El infierno de los centros de rehabilitación en Coahuila

Uno de los problemas que enfrenta el Estado de Coahuila es la falta de espacios para que las personas adictas puedan tratarse.

En los últimos años, los Centros de Rehabilitación o Anexos se multiplicaron sin regulación oficial de la Secretaría de Salud y sin una profesionalización de quienes trabajan ahí, lo que ha generado que los métodos sean impuestos por exadictos o grupos religiosos sin tomar en cuenta la dignidad humana a través de torturas y humillaciones, lo cual incluso ha provocado la muerte.

En el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidos por La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) sólo están dados de alta  tres establecimientos ubicados en la ciudad de Torreón.

Para pertenecer a dicho directorio, la CONADIC tiene que reconocer al establecimiento después de revisar que cumpla con las normas oficiales.

De igual forma, en el Directorio de Unidades de Salud Mental y Adicciones, sólo aparecen once establecimientos, los cuales pertenecen directamente a la Secretaría de Salud.

Las más consumidas

Las cuatro drogas más habituales por las que los consumidores requieren o solicitan rehabilitación en Coahuila son: tabaco, alcohol, mariguana y cristal.

La entidad del norte del país se encuentra entre los 11 estados que más demandan tratamientos por consumir Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA), que incluyen a las anfetaminas, metanfetaminas y el éxtasis, según la investigación “Contexto de la demanda de sustancias ilícitas en 2022-2023” publicado por Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones.

Historial de problemas

El tema se ha llevado al Congreso de Coahuila sólo por la diputada Teresa de Jesús Meraz García a través de varios exhortos tanto a la Secretaría de Salud como a la Fiscalía General de la República para que reporten avances en las investigaciones y en las regulaciones.

Hay motivos explícitos en los documentos legislativos para atender esta situación.

En el 2018, por ejemplo, se rescató a 89 personas hacinadas de uno de estos espacios, 24 de ellos menores de edad: los vecinos denunciaban, además del sobrecupo, condiciones inhumanas para vivir.

En el año 2021, en Saltillo, se encontraron por lo menos tres anexos que operaban con métodos de rehabilitación como maltratos, alejados de toda dignidad y respeto a los derechos humanos de los internos.

El 10 de junio del 2022, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Arteaga, derivado de una investigación en proceso por los delitos de violación y abuso sexual que habían sido presuntamente cometidos en contra de una mujer al interior del lugar.

El mismo año y mes, se reportó la muerte de un joven de 19 años, el cual comenzó a sentirse mal sin existir atención oportuna dentro del Anexo.

De enero a mayo del 2023 ocurrieron siete casos de muertes en centros de rehabilitación de Coahuila en tan solo cinco meses del año.

El pasado 23 de julio, se reportó la muerte de un hombre a causa de las lesiones que sufrió al interior de un anexo tras someterlo por presentar una crisis de agresividad.

No conforme con esta situación, muchos de éstos lugares cobran entre 25 mil y 66 mil pesos por el tratamiento.

Votadas en contra

Los cuatro puntos de acuerdo propuestos por la diputada Teresa de Jesús Meraz García fueron votados en contra por la mayoría priista del Congreso del Estado y nunca fueron dictaminados.

“Todos votaron en contra. Todos fueron rechazados. Yo tengo acercamiento con los jovencitos que viven cerca de mi casa y me han dicho que ellos prefieren que los metan a la cárcel que a un centro de rehabilitación. Cuando ellos entran, los amenazan y les dicen que no pueden hacer nada. Las familias los llevan a que los torturen y pagan por ello”, señala la diputada.

Ni ángeles ni demonios

Para el psicólogo clínico Juan Manuel Galarza, quien desde hace 14 años estudia el fenómeno de consumo de sustancias en la ciudad de Saltillo, estos centros de rehabilitación responden a un fenómeno complejo en dónde se debe de buscar la profesionalización de quienes tienen la voluntad de realizarlo.

“A veces son administrados por quienes padecieron una dependencia a las drogas y están encontrando en esto también una forma de vida.

“En el tema de los anexos yo te diría que no son ni ángeles, ni demonios. Es decir, sí han cometido muchas atrocidades y errores, pero también están dando respuesta a algo que nadie más quiere atender”.

Galarza dice que se tiene una deuda grande con la dignidad humana de quienes consumen drogas, por lo que se deben de buscar modelos más avanzados para subsanar el problema.

