El magistrado personero

Las acusaciones de corrupción contra miembros del Poder Judicial de Jalisco han alcanzado al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Gonzalo Julián Rosa Hernández, a quien se le señala de haberse involucrado en el conflicto de la Villa Panamericana realizando gestiones presuntamente fuera de la ley.

Según la empresa Inmobiliaria Cornejo Barragán, la misma que edificó la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos 2011 en Jalisco, ese magistrado ha intervenido en distintas ocasiones en la pugna judicial que rodea al inmueble, diciéndose representante de los intereses del exgobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, de quien es tío político.

Este señalamiento de la Inmobiliaria está contenido en la denuncia de juicio político que promovió en contra del magistrado el 21 de febrero de 2018 ante el Congreso de Jalisco, con expediente 05/2018, al considerar que el juzgador había violado la ley con sus actuaciones en este caso.

Sin embargo, las presuntas intervenciones anómalas del magistrado se habrían presentado específicamente en el conflicto suscitado tras la declaración de nulidad del fideicomiso que administraba el inmueble, y que fue creado por la Inmobiliaria y el Gobierno de Jalisco, a través de su Instituto Promotor de la Vivienda (Iprovipe).

Esa nulidad la decretó el Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial el 15 de junio del 2017, por lo cual la Inmobiliaria presentó un Recurso de Apelación el 27 de junio del 2017, que fue radicado para su estudio y resolución en la Sala Especializada en Materia Civil del STJ.

Es en ese contexto que el representante legal de la Inmobiliaria, Víctor Manuel Guizar Gil, presentó esta denuncia de juicio político.

“El magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, no obstante de ser hoy magistrado del STJ, ha venido realizando actos de presión en contra de diversos magistrados de dicho Tribunal Superior, a efecto de que se niegue la procedencia de la Apelación interpuesta por mi representada y afectar su derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, aduciendo que fue el propio magistrado el que ‘le hizo’ la sentencia (…) al juez (…) de lo Mercantil”.

“Dicho magistrado ha venido refiriendo que tiene instrucciones del exgobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, para que se afecten los intereses de mi representada para que nunca cobre las cantidades a que tiene derecho por las ventas de la Villa Panamericana o Villa Bosque, y que además se encargará de meter a la cárcel a todos los inversores en dicho proyecto inmobiliario”.

Presiones judiciales

Según la denuncia de juicio político de la Inmobiliaria en contra del magistrado y tío político del exgobernador, Sandoval Díaz, el juzgador actuó irregularmente en el caso de la Villa primero desde la magistratura que ocupó en el Tribunal Electoral local hasta septiembre de 2016; y luego desde la que obtuvo en el STJ a partir de septiembre de 2017.

Fue durante el juicio mercantil sostenido entre la Inmobiliaria y el Iprovipe (ahora llamado Ijalvi) que Rosa Hernández, entonces magistrado electoral, comenzó presuntamente a intervenir en la pugna sin facultades para ello.

“Desde que se produjo la contestación de la demanda, la promoción de la acción reconvencional, y en el desahogo de las audiencias subsecuentes, el entonces magistrado electoral Rosa Hernández ha coadyuvado y asesorado a (Iprovipe) pues si bien no ha constado en actuaciones su participación, lo cierto es que sí acudió en múltiples ocasiones al desahogo de audiencias y reuniones.

“Igualmente, el magistrado Rosa Hernández acudió ostentándose como representante del Gobierno del Estado de Jalisco el día 26 de agosto del 2015 a las instalaciones del Centro financiero (…) en donde se encuentra domiciliado el área fiduciaria” del fideicomiso de marras.

Posteriormente, ya como magistrado del STJ, Rosa Hernández habría seguido interviniendo en el conflicto de la Villa una vez que la apelación de la Inmobiliaria arribó a ese Tribunal, según la denuncia.

La conexión

La integración de Rosa Hernández al STJ en el 2017 fue cuestionada desde ese momento debido a sus vínculos con el entonces gobernador priista, Sandoval Díaz, cuya familia es una de las más influyentes en el Poder Judicial local.

La denuncia de juicio político evidencia esa cercanía entre el magistrado y el exgobernador.

“Existe no sólo una afectación a la esfera privada, sino que trasciende al ámbito público, al ser la sociedad quienes se verán afectados con la actuación de Rosa Hernández en su investidura como magistrado, así como su justificación (se desconoce si real o aparente) en ‘las instrucciones del gobernador, al tener un interés personal en el asunto’”.

El 22 de agosto de 2018, los diputados desecharon la denuncia contra el magistrado, principalmente porque consideraron que “no cuenta con el sustento probatorio apto, bastante y concluyente para acreditar alguno de los supuestos” de daño al interés público fundamental previstos en la Ley De Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El nombramiento de Rosa Hernández no fue el único que se consideró obra de la mano del exgobernador, pues también se entregó otra magistratura del STJ a Carlos Trejo Herrera, quien era parte de su gabinete, y se ratificó a su padre, Leonel Sandoval Figueroa, como magistrado del STJ, ambos movimientos en 2017

Ya en 2016 Pedro de Alba Letipichía, hombre de todas las confianzas del exmandatario, había sido nombrado consejero de la Judicatura.