensión más precisa de la pandemia, el Gobierno federal decidió continuar con el modelo de vigilancia epidemiológica que había establecido: un modelo Centinela cuyo método para recopilar datos epidemiológicos corresponde a un número limitado de puntos (475 unidades a nivel nacional) y se concentra en la vigilancia de casos graves bajo una estrategia de muestreo”.
A finales de octubre de 2020, Alfaro dijo sobre su sistema que “mucho de lo que hacemos es producto también de los datos que nos da Radar Jalisco, que nos permiten entender la dimensión real del problema de contagios a nivel nacional”.
Sin embargo, los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición COVID-19 (Ensanut) publicados en diciembre pasado, muestran que el Sistema Radar está muy lejos de medir el tamaño real de la pandemia, pues en el estudio se encontró que “25 por ciento de la población en México tiene anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, lo que representa un estimado de 32 millones de personas a nivel nacional”.
Esa proporción llevada a la población de Jalisco significaría que más de dos millones de jaliscienses ya contrajeron el COVID-19, y sin embargo, con todo y el Sistema Radar, al 7 de marzo de 2021 se habían detectado en el estado solo 225 mil 259 casos confirmados –y 10 mil 628 defunciones–.
El Gobierno de México, por su parte, defiende su modelo Centinela que, asegura, está recomendado por la OMS.
“La vigilancia centinela es la manera más eficaz de recopilar datos oportunos y de buena calidad sobre las enfermedades monitoreadas. (…) se toma muestra de laboratorio al 10 por ciento de los casos de IRAA (infección respiratoria aguda ambulatoria) y al 100 por ciento de los casos IRAG (infección respiratoria aguda grave), así como al total de las defunciones, para la caracterización y descripción del panorama epidemiológico del comportamiento de estos virus”, según la administración federal.