El mal uso de los programas sociales en Venustiano Carranza

La alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México ha sido evidenciada por el mal manejo de recursos públicos en la ejecución de programas durante 2022, señala la Contraloría local.

La demarcación que encabeza la morenista Evelyn Parra ha inscrito servidores públicos en acciones sociales, no ha comprobado la erogación de recursos en sus acciones sociales, entre otras anomalías durante el año pasado.

Cabe señalar que los programas sociales se han caracterizado por ser un tema en los gobiernos locales donde existe opacidad.

Evelyn Parra es la primera alcaldesa de Morena que gobierna Venustiano Carranza; previamente la demarcación había sido bastión político del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las investigaciones

En este 2023, el Órgano de Control Interno de la alcaldía Venustiano Carranza, adscrito a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, llevó a cabo la auditoría A1/2023, clave 5-6-8-10, al rubro de gastos de Programas Sociales de la demarcación durante 2022.

Durante el transcurso de la auditoría, la Contraloría detectó tres anomalías en la ejecución de los programas públicos, según consta en el documento obtenido por Reporte Índigo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Según el informe de la auditoría, el primer hallazgo está relacionado con el otorgamiento de apoyos y ayudas a 42 personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

La auditoría indica que se revisaron 8 mil expedientes de beneficiarios de programas sociales de la alcaldía Venustiano Carranza.

Servidores públicos, beneficiados con programas

De la revisión de los expedientes, la contraloría encontró que entre los beneficiarios había servidores públicos; en el programa “Apoyo a Mujeres Emprendedoras” se encontraron a siete funcionarias de la alcaldía; en el programa “Apoyo a las Festividades, Tradiciones y Costumbres Representativas en Venustiano Carranza”, había un funcionario inscrito; de los beneficiarios del programa social “Apoyo para Atletas de Competencia y Entrenadores”, nueve eran funcionarios; en la acción “Apoyo de capacitación a Mujeres para Mejorar sus Oportunidades en el Campo Laboral”, se detectaron a ocho trabajadoras de la alcaldía.

En la acción social “Suministro e Instalación de Kit’s Circuitos Cerrados de Televisión para la prevención social de las Violencia y Delito Ejercicio 2022”, cinco beneficiarios eran servidores públicos; y en la acción social “Entrega de Conjunto Deportivo a Deportistas y Entrenadores”, 12 persona del padrón resultaron que ser servidores públicos.

Lo anterior, detalla la auditoría, va en contra de las reglas de operación de dichos programas sociales.

“No podrán ser personas beneficiarias de este programa social aquellos que pertenezcan a otro programa social similar en el Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras activas en cualquier servicio y ámbito de la administración pública local”, indican las reglas de operación.

Sin registro de ejercicio de recursos y sin manuales

El segundo hallazgo de la contraloría es que no existen documentos que comprueben el gasto de 20 millones 330 mil pesos erogados en los programas sociales de “Mantenimiento y Conservación de Unidades Habitacionales” y en el de “Apoyo a las Festividades, Tradiciones y Costumbres Representativas en Venustiano Carranza”.

El órgano interno de control detalló que, respecto al programa de mejoramiento de unidades habitacionales, la alcaldía no tenía comprobantes de la ejecución de los recursos porque los cheques con los recursos fueron emitidos a los representantes de las unidades habitacionales, no a los prestadores de servicios, y son estas personas, quienes recibieron el dinero, los que cuentan con los documentos de entrega-recepción de los trabajos.

Sobre el otro programa, el informe indica que la alcaldía entregó durante el proceso de auditoría: pólizas de cheque, copias de las identificaciones de las personas beneficiarias, relación de los cheques de la institución bancaria y reportes de transferencias SPEI para justificar la erogación de los recursos.

No obstante, el órgano interno de control no retiró el hallazgo porque la demarcación no contaba con documentos administrativos que comprobaran el ejercicio de los recursos, pero tampoco generó otra observación.

El último hallazgo realizado por la contraloría interna de la demarcación es que no se publicó un manual específico para la operación del Comité de Pueblos y Colonias Representativas de la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de la acción social “Apoyo a las Festividades, Tradiciones y Costumbres Representativas en Venustiano Carranza”.

De acuerdo con la auditoría, para la operación del programa se debía integrar un manual para el comité. No obstante, solo se aprobó su creación y los lineamientos.

“Lo que tiene como consecuencia que la operación del Comité de Pueblos y Colonias Representativas de la Alcaldía Venustiano Carranza no cuenta con un instrumento jurídico que regulen su actuar y sus funciones”, detalla la auditoría.

La contraloría concluyó que la alcaldía presentó pruebas que permitieron solventar algunos hallazgos. Sin embargo, señaló que es necesario mejorar los mecanismos de control para garantizar mayor transparencia en la ejecución de programas sociales.

“Las unidades administrativas responsables de la ejecución de programas sociales, en coordinación con la Dirección General de Administración, deberán implementar mecanismo de control que garanticen el cumplimiento de los requisitos y criterios de acceso establecidos en las Reglas y Lineamientos de Operación, así como reglas de entrega de información y justificativa en los momentos contables correspondientes”, detalla la Contraloría.

Es importante mencionar que los programas sociales, de acuerdo con el texto “Los programas sociales en México como sustento de la economía social y solidaria” del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, sirven para garantizar justicia y combatir la desigualdad.

“El verdadero desarrollo social conlleva el combate a la desigualdad que producen los desequilibrios del desarrollo económico entre entidades, regiones, campo y ciudad, ramas de la actividad económica y sectores de la economía. Crea asimismo un modelo de regionalización sustentado en la participación de los actores políticos y económicos de cada uno de los estados, municipios, comunidades y localidades de nuestro país”, detalla el texto.

Programas sociales en la opacidad

Los programas sociales son un rubro de gasto en donde las alcaldías han sido opacas respecto a su ejercicio y reglas de operación, señala el texto “Programas sociales en alcaldías de CDMX en la opacidad” publicado por Reporte Índigo el 12 de septiembre de 2022.

Esto debido a que no han dado a conocer quiénes son los beneficiarios de los planes de apoyo durante 2022, en incumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

De acuerdo con dicho marco legal, es responsabilidad de los gobiernos locales publicar “los criterios de planeación y ejecución de sus programas sociales, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello”.

Además, el artículo 122 de la ley establece que tienen que dar a conocer el “padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo”.

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta son las alcaldías que incumplen con sus obligaciones de dar a conocer información sobre sus programas sociales, revelan revisiones hechas a los respectivos Portales de Obligaciones de Transparencia (POT) y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Además, el “Informe General Ejecutivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2020” de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) señala que los programas sociales son de los rubros de gasto donde más ocurren anomalías en el servicio público local.

Según el documento, en total, el 27 por ciento de los riesgos y vulnerabilidades detectadas en el gasto de las dependencias públicas de la ciudad (incluidas las alcaldías), fueron en programas sociales.

Además, la Auditoría encontró que en ese año, al menos las alcaldías Iztacalco y Xochimilco, incurrieron en irregularidades durante los procesos de ejecución de sus programas sociales como no dar a conocer información o no tener constancia de que los apoyos fueron entregados.