El gran despojo

Yum Balam que en maya significa “Señor Jaguar”, debe su nombre a que en esta zona ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, al noreste de Quintana Roo, habitaba un gran número de esos felinos adorados otrora por los “Guardianes del Tiempo”.

Hoy, los habitantes de esta reserva ecológica en la isla de Holbox, una de las regiones más pobres del Estado, enfrentan un calvario de más de 13 años de litigios en tribunales agrarios y amparos que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia.

La causa: despojo y fraude contra más de 65 de los 116 ejidatarios y propietarios de las tierras de esta isla, santuario del tiburón ballena y donde existe una enorme biodiversidad de manglares, fauna y flora silvestre.

Con artilugios de que mejoraría la calidad de vida de los lugareños y habría trabajo para todos con un desarrollo turístico de altura, el empresario yucateco Fernando Ponce García envolvió a los ejidatarios. Esta reserva ecológica protegida, tierra de pescadores tiburoneros desde 1884, fue declarada ejido por el presidente Lazaro Cárdenas.

Desde 1995, Fernando Ponce, concesionario de Coca-Cola en el sureste del país, comenzó -a través de sus propios agentes de ventas- a convencer a los ejidatarios para desarrollar el turismo en la isla.

¿Mejor calidad de vida?

El empresario comenzó, con todo interés, a cambiar las lanchas de los pescadores, los motores. Incluso les regaló televisiones. Algo que no había en la isla.

Junto con su yerno Ermilo Castilla Roche constituyó con los ejidatarios el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, el 17 de enero de 2006. Como fiduciario participó el banco JPMorgan, Sociedad Anónima.

“Nos engatuzó y despojó de una extensa parte de terreno que era área natural protegida y llega hasta Cabo Catoche”, denuncia a Reporte Indigo Nivardo Mena, presidente del Comisariado Ejidal de Holbox.

El también concesionario de Volkswagen, Porsche, International Cummings, Toyota y otras trasnacionales en la region los convenció de que vendieran sus tierras mediante un contrato de prestación de servicios.

Modificó los planos del ejido y creó una sociedad mercantil “para beneficio de los ejidatarios”, quienes comenzaron a aparcelar la isla.

Incluso les ofreció hacer las mediciones a cambio de que le cedieran cinco kilómetros lineales de plaza, un procedimiento que hace gratuitamente el gobierno.

El contrato se realizó ante el notario público número 68 de Yucatán, Víctor Manuel Correa Mena, y ahí convencieron a los ejidatarios para que aportaran al fideicomiso sus parcelas de 4.5 hectáreas, cada una, y ofrecerlas al mejor postor.

Para su sorpresa, JP Morgan ya tenía comprador para todas las tierras.

Se trataba del propio Ponce García, quien lo hizo a través de la empresa Península Maya Development S.A. de C.V, en contubernio con Península Maya Group, propiedad de su yerno en ese momento.

Fue así que el primero de octubre de 2008, Fernando Ponce y Ermilo Castilla lograron que 65 de los 116 ejidatarios aceptaran vender sus parcelas de 4.5 hectáreas.

El dinero cubriría las parcelas de 4.5 hectáreas, con 100 metros de playa y 400 metros de fondo.

Pero el valor catastral real de cada uno de esos 116 lotes es de 99 millones de pesos, lo que significa que solo recibieron el cinco por ciento de su valor.

A finales de ese mismo año se realizó una Asamblea General de Ejidatarios para acordar la separación de los 65 que vendieron y que la cesión de derechos sobre el uso común de tierras se hiciera a favor de Germán Ahumada Alduncín, propietario de Casas ARA y padre de Germán Ahumada Russek.

El 30 de junio de 2009, nueve ejidatarios demandaron la nulidad de la aportación que hicieron al fideicomiso de Ponce García, el juicio agrario 250/2010 se radicó en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 con sede en Chetumal.

Pero el tres de junio del año siguiente, el comisariado ejidal presentó demanda de nulidad de la asamblea de enajenación de bienes y de la asamblea del 28 de diciembre de 2008, en la que se separó del ejido a 65 ejidatarios.

La demanda se radicó en el juicio agrario 312/2010 del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 de Chetumal, y el magistrado Benjamín Arellano Navarro, del mismo tribunal, falló el 14 de julio de 2010 a favor de los nueve ejidatarios.

En menos de dos meses, recuerda Mena Villanueva, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, removió a Arellano Navarro y nombró a Georg Rubén Silesky Mata, quien actúa en favor de los intereses de Ponce García.

