El misterioso documento sellado

Luis Armando Reynoso López lleva siete meses buscando saber de qué trata la investigación criminal que hay en su contra en Estados Unidos. 

Pero no lo ha logrado. 

El juicio por la incautación de las siete propiedades adquiridas a su nombre -o por empresas suyas- cuando su padre, Luis Armando Reynoso Femat, gobernaba Aguascalientes ha dado otro revés. 

El juez David Alan Ezra, del tribunal de Distrito Oeste de Texas con sede en San Antonio, revocó una nueva petición para ver el apéndice A del caso, una parte del expediente que no ha sido visible ni para el propio abogado del joven empresario mexicano. 

En cambio, el juez citó a una nueva reunión de las partes involucradas en el juicio para una conferencia el próximo 26 de mayo.

La razón es “asesorar a la Corte en cuanto al estado de la investigación criminal en curso”.

El hijo del exgobernador de Aguascalientes se hizo conocido ante la opinión pública gracias a su ostentosa fiesta de cumpleaños. 

El video de la fiesta al estilo de la película “proyecto X”, en el que sus amigos se referían al joven como “princeso” se hizo viral.

Su padre, Luis Armando Reynoso Femat, ya enfrentaba investigaciones federales y locales por usar dinero público para fines personales y por haber comprado terrenos baratos, que luego aumentaron su valor gracias a la obra pública realizada por su gobierno, entre otros cargos. 

Poco tiempo después, en junio de 2013, Reporte Indigo ubicó siete propiedades en San Antonio, Texas, que habían sido compradas por el joven en 2009, cuando a su padre aún le quedaban meses en el gobierno estatal.

Un año más tarde, en julio de 2014, estas siete propiedades fueron incautadas gracias a una orden judicial. 

En un inicio no se mencionó en el caso al hijo del exgobernador, pero en agosto él mismo presentó un recurso judicial para mostrarse como el dueño de los inmuebles, con derecho a litigar el caso. 

Si bien las leyes en Estados Unidos establecen que la defensa del afectado tiene 21 días después de la acusación para contestar a la fiscalía, esto no ha podido ocurrir. 

La causa, según ha dicho el abogado defensor del mexicano, Todd Alan Prins, es precisamente el apéndice A del expediente, el cual contiene datos de una segunda investigación, ésta sobre un tema penal, de la que aún no se conoce ningún detalle.

Defensa sin argumentos

El 25 de noviembre del 2014, la Corte escuchó la petición de Luis Armando Reynoso López, en lo individual, y de su compañía LRL-AC Real Estate Holdings, para conocer las demandas en su contra. 

Presentaron argumentos para acceder al anexo del expediente que ha estado sellado desde que la fiscalía texana solicitó incautar las propiedades con valor de 4.5 millones de dólares. 

Este apéndice fue sellado “para prevenir la divulgación prematura de pruebas, ya que contiene hechos y circunstancias que son los mismos hechos y circunstancias que dan lugar a una investigación criminal en curso cuya divulgación pudiera afectarla adversamente”, de acuerdo con el reporte judicial del que Reporte Indigo obtuvo una copia.

El abogado de Reynoso ofreció ver el apéndice únicamente en cámara o firmar un acuerdo de confidencialidad, con base en una ley texana que da derecho al abogado defensor a tener acceso a todo el expediente.

La segunda estrategia jurídica fue argumentar que la falta de conocimiento sobre este apéndice entorpecía el acceso de Reynoso López a un juicio bajo el debido proceso. 

En su negativa, el juez recordó al abogado del mexicano que “las normas locales tienen fuerza de ley, siempre y cuando no entren en conflicto con una regla prescrita por la Corte Suprema, Congresos o la Constitución”.

También argumentó que la garantía que tiene el abogado a un acceso total al expediente puede revocarse con una orden del tribunal, como sucedió en este caso. 

Una de las causas centrales por la que puede suceder esta orden es, precisamente, la protección a los datos contenidos en otra investigación criminal, que toque a los mismos implicados. 

La Corte se dijo impedida de obstaculizar la investigación criminal pero, al mismo tiempo, en la necesidad e importancia de da a los reclamantes “una oportunidad justa para las reclamaciones de este caso”. 

Por eso, permitirá a los demandantes presentar la respuesta a las incautaciones en un tiempo mayor al usual.

Mientras normalmente el abogado defensor tiene solo 21 días después de iniciado el juicio, en este caso ese tiempo comenzará a correr hasta después de que el apéndice A sea abierto, “para que pueda presentar una queja por el decomiso de los inmuebles”.

No habrá decomiso

Aunque las propiedades de Reynoso López se encuentran incautadas, el juez advirtió que no firmará ninguna orden de decomiso mientras el representante legal del joven empresario mexicano tenga la oportunidad de haberlo defendido. 

> El ‘princeso’ y su reino en Texas

En junio de 2013, Reporte Indigo ubicó siete propiedades en San Antonio, Texas, que habían sido compradas por el joven en 2009, cuando a su padre aún le quedaban meses en el gobierno estatal.