"Pemex no argumentó actos de corrupción o cohecho por parte del consorcio”
Las cartas de garantía sobre el litigio por pagos excedentes en la remodelación de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, que llevaron a César Nava al banquillo de los acusados siguen siendo un misterio.
La semana pasada la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó la demanda de Pemex por 500 millones de dólares contra el consorcio que remodeló la refinería.
Varias columnas anunciaron que se debía a que Pemex y el consorcio habían llegado a un arreglo extrajudicial. Esto no ha sido desmentido por las partes.
Pero una queja por daño patrimonial interpuesta a finales de junio ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene aún el caso vigente.
Toca a funcionarios actuales de la paraestatal, quienes habrían “olvidado” renovar las cartas de crédito que no fueron cobradas por Nava y eran la garantía en el litigio por los pagos excedentes en Cadereyta.
Los acusados en esa queja son el director general de Pemex, Marco Antonio de la Peña Sánchez, el subdirector jurídico de control de procesos y proyectos, Fermín Fernández Guerra Espinal, y el exgerente jurídico de Pemex Refinación, Gerardo Carvajal Udave. El juez Louis Stanton en Nueva York no juzgó la veracidad de las acusaciones de Pemex; dijo que no debía tomar el caso porque los supuestos sobornos no habían sucedido en EU ni atentaban contra ese país.
En México aún quedan dos flancos abiertos. El primero es un juicio con el que se litiga aún el pago de los gastos excedentes y el segundo es la queja por daño patrimonial que afectaría a de la Peña uno de los corazones jurídicos de una eventual reforma energética.
Flancos abiertos
El 11 de junio se llevó a cabo en el DF la audiencia final de alegatos entre Pemex y el consorcio Conproca, conformado por la compañía alemana Siemens y surcoreana SK.
Este juicio es el capítulo más reciente de una serie de pleitos contenciosos. Hasta ahora, Conproca ha ganado todos.
El primero fue cuando en 2011 salió victoriosa en París del arbitraje internacional para determinar si Pemex debía pagar o no gastos excedentes al monto original que habían firmado para remodelar la refinería.
Expertos explicaron que Pemex perdió ese arbitraje porque cobró indebidamente una fianza que Conproca había depositado, sin acudir a un perito externo acordado por las partes.
Para evitar ese pago, la petrolera promovió en México una nulidad del monto determinado en Francia, que fue de 311 millones de dólares.
Lo hizo ante el Décimo Primer Tribunal de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Casi al mismo tiempo, en diciembre del año pasado, la petrolera presentó en Nueva York una demanda civil contra Conproca acusándola de soborno.
Seis meses antes Conproca había reclamado el pago del laudo que fue determinado en París. Hasta el momento no ha conseguido que Pemex pague un centavo de lo que supuestamente le debe hace 13 años.
Mientras se determina qué sucederá con esos pagos, aún es un misterio sin resolver qué sucedió con los 102 millones de las cartas de crédito que no fueron cobradas por Nava y no fueron renovadas por la actual administración de Pemex.
Un caso cambiante
Entre diciembre del año pasado y junio de este año, Pemex cambió tres veces los argumentos de la demanda que finalmente fue desechada por el juez Stanton en Nueva York.
Primero dijo que los sobornos fueron para conseguir el contrato, luego que eran para presentar una oferta más baja y después que era para que les autorizaran los depósitos por pagos excedentes que no tenían una base real.
El nombre de César Nava no estaba mencionado en ninguno de los documentos de esta petición de un juicio a los que tuvo acceso este diario, pero la prensa en México lo acusó de ser partícipe de los sobornos.
Poco después Pemex cambió de abogados para el juicio en Nueva York, del despacho Goldstein & Russell, de Washington, por Diaz Reus and Targ, con base en Miami, cuyo representante en México es José Luis del Valle Gurría, consuegro de Raúl Salinas de Gortari.
Con el cambio de abogados vino otra decisión sorprendente de Pemex. Ya no demandarían al Conproca el pago de 500 millones de dólares como compensación por los “sobornos”.
Redujeron la petición a 160 millones de dólares, argumentando que los sobornos ya no habían sido para conseguir el contrato sino para que los funcionarios de Pemex les autorizaran por escrito el pago de excedentes.
En el caso litigado en México, “Pemex no argumentó actos de corrupción o cohecho por parte del consorcio”, dijo en junio Conproca en un comunicado. Con la desestimación del caso en Nueva York, Conproca ha guardado silencio.
También lo ha hecho la Función Pública acerca de la queja que determinaría si se perdieron los 102 millones y si algún funcionario aún sería sancionado por este caso.
