El ‘Informe Sombra’

El 11 de junio Tania Ramírez habría festejado el cumpleaños 65 de su padre, pero no pudo hacerlo. No pudo, porque Rafael Ramírez Duarte fue víctima de una desaparición forzada poco antes de que ella naciera.

Su padre, como el de miles de personas es para el gobierno una simple estadística. Un número que para diversas organizaciones sociales y de derechos humanos está maquillado.

El “Informe Sombra” fue presentado hace unos días ante el Comité contra las Desapariciones Forzada de Personas de la ONU. En él, ocho organizaciones sociales dan cuenta de las imprecisiones o faltas a la verdad que cometió el Estado mexicano en su informe oficial que entregó el pasado 11 de marzo ante este mismo Comité. 

Contradicen la información gubernamental bajo el argumento de que no es “acorde con la realidad”.

En el documento que el gobierno mexicano presentó al organismo internacional sobre las desapariciones forzadas, con dos años de retraso, señaló que “se registran avances sustantivos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos en el país”.

Los ocho informes presentados por las organizaciones ante el Comité de la ONU difieren de esa percepción.  

Por el contrario, refieren que no se ha cumplido con la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas y que el Estado promueve “por acción y por omisión” que esta práctica continúe y que la impunidad sea la regla que impere.

Invisibilizan realidad

Juan López Villanueva, asesor legal de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), destacó el hecho de que más de 20 organizaciones a nivel nacional coincidan en puntos específicos frente al informe que el Estado mexicano presenta ante la ONU, aunque desafortunadamente no hay “nada bueno que reportar”.

En el informe que Fundem presenta -junto con cuatro colectivos más- se destaca que en la actualidad las desapariciones lleven el sello de la delincuencia organizada que “combate con amplia capacidad de fuego y abiertamente a la autoridad, o la coopta”, que ejercen control de amplias franjas de territorio nacional y sobre la población mediante “secuestros, ejecuciones o desapariciones, directamente, por mandato a las fuerzas policiales o en colusión con éstas”.

Sin embargo, se afirma en el reporte, tal circunstancia generalizada “está invisibilizada en el informe oficial”.

Ponen como ejemplos de la colusión entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada los diversos sucesos.

“Muchas desapariciones en este contexto deben ser consideradas típicamente forzadas, pues la delincuencia organizada actúa con el pleno conocimiento de la autoridad, la cual presenta enseguida todas las barreras posibles a las familias para acceder a la justicia”, destacan.

Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, aseveró que “la magnitud de la desaparición de personas es alarmante” y lamentó las “cifras contradictorias” que se manejan sobre este flagelo.

El compromiso

El 18 de marzo de 2008 México ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, comprometiéndose a no cometer desapariciones forzadas y a investigar aquellas que fueren obra de personas o grupos de personas que actuaran sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, según lo establecido en el artículo 3º de la propia Convención.

Los casos

Algunos ejemplos de la colusión entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada en desapariciones forzadas:

> 24 de agosto de 2012 

Dos funcionarios estadounidenses (incidente Tres Marías) fueron emboscados. Se detuvieron a 14 agentes de la Policía Federal ligados a la delincuencia organizada

> 8 de octubre de 2013

En Acapulco, 13 Policías Federales fueron detenidos acusados de secuestro 

> 24 de noviembre de 2013

En Saltillo, 14 Policías Federales fueron detenidos por brindar seguridad a un Jefe de la delincuencia organizada (El Ruso), quien también fue detenido.