El lastre del Comité Anticorrupción de Jalisco

El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco solicitó una investigación contra uno de sus miembros, David Gómez Álvarez, por anomalías; él dice que no dejará su puesto y que es un ‘perseguido político’
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Jalisco solicitó una investigación contra uno de sus propios miembros, David Gómez Álvarez Pérez, luego de que el Congreso estatal exhibiera múltiples irregularidades en las que presuntamente habría incurrido.

En el caso concreto, solicitaremos una investigación al Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para que actúe de acuerdo a lo que en derecho corresponda. Cuando esa instancia presente la información del caso, haremos un pronunciamiento público sobre este punto
CPS de Jalisco

Indicó que “no es correcto que David Gómez Álvarez se separe del cargo hasta que se resuelva su situación jurídica”, pues de lo contrario “vulneraría la autonomía e independencia del CPS el que uno de sus miembros se separara del cargo a petición de un órgano político como es el Poder Legislativo; esta situación afectaría el avance de diversas tareas y la toma de decisión”.

Los señalamientos de conflicto de interés contra Gómez Álvarez Pérez, quien ha reconocido su cercanía y amistad con Raúl Padilla López, cabeza del grupo político de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se deben a que lidera la asociación Transversal que desarrolla proyectos junto a instancias gubernamentales.

“En la actualidad aparece como director ejecutivo de Transversal Think Tank, en su portal de internet publicita los proyectos en los que está trabajando que, si bien podrían haberse celebrado antes del nombramiento de Gómez Álvarez como miembro del CPS (…), contravienen la citada cláusula sexta de su contrato con la Secretaría Ejecutiva del SEA, ya que son proyectos en colaboración con el Imeplan (Instituto Metropolitano de Planeación) y el Gobierno de Guadalajara”, señala el acuerdo legislativo.

La cláusula sexta del contrato que firmó Gómez Álvarez Pérez para integrarse al CPS, dice que “el prestador de los servicios no podrá, con motivo de la prestación de los servicios que realice a la entidad, asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo, y en general con el SEA de Jalisco”.

Los legisladores repararon en que Transversal tiene también el proyecto denominado Red de Actores Estratégicos en conjunto con la empresa Socialinks Consulting, que ofrece servicios de consultoría a líderes, corporaciones, gobiernos, organizaciones sociales y comunidades.

El Congreso también exhibió que Gómez Álvarez Pérez tiene un puesto de tiempo completo en la UdeG, lo que le impediría cumplir cabalmente con sus funciones en dicho comité donde tiene un sueldo mensual de 88 mil 435 pesos.

“Es actualmente docente e investigador de la UdeG de tiempo completo (…), trabajo por el que recibe un sueldo mensual de poco menos de 20 mil pesos (…). Con motivo del posible conflicto de interés que existe y persiste, al momento de no cubrir la carga horaria a la que se encuentra sujeto, lo correspondiente será que de igual manera se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa por parte del Órgano Interno de Control de la UdeG”, señala el acuerdo.

Persecución política

Gómez Álvarez Pérez ha rechazado las irregularidades que se le imputan y asevera que es víctima de una “persecución política” del Gobierno de Jalisco debido a que el CPS cuestionó la renovación del Consejo de la Judicatura que llevó a cabo en junio pasado el Congreso local, en la cual se seleccionaron a consejeros afines a Movimiento Ciudadano (MC) y al PAN.

Especialistas en derecho han señalado que el Congreso incluso violó la Constitución del estado para imponer a esos consejeros apadrinados por la dupla MC-PAN, por lo que el CPS emprendió acciones jurídicas para intentar revertir esa determinación legislativa.

Sin embargo, también es cierto que la designación de Gómez Álvarez Pérez como miembro del CPS en el 2019 causó polémica, debido a los nexos que mantiene con la clase política jalisciense, los cuales lo llevaron a ocupar la presidencia del Instituto Electoral estatal.

Los señalamientos contra David Gómez Álvarez se deben a que forma parte del CPS y al mismo tiempo lidera la asociación Transversal, cuando la ley lo prohíbe

Más señalamientos en el sistema anticorrupción

El acuerdo legislativo hace referencia a otras presuntas anomalías de Gómez Álvarez Pérez, que habría pasado por alto la Comisión de Selección que elige a los integrantes del CPS.

“Antes de ser designado como integrante del CPS fue señalado cuando aspiraba a ser consejero del entonces IFE, en octubre de 2010, cuando la Auditoría Superior del Estado le había hecho observaciones por 12.5 millones de pesos de su Cuenta Pública 2009 cuando presidía el Instituto Electoral”.

Otra muestra por la que no debe continuar con el cargo en el Sistema Anticorrupción, se lee, es la poca transparencia en sus últimas declaraciones fiscales, puesto que los últimos 4 años se reportan en ceros y no concuerdan con su estilo de vida.

El exhorto legislativo, impulsado principalmente por MC, llama “al titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que lleve a cabo una minuciosa integración de las carpetas de investigación de las denuncias presentadas en contra de David Gómez Álvarez, por posibles delitos cometidos de actos de abuso de autoridad, cohecho y enriquecimiento ilícito u otros señalados”.

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