El magistrado carnal

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A contracorriente del objetivo nacional por construir instituciones de justicia fuertes y con autonomía, el Poder Judicial de Jalisco se sigue debilitando con la inclusión de cuadros en sus magistraturas, con una clara relación de subordinación frente a los otros poderes públicos del estado.

El culmen de este embate a la autonomía del Poder Judicial llegó con la reciente designación como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), de un miembro del gabinete directo del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz: su exprocurador Social, Carlos Trejo Herrera.

A Trejo Herrera le bastó su gran cercanía con el gobernador para alcanzar la máxima encomienda judicial en el Estado, sin haber ocupado antes cargo alguno en ese ámbito, es decir, sin tener carrera judicial en absoluto, ni haber pisado un juzgado como empleado del mismo.

Su paso por la Procuraduría Social no fue, tampoco, de grandes logros, y por el contrario, se mostró como un procurador dócil ante la Fiscalía, pues no denunció en todo 2016 y 2017 ni un solo hecho de tortura en los miles de casos penales que llevaron sus defensores, pese a lo extendido de esa práctica ilegal.

De los mil 617 casos penales concluidos que defendió la Procuraduría de Trejo Herrera en 2016 y 2017, en el 86 por ciento obtuvo resultados negativos para sus representados, con mil 390 sentencias condenatorias; y solo 14 por ciento de absolutorias: 227 (folio de transparencia 04301817).

Trejo Herrera le debe todos sus cargos relevantes al gobernador, a quien acompañó como su asesor jurídico en 2012 en la transición sexenal; después lo hizo subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobierno, en marzo de 2013; procurador social, en noviembre de 2015; hasta ser designado magistrado este 28 de septiembre.

La ceguera

Desde 2015 que Jalisco cuenta con la Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura, es obligación legal del procurador social, sus defensores y todo funcionario, el denunciar los hechos de tortura que sean de su conocimiento.

Dice el Artículo 11: “Todo servidor público que en el ejercicio en sus funciones tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio púbico”.

Con Trejo Herrera, la Procuraduría Social defendió a 34 mil 607 personas en casos penales -18 mil 999 en 2016 y 15 mil 608 en 2017-, sin embargo, no denunció un solo acto de tortura, según consta en sus registros.

En contraste, tan solo en 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 150 quejas por tortura, y 215 más por lesiones cometidas por servidores públicos en su mayoría de Fiscalía -207-, según datos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Lo extendido de la tortura lo confirmó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, al indicar que el 70.8 por ciento de los presos en Jalisco sufrió agresiones físicas durante su arresto, como golpes, descargas eléctricas y violaciones sexuales, pero nada de eso vio la Procuraduría de Trejo Herrera.

Ya en su Informe sobre México de 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, advertía de “tolerancia, indiferencia o complicidad” en defensores públicos ante este mal: “Frecuentemente los defensores públicos no representan al acusado y víctima de tortura o malos tratos en forma adecuada”.

Ruta de escape

La llegada al STJ este año de cuadros tan cercanos al gobernador, está suscitando lecturas de un probable plan preparatorio ante el inminente término de su mandato en 2018: un manto de protección garantizado por sus incondicionales, como se ha visto en otros estados. 

Antes de Trejo Herrera fue nombrado magistrado el tío político del gobernador, Gonzalo Julián Rosa Hernández, el 11 de septiembre, y previo a eso, el 3 de agosto, se le ratificó en su magistratura a su padre, Leonel Sandoval Figueroa, tras ampararse para retener el cargo. 

Incluso al presidente del STJ, Ricardo Suro Esteves, se le identifica como actor próximo al mandatario; aquel asumió el cargo en 2016, relevando a Luis Carlos Vega Pámanes, quien ocultó sus antecedentes penales para ser magistrado, lo cual, al descubrirse, lo hundió a él y a la institución en el oprobio.

Esta profunda reconfiguración del STJ mediante la colocación de piezas afines al gobernador, contradice sus posturas públicas.

Poder aliado

La colocación de perfiles afines al gobernador en la estructura del STJ ha encontrado en el Congreso, con mayoría MC-PRI, antes que un contrapeso crítico, un aliado, como lo evidenció la crisis del 13 de septiembre pasado.

Ese día fue destituido de la presidencia de la Mesa Directiva el diputado panista, Miguel Monraz Ibarra, quien se oponía a que rindiera protesta como magistrado el tío político del gobernador, Rosa Hernández –además de María del Carmen López-, por una suspensión judicial.

Ismael del Toro, de MC, asumió la presidencia del Congreso y concretó los nombramientos. El panista alertó entonces sobre lo que otros, incluido Andrés Manuel López Obrador, ya habían advertido: que existe una firme alianza entre el gobernador y Enrique Alfaro Ramírez, líder del MC.

“En un acto más lleno de ilegalidad, de complicidad, MC y el PRI, a razón de indicaciones del gobernador y de Enrique Alfaro, pretenden secuestrar, tomar por asalto las instituciones (…) A base de sus caprichos personalísimos, del gobernador y del presidente municipal, Enrique Alfaro, a través de sus coordinadores, pretenden manipular, maniatar, arrodillar al Poder Legislativo y, por supuesto, también secuestrar al Poder Judicial”.

Nulo apoyo

La gestión de Carlos Trejo Herrera en la Procuraduría Social ha sido cuestionada.

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