Martínez Guerrero, advierte, es consuegro de Roberto Hernández, ex accionista de Banamex y quien adquirió la mayoría de las haciendas henequeneras en Yucatán.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo sino al robo y al despojo que han hecho de nuestras tierras, creíamos tener el apoyo del ex gobernador del Estado, Félix González Canto, pero él está coludido con Ponce García”, denuncia el ejidatario.

Todo lo hicieron “por debajo del agua” porque el Registro Agrario Nacional nunca les advirtió nada.

Tan es así, dice, que al momento de la venta la entonces delegada del RAN, la ex alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, “calificó de inmediato la operación como fraudulenta.

“Vimos hace poco al gobernador del Estado Roberto Borge y le dijimos lo que estaba pasando y los años que llevamos peleando nuestras tierras, pero como ‘Pilatos’, se lavó las manos”.

Buscaron el aval del gobierno

Para lograr el objetivo final, Ponce García buscó el respaldo institucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semernat).

Pero nunca mencionaron los litigios pendientes en el Tribunal Unitario Agrario 44 de Chetumal por el despojo de la tierra ejidal ni los juicios de amparo agrario TUA-44-474/2009 que están en trámite de revisión en la Suprema Corte de Justicia.

Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat, autorizó el 9 de agosto de 2011 “por órde

nes del presidente Felipe Calderón”, el desarrollo de un proyecto turístico en este santuario del tiburón ballena.

A la semana de ese cónclave con la “casta divina” yucateca, Calderón se trasladó de Cozumel a Holbox para vacacionar con su anfitrión Fernando Ponce, relata Fidel Mena Villanueva.

En ese momento se aprobó el proyecto denominado Península Maya Developments con una inversión prometida por 850 millones de dólares para los siguientes siete años.

El director general del Nuevo consorcio PMD, es Jean Luouis Guinchard, CEO de Real Development Partners, firma que se encarga de la operación de grandes desarrollos turísticos y que opera junto con la consultora Ernst & Young.

El objetivo: desarrollar para fines turísticos e inmobiliarios 980 hectáreas para la construcción de tres “hoteles boutique”; 45 hectáreas para 866 lotes residenciales; 1.5 hectáreas a un área comercial; 69 más consideradas como “lotes de preservación” y un Centro de Interpretación Ambiental.

Según el plan de negocios, a la fecha existe una inversión de 100 millones de dólares –que ningún lugareño ha visto- y se tienen programados 600 millones más en una segunda fase.

“Hemos sido pescadores toda la vida”, comenta Fidel Mena, “se presenta la oportunidad de que te den un dinerito la aprovechamos, pero nunca imaginamos que esto iba a pasar.

“Estamos dispuestos de llegar hasta las últimas consecuencias. Han tratado de intimidarnos, nos han amenazado y ahora Ponce ni se para por acá”.

Intentamos negociar con la empresa, con el gobierno del Estado y el ejido pero no llegamos a ninguna conclusión. “Les propusimos que nos dieran tres millones más por ejidatario, pero nunca aceptaron”.

La propuesta de Ponce forma parte del proyecto Península Maya, conocido como La Ensenada, que ofrece terrenos comerciables a lo largo de 21.25 kilómetros de franja costera en Holbox, entre Punta Mosquito y Cabo Catoche.

La superficie a desarrollar es de 40 mil metros cuadrados.

El abogado Carlos Odriozola Mariscal, quien los asesora desde hace más de un año, confirmó a Reporte Indigo que hay demandas en contra de Ponce García y Castilla Roche, por haber despojado de sus tierras a los ejidatarios.

Aunque existen más de mil parcelas, propiedad de los Ponce en Holbox, advierte, “en el Registro Agrario Nacional desaparecieron todo el expediente anterior”.

Los hicieron firmar la venta de sus parcelas y las tierras de uso común, cosa que también es ilegal, y se quedaron con todos los derechos de sus tierras, detalla.

“Hemos demandado la nulidad de todas esas operaciones, tanto con el Fideicomiso como las realizadas desde l998 a la fecha”.

Asegura que se va a impugnar al Fideicomiso ilegal formado por Ponce García y al Fiduciario JPMorgan. “Nos llevará tiempo obtener resoluciones firmes porque son muchas demandas”.

Una telaraña de intereses

En este entramado de despojo y fraude de las tierras de Holbox, denuncian los lugareños, está involucrado también Jaime Manuel Zetina González, primo de Félix González Canto, ex empleado de Ponce García y ex secretario de Fomento Económico y Desarrollo Empresarial de la gobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco.

