La responsabilidad de los servidores públicos en su desempeño en las redes sociales en internet está en un limbo en esta administración autodenominada como de la cuarta transformación.
La postura de la Presidencia ante una reglamentación en el manejo de las redes para los servidores públicos es que estos tienen que garantizar el acceso a la información de los ciudadanos, y existe el compromiso explícito de reconocer que su actividad en redes sociales en internet es parte de su carácter de funcionario público.
“Cualquier servidor público al promover la comunicación social en cuanto a difundir información de interés público en relación con las actividades llevadas a cabo en el desempeño de su encargo, adquiere carácter público, es decir, la información que los funcionarios difunden en redes sociales sobre su labor será pública y, por lo tanto, deberá garantizar a las personas el derecho de acceder a la misma”, indica la Oficina de la Presidencia en una respuesta sobre el tema.
“Consecuencia de ello, cada servidor público deberá asumir la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la información de cualquier persona”, añade.
De manera oficial, los funcionarios públicos carecen de un manual sobre cómo tiene que ser su comportamiento en las redes sociales. En la anterior administración sí existía una serie de normas explícitas sobre el manejo que deberían tener los funcionarios públicos en sus comunicaciones en redes sociales.
No se cuenta con documento oficial en el que se establezcan los lineamientos y/o reglas que regulen la actividad de los servidores públicos federales en redes sociales
‘Hacen falta lineamientos para las redes sociales’
Para Alejandro Rosas, estratega digital y director de la empresa Disruptio, esta postura de la Presidencia provoca que exista este limbo que no delimita los alcances de las publicaciones en sus redes sociales.
“El funcionario público también se encuentra en un limbo entre la obligación de transparentar y comunicar su actuación y el riesgo de caer en promociones personales con el uso de recursos de gobierno. Esto genera confusión y ruido en la manera de comunicar asertivamente”, explica Alejandro Rosas.
El experto comenta que se requieren lineamientos específicos para la comunicación digital del gobierno federal.
“Hasta donde entiendo no se cuenta, en el gobierno federal, con un manual de uso de las redes sociales de instituciones y funcionarios públicos. Existe el documento oficial llamado Política de Comunicación Social del Gobierno Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación, 17 de abril del 2019) en el cual se delinean procedimientos y formas en las que las instituciones del gobierno deben manifestarse frente a los medios de comunicación y las y los ciudadanos. Sin embargo, este documento no es tan específico respecto al uso de las plataformas de redes sociales institucionales”, explica.
“Esto hace que se caiga en, un poco lo que decía Daniel Cosío Villegas: ‘el estilo personal de gobernar’, el estilo personal de comunicar. Esto a pesar de que en el régimen de la Cuarta Transformación la comunicación oficial está centralizada en la Vocería de Presidencia de la República. Está centralización es una gran idea en términos de coordinación del mensaje de gobierno, aunque es una tarea titánica a la cual no se ha llegado”, explica.
Alejandro Rosas comenta que ante la complejidad que involucra a estas redes sociales en materia de comunicación, su manejo se desborda de la actuación meramente institucional.
“Para muestra y a pesar de los recortes que se hicieron a la administración pública federal en lo general, dentro de las dependencias federales, las áreas de comunicación digital (que siempre están dentro de Comunicación Social) son mínimas. Haciendo que la operación efectiva del mensaje oficial a través de plataformas digitales sea limitado e insuficiente. Y los ciudadanos son los afectados si no se cuenta con comunicación asertiva y transparente en las plataformas de redes sociales”, explica.
El funcionario público también se encuentra en un limbo entre la obligación de transparentar y comunicar su actuación y el riesgo de caer en promociones personales con el uso de recursos de gobierno
