El huachicol sigue presente en Jalisco
La estrategia para combatir el robo de combustible ha reducido la ordeña en tomas clandestinas en Jalisco, pero aún así datos de la FGR y Pemex revelan que en la entidad se han registrado 192 de éstas en lo que va del año y hay pocos detenidos
Jonathan ÁvilaLa lucha en contra del robo de combustible (huachicol) camina a pasos agigantados, pero aún no rinde los frutos necesarios para ser erradicado.
Jalisco, una entidad clave para los operadores del robo en ductos, sigue reportando cifras importantes de tomas clandestinas que no se comparan con el número de inculpados por este delito.
Información de Petróleos Mexicanos (Pemex) obtenida por Reporte Índigo vía transparencia muestra que entre enero y junio de 2019 se han registrado 192 tomas clandestinas en esta entidad.
Desde inicios de año esta cifra ha tenido una caída importante, lo que puede entenderse como parte de los esfuerzos del Gobierno federal por reducir el robo, pero que destaca en cuando a su continuidad en 2019. En enero las tomas clandestinas registradas fueron 107 y para junio solo hubo cuatro.
El dato pone a Jalisco como la séptima entidad del país en el robo de ductos, debajo de otros estados como Hidalgo (líder en el registro), Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz. En total se registraron siete mil 638 sustracciones directas en los ductos a nivel nacional en lo que va del año.
A partir de esa cifra se evidencia también un ligero incremento del 0.63 por ciento en el registro de estos robos, si se compara con las siete mil 590 tomas clandestinas que se contabilizaron en el primer semestre de 2018.
La cifra en cuanto al estado de Jalisco no apunta a un incremento en los robos, sino todo lo contrario. Pero sí habla de la persistencia en la realización de estos delitos por parte de los grupos que se organizan a nivel local para realizar estas actividades delictivas.
Los mismos registros de Pemex muestran que el año donde más reportes de tomas clandestinas se registraron fue en 2018, con una contabilidad de mil 550 tomas, una cifra muy por encima de las 530 del 2017 y que pusieron al estado en el sexto lugar nacional de ese año, además de ser el primer lugar en incremento de un año a otro, aumentando un 192 por ciento entre 2017 y 2018.
Por ahora es un delito que ha quedado marcado como un foco de alarma para el actual Gobierno federal, ya que desde su llegada éste impulsó una serie de estrategias directas para combatir este delito, lo que incluso llevó a una escasez de combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara a inicio de este año.
Sentencias por huachicol
La persecución del delito ha rendido sus frutos. A finales de julio se dio a conocer el caso más reciente en el cual se sentenció a dos personas por dedicarse al robo de combustible en Jalisco.
Habían sido detenidos en 2018 por elementos de la Policía Federal en el municipio de Tala cuando se trasladaban en carretera con una carga de alrededor de 37 mil libros de combustible del cual no pudieron acreditar su procedencia lícita.
Los inculpados recibieron su sentencia en el Juzgado de Juicio Oral en Jalisco, donde se les dictó una condena de ocho años en prisión y el pago de una multa por 644 mil 800 pesos.Ahora se encuentran en el Reclusorio Varonil en Puente Grande.
No obstante, los datos aportados por la petrolera mexicana contrastan enormemente con el número de detenidos que hay a raíz de estos delitos. Según información brindada por la Fiscalía General de la República, en comparación con las 192 tomas clandestinas de este año, en Jalisco sólo ha habido unas decenas de aprehendidos por dicho delito.
En cuanto a la FGR, existen dos registros que dan cuenta del número de inculpados por la realización de los robos en Jalisco, uno de ellos son los que da cuenta la Coordinación de Supervisión y Control, que muestra un total de 33 detenidos por robo de hidrocarburos entre enero y junio de 2019.
La mayoría de los detenidos, 17 según los registros de enero y abril, realizaban sus actividades ilícitas en las ciudades de Zapopan y Guadalajara, pero también hay inculpados en municipios como Ciudad Guzmán, al sur de Jalisco; Lagos de Moreno, límite con Guanajuato; Tequila y Puerto Vallarta.
Por su parte, la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, de la misma dependencia federal, da cuenta de un total de 10 detenidos por actividades criminales ligadas a la sustracción de combustible.
Seis de los detenidos, cuyos registros muestran que fueron aprehendidos entre el 25 de enero y el 27 de febrero, están en investigación por el delito de robo de hidrocarburo, mientras los cuatro restantes, a disposición de la autoridades desde el ocho de junio, fueron consignados por delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.
Otro dato que llama la atención en el panorama que muestran las autoridades federales es la baja en las denuncias por el robo de combustible. Según lo que muestra Pemex, se pasó de 640 denuncias en 2018 a 79 entre enero y junio de 2019. Un dato relevante puesto que ahora hay un ambiente político y de persecución de estos delitos cuya denuncia podría ser investigada a fondo.
Por lo que se sabe, este tipo de hechos delictivos involucran diversas formas de llevar a cabo el acto criminal, desde la operación interna en las estructuras de Pemex para sustraer el combustible, hasta mecanismos externos que, principalmente, se han ligado a grupos del crimen organizado según la región en la que se opere el robo.
La organización México Evalúa señala que prácticamente los delitos de robo de combustible se dan mediante la sustracción de pipas cargadas y la extracción directa en los ductos a partir de tomas clandestinas. Sus encuestas revelan que el 80 por ciento opta por el robo de pipas y el 20 restante a través de ductos.
Para el caso de Jalisco, según lo que muestra la FGR, al menos en lo concerniente a 2019 el robo se ha dado a través del saqueo en tomas clandestinas y no en la apropiación del contenido de pipas, ya sea con gasolina o gas LP, incluso ni en los propios ductos de gas LP, como sí ocurre en Guanajuato, Puebla, Nuevo León o San Luís Potosí, principalmente.