Felipe Calderón terminó siendo todo un mago en el arte de desaparecer recursos.
En su último año de gobierno, se esfumaron más de 4 mil 300 millones de pesos del endeudamiento neto contratado y aprobado para el Ejercicio Fiscal de 2012.
Así lo asienta el informe de resultados de la Cuenta Pública que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el viernes pasado a la Cámara de Diputados.
En 2012, el gobierno registró un endeudamiento neto por 412 mil 298 millones de pesos de los cuales, 257 mil millones se destinaron al costo financiero de la deuda, es decir, 62.3 por ciento del total.
Del monto restante, 151 mil millones se usaron para cubrir el déficit presupuestario y el pago de los intereses, pero nada se dice de los 4 mil 320.5 millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia.
Incluso, el pasivo contratado y aprobado para ese año por la Cámara de Diputados no se utilizó para la ejecución de obra pública como se había contemplado.
Lo más grave, es que durante todo el sexenio de Calderón desaparecieron del mapa más de 285 mil millones de pesos de deuda contratada.
De 2006 al 2012, el Gobierno Federal registró un endeudamiento neto de 2 billones 252 mil 680.8 millones de pesos, de los cuales, más de 1.5 billones se utilizaron para pagar el costo financiero de la deuda y 441 mil millones a cubrir el déficit presupuestal.
Aun cuando la ASF solicitó informes a los tres responsables de la Secretaría de Hacienda en la época de Calderón -Agustín Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade- ninguno aclaró el destino de esos recursos.
En teoría, el endeudamiento que contrató Felipe Calderón durante su sexenio debía reflejarse en planes de desarrollo económico y social, de acuerdo a la Ley General de Deuda Pública, pero no fue así.
El veredicto de la ASF en su informe es que la Secretaría de Hacienda “no cuidó que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinaran para la ejecución de obras que directamente produjeran un incremento en los ingresos públicos”.
Un año lleno de irregularidades
Los datos revelados por la ASF demuestran que el ultimo año de Felipe Calderón estuvo plagado de irregularidades.
El desvío de recursos en el conocido “Año de Hidalgo” fue la constante en la mayoría de las entidades federativas.
Están en curso 147 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
De ellas, 102 fueron en contra algunas dependencias del gobierno, dos universidades públicas y 43 en los gobiernos estatales, siendo Tabasco el más grave.
Ese año las dependencias estatales, federales y municipales ejercieron irregularmente 734.5 millones de pesos.
En Tabasco no se aclaró el ejercicio de más de 3 mil millones de pesos provenientes del Fonden, y que tampoco se atendieron en tiempo y forma las emergencias de las inundaciones.
San Luis Potosí se ubicó entre los 10 estados con mayores montos irregulares.
En Jalisco, se realizaron 356 observaciones por 3 mil 800 millones de pesos, que resultaron de la revisión que se hizo a la aplicación del gasto.
Por lo pronto la Auditoria revisará exhaustivamente el ejercicio del gasto federalizado en 2012 pues la mayoría del desvío de recursos se registró en obra pública.
Para que no sigan desviando los recursos en el futuro, la ASF recomienda mejorar la planeación de las obras, elaborar efectiva y oportunamente los proyectos y supervisar su desarrollo.
En cuanto a las dependencias gubernamentales, se registraron 52 denuncias por presuntos delitos en Agricultura; 25 en lo que era la Reforma Agraria; 12 en Economía; 6 en Hacienda; 5 en la SEP, una en Gobernación y otra en Semarnat.
Se aplicaron 12 auditorías al Instituto Nacional de Economía Social, antes Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.
A la lista se suman dos demandas, una en contra de la Universidad Autónoma del Estado de México y otra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Los excesos federativos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró también que de los 6 mil millones de presupuesto que se otorgó a la Cámara de Diputados para el 2012, los legisladores no pudieron comprobar más de mil 700 millones de pesos.
En pocas palabras, hubo opacidad en el manejo del gasto autorizado para ese ejercicio fiscal.
El informe de la ASF también advierte que el manejo de pensiones y jubilaciones “constituye hoy uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas públicas.
Sobre todo porque el monto total de pasivos laborales diferidos fue de 6.29 billones de pesos, y se calculó un déficit actuarial por 5.61 billones de pesos.
En cuanto al Seguro Popular la ASF detecta que no se alcanzó la anunciada cobertura universal en 2012, como lo garantizó Felipe Calderón.
Las 341 enfermedades que atiende representan sólo 2.4 por ciento de las registradas en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
Tache a la Sociedad Hipotecaria Federal
La Auditoria resolvió con Dictamen Negativo a la Sociedad Hipotecaria Federal por no haber cumplido con las disposiciones normativas de la gestión financiera de la Cartera de Crédito y Dación en Pago.
Este banco de desarrollo celebró nueve contratos y 15 convenios modificatorios por concepto de Daciones en Pago con seis Sofoles-Sofomes a las que se otorgaron créditos y no cumplieron con su pago.
El monto de esas daciones suma 28 mil 518.04 millones de pesos que se suma a su cartera vencida hoy superior a los 45 mil 105 681 millones de pesos y que puede poner a la SHF en riesgo de quiebra técnica.
Las tranzas de Conaculta
El Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 elaborado por la ASF señala que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no ejerció ese año 274.6 millones de pesos.
Los recursos estaban destinados al programa Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.
De los recursos autorizados a la administración de Felipe Calderón en el ámbito cultural, siguen sin aparecer 228.6 millones de pesos que manejaba Conaculta.
No cumplió con las metas de incrementar en 168 por ciento el número de inmuebles conservados, y en 107.2 el de restaurados.
Además, el 15.3 por ciento de los proyectos de restauración impulsados por Conaculta, no contaron con la licencia de obra del INAH.
