Hace poco más de dos semanas, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, rindió su quinto y último informe de Gobierno en medio de la polémica por la duda de dónde dejó su administración mil 900 millones de pesos que le entregó el Gobierno federal y no pudo justificar su destino.
Desde el Congreso local y a puerta cerrada, Riquelme centró su discurso en sus supuestos logros en materia de seguridad y agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero en todo momento evitó hablar del boquete y la deuda que dejará en las finanzas públicas de la entidad.
La duda de dónde quedaron casi 2 mil millones de pesos fue exhibida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su última entrega del análisis de la Cuenta Pública de 2021.
La ASF detectó, luego de 17 auditorías que realizó en la entidad, que la administración de Riquelme no pudo aclarar el destino de cientos de millones de pesos que le otorgó el Gobierno federal y deberían de ser destinados a salud y educación.
Un ejemplo de esto, es la auditoría número 2021-A-05000-19-0691-2022 “Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica, Politécnica y Pública con Apoyo Solidario” en la que la ASF revela que el Gobierno estatal transfirió 170 millones 537 mil 500 pesos menos a instituciones de Educación Superior y Media Superior de lo acordado.
Es decir, en la Cuenta Pública de 2021, la Federación transfirió al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza 482 millones 095 mil pesos para Educación Media Superior y 243 millones 552 mil 400 pesos para Educación Superior en su vertiente Tecnología y Politécnica, pero la administración de Riquelme Solís solamente proporcionó evidencia documental de la transferencia de 340 millones 520 mil 800 pesos a Educación Media Superior y 199 millones 590 mil 700 pesos a Educación Superior.
Los 170 millones 537 mil 500 pesos que no fueron aclarados representan el 23.50 por ciento de los recursos asignados para el rubro con el que se benefician el Colegio de Bachilleres del Estado de Coahuila, las cuatro universidades politécnicas de la entidad, las ocho universidades tecnológicas y tres instituciones educativas más.
Es decir, una cuarta parte del presupuesto federal asignado para estas instituciones no se sabe en dónde quedó.
Debido a esta situación, la ASF señaló que detectó en el análisis dos irregularidades las cuales generaron “Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria”.
“En el marco de la revisión de la transferencia de recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del estado de Coahuila de Zaragoza y el Convenio de Apoyo Financiero. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente”, concluyó la ASF.
¿Y el dinero para salud?
Un caso similar ocurrió en el sector salud. La ASF reveló que del total de recursos sin justificar en la revisión de “Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios”, es decir, servicios de salud estatales en todo el país, el 74 por ciento, mil 291 millones de pesos, corresponden a la administración de Miguel Ángel Riquelme.
“En Coahuila, la Secretaría de Salud no acreditó el origen y destino del aumento presupuestario de 824 millones de pesos. Además, reportó un aumento del 37 por ciento en servicios personales, es decir, el pago a personal, con respecto al año previo, pero se identificaron recursos pagados en exceso respecto al límite permitido en la asignación global de servicios personales por 442 millones de pesos”, señaló la Auditoría.
La ASF además detectó que no se comprobó el destino de 23 millones de pesos por ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal 2021.
“No se presentó evidencia de que se destinaron para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones”.
En total, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones al 26.3 por ciento de los recursos federales auditados en Coahuila, que representaron el 88.35 por ciento del total recibido.
Con estas cifras, la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís ocupó el primer lugar a nivel nacional en la lista de entidades que deben de aclarar mayores montos de dinero otorgado por el Gobierno federal
Silencio absoluto de Miguel Riquelme
A pesar del boquete en las arcas de los recursos federales para educación y salud, el gobernador Riquelme dijo durante su último informe de gobierno que desde el inicio de su gestión fortaleció el sistema de salud.
Además, saludó con sombrero ajeno al recordar que Coahuila fue el primer estado del país en vacunar a personal médico, maestros, adultos mayores y a la población infantil contra el COVID-19.
En el tema educativo, Riquelme solamente destacó que en la entidad ya recuperaron la normalidad luego de que el 99 por ciento de los alumnos regresaran a las aulas.
Sobre el boquete en las finanzas y los casi dos mil millones de pesos por aclarar, no mencionó palabra.