A Zetina González lo identifican en la isla como prestanombres del ex gobernador de la entidad, pues “de la noche a la mañana” se hizo de 12 lotes, denuncia el pescador y ejidatario Heliodoro Jiménez.

Las pruebas están en los folios 185115, 185101 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, y en la escritura pública número 498 del notario 33, José Francisco Peniche Segura, del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Pero la telaraña se extiende al empresario yucateco Arturo Millet, socio del ex candidato a la alcaldía de Nuevo León por el PRI, Felipe Enríquez, a quien se señala como compadre del presidente electo Enrique Peña Nieto.

Enríquez es inversionista en Isla Blanca, al igual que Millet, a través de su cuñado y prestanombres Hugo Flores Toba. Junto con Millet y Ponce, Enríquez también tiene intereses en los terrenos que se disputan en la isla de Holbox.

Al amparo de la ley

Las Nubes, un exclusivo hotel destaca en la isla de Holbox. Se construyó pese a que la Semarnat y la Profepa negaron su autorización porque afectaba los manglares y la fauna de esta reserva ecológica.

Su dueño, Alejandro Patrón Laviada, mejor conocido en Holbox como “La Vaca”, hermano de Patricio Patrón Laviada, ex titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Comenzó su construcción sin tener permisos y violando la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La representante legal de la Operadora Rumbo al Trópico que inició la ampliación de este hotel, antes conocido como Capricho es, según los lugareños, Bárbara Gabriela Hernández Rodríguez, hermana menor de Roberto Hernández, ex accionista de Banamex.

Los Hernández Ramírez, dicen, son tíos políticos de los Patrón Laviada.

Las Nubes cuenta con 20 habitaciones y exclusivas cabañas; alberca y restaurante con vista al mar. Aquí, una noche cuesta entre 500 y mil dólares.

Las cuatro cabañas que no tienen vista al mar son las que se construyeron sin tener autorización, porque la delegación de la Profepa las clausuró. 

“Vinieron los de Profepa, pusieron los sellos, pero el hotel siguió funcionando como si nada”, cuenta a Reporte Indigo el pescador Heliodoro Jiménez.

Ya se amplió el Paseo Kuká, la única calle en la isla que posee un camellón y farolas, porque es el camino que lleva directo al hotel Las Nubes.

En septiembre de 2008, un boletín de prensa de la Profepa informó que la clausura “parcial y temporalmente” de las obras de ampliación de Mi Capricho obedecía a que afectaban el hábitat de especies arbóreas (palma chit y mangle blanco) listadas en las categorías de riesgo, amenazadas o sujetas a protección especial”.

El hotel está asentado en un predio de mil 448 metros cuadrados, y las cuatro cabañas de dos niveles que albergan 11 cuartos equivalen a fijar 76 cuartos por hectárea.

La densidad más alta, aplicable en el Estado de Quintana Roo, está en la zona hotelera de Cancún y es de 50 cuartos por hectárea.

El emporio de Ponce

Fernando Ponce García es dueño de Grupo Bepensa que tiene en su portafolio a las marcas Coca-Cola, Cristal y Agua Purificada Cristal, Friolín, Jugus y Bevi.

A partir de ahí expandió su emporio a negocios de distribución y transporte, y talleres mecánicos.

Obtuvo la concesión de automóviles Volkswagen y Camiones International e inició el negocio de renta de maquinaria.

Incursionó en el mercado de agua purificada, fabricación de enfriadores y carrocerías, y comenzó la elaboración de envases y tapas para las bebidas.

Su catálogo incluye productos químicos para la industria, mantenimiento y tratamiento de agua:

MegaEmpak, con cuatro plantas en Mérida, Cancún, Guadalajara y Querétaro.
Metaplus, fabricante de carrocerías y enfriadores.

Cinplasa, dedicada a la transformación de resinas para la fabricación de productos plásticos para la industria.

Innopack, planta industrial donde se manufacturan preformas para botellas y envases plásticos, así como tapas de polipropileno.

Plastherm fabrica productos de polietileno y polipropileno, principalmente empaques flexibles y bolsas.

Agronegocios, donde se produce leche con la marca propia, Lattia, Bepensa Motriz es la división que abarca las empresas de distribución de automóviles Porsche, Audi, Volkswagen y Seat, maquinaria y camiones, y las arrendadoras de vehículos y maquinaria.