“Como sociedad civil, los gobiernos tenemos una deuda grande con los consumidores de sustancias para que puedan recuperarse.

“Por ejemplo, un adolescente que consume drogas, empieza a encontrar barreras para el ejercicio de sus derechos como la educación, la salud, la recreación, etcétera. Entonces, conforme avanza el problema estas  se van haciendo cada vez más grandes”, concluye.

Mujeres salvando mujeres

Las hermanas Mariana y Daniela Rodríguez fueron voluntarias en el Anexo para mujeres Esperanza de Vida durante el 2021, en Saltillo. El par realizaba terapias ocupacionales para la rehabilitación de las internas.

Al observar las irregularidades por las que pasaba este centro, decidieron salvar las vidas de quienes estaban dentro.

“Empezamos a notar cosas súper raras. No dejaban que platicaran con nosotras. Las regañaban y les hacían comentarios con relación a intercambiar cosas por comida”, narran.

Ellas estuvieron cinco meses con el voluntariado hasta que una de las mujeres internas se acercó a pedir ayuda porque la habían desnudado como castigo por besarse con otra mujer.

“Una de las personas ingresadas se acerca con nosotras y nos comenta que la habían golpeado y que le habían quitado la ropa porque la cacharon besándose con otra de las internas”.

Una semana antes del suceso, las hermanas voluntarias fueron encerradas debido a que se empezaron a escuchar gritos y golpes y el sonido de una chicharra.

Además, según información pública, dos internas ya se habían escapado del lugar por motivos desconocidos.

“Nos encerraron en la sala de clases porque se empezaron a escuchar gritos y golpes y yo estaba segura que había escuchado una chicharra. Cuando pregunté, fue cuando me dijeron que así las castigaban”, cuenta Mariana.

Tras estos sucesos fue cuando decidieron denunciar a las autoridades correspondientes, pues además verificaron que el centro no contaba con las normas establecidas por la Secretaría de Salud.

Veintisiete mujeres fueron rescatadas del anexo por la Fiscalía General del Estado, las cuales presentaban señales de maltrato físico.

El fiscal Gerardo Márquez Guevara anunció el operativo como parte de una serie de maniobras para regular los centros de rehabilitación.

Los elementos de la Fiscalía del Estado colocaron sellos de suspensión en el inmueble y dieron parte a la Subsecretaría de regulación sanitaria para que revisaran los permisos de operación.

Familiares de las mujeres que permanecían internadas se dieron cita en el lugar, pero las autoridades les avisaron que previamente llevarían a las jóvenes al Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres para ser valoradas e integrar los expedientes por maltrato.

“No nada más había golpes o las dejaban sin comida o bebida; las encerraban en un cuartito que me enseñaron que era un pedazo de piso con una jaula y una tina para que hicieran ahí sus necesidades.

“Había ocho camas para 38 personas y  les daban de comer comida echada a perder.  Las mujeres denunciaron violaciones, que fue por lo que se les pudo meter a la cárcel; nos comentaron que los golpes, las torturas, encerrarlas y dejarlas sin comer no era delito grave”, cuenta Mariana.

Ahora las hermanas realizan activismo y becan a personas para que puedan acceder a una terapia psicológica digna.

Gobierno opaco

Uno de los youtubers mexicanos que expone de forma explícita la manera en que se anexa a las personas es el regiomontano Christian Meza.

A través de vídeos, muestra el proceso que enfrentan las personas con problemas de adicciones en Monterrey y sus alrededores. Sus contenidos se caracterizan por registrar cómo someten a adictos en vivo.

Sin embargo, el pasado 7 de julio, la Policía de Acción y Reacción del Estado de Coahuila invitó al youtuber para grabar una demostración de sus tácticas.

Durante el vídeo de casi 12 minutos, el comediante pide que se confíe y respete a los elementos y señala de manera explícita que el gobierno de Coahuila lo invitó a realizar el contenido.

A través de una solicitud de información al Despacho del Ejecutivo, se preguntó la cantidad que se le pagó al personaje para elaborar este tipo de producción.

La respuesta señala que no encontraron la información solicitada después de una búsqueda exhaustiva.

Por su parte, tanto la Secretaría de Finanzas como la Secretaría de Seguridad Pública pidieron prórroga para responder sobre dicha cantidad.