En medio de la tragedia por los sismos registrados el 7 y el 19 de septiembre han surgido iniciativas para destinar los recursos de financiamiento a los partidos políticos en favor de la reconstrucción y el apoyo a los damnificados; sin embargo, sigue habiendo un gran derroche en otras áreas del sector público cuyo monto podría hacer una gran diferencia en este momento de emergencia.
A pesar de los recortes al gasto público en los últimos años y a que, en teoría, el gobierno y las dependencias viven un momento de austeridad, persisten gastos superfluos en los tres poderes, desde el ejecutivo y el legislativo hasta el judicial, y en dependencias como el INE, que suman miles de millones de pesos erogados en gastos no prioritarios y de manera poco transparente.
Para muestra está el gasto en publicidad que ha venido ejerciendo el Gobierno federal. Tan sólo en el presupuesto de egresos 2017, la Secretaría de Hacienda presupuestó 2 mil 720 millones de pesos, y para 2018 plantea un gasto de 2 mil 623 millones.
Sin embargo, algunos estudios de organizaciones de la sociedad civil basados en los datos oficiales argumentan que a pesar de que cada año se propone un recorte en este rubro, al final se termina ejerciendo una cantidad mayor a la presupuestada originalmente.
En el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado también persiste el derroche.
Reporte Indigo documentó que entre 2012 y agosto de 2017, la Cámara de Diputados ha destinado cerca de 15 millones de pesos del erario público en la compra de café, refresco, agua purificada, sustitutos de crema, azúcar y galletas.
Según la SHCP, en 2017 la Cámara tiene asignados 59 millones de pesos para el rubro de Alimentos y Utensilios.
En el Senado de la República, se ha cuestionado (entre otros) las erogaciones para los gastos de boletos de avión de los legisladores, donde se ha documentado el pago de un solo boleto de avión con un costo de más de 200 mil pesos.
En el rubro de servicios de traslado y viáticos, la Cámara Alta tiene un presupuesto de casi 40 millones de pesos para 2017.
Además, las dos cámaras suman en servicios de comunicación social y publicidad un monto superior a los 180 millones de pesos para el ejercicio 2017.
El Instituto Nacional Electoral, hoy foco de atención por los miles de millones de pesos que se le han asignado para el proceso electoral 2018, también ha sido blanco de las críticas por la forma de ejercer los recursos públicos.
Diversas investigaciones periodísticas han denunciado irregularidades tanto en su operación, la poca austeridad con la que ejerce sus recursos y anomalías en los sueldos destinados a su personal administrativo.
Una investigación del periódico El Universal en agosto de 2016 puso en evidencia que al menos 33 personas no habían acreditado los estudios académicos que su plaza requiere y cuyo salario oscilaba entre los 29 mil y los 110 mil pesos mensuales.
El Instituto, tan sólo en las remuneraciones al personal de carácter permanente ejerció en 2016 mil 68 millones de pesos, y en remuneraciones a personal de carácter transitorio gastó más de mil 600 millones de pesos.
El Consejo de la Judicatura Federal, perteneciente al Poder Judicial, es uno de los órganos que más le cuestan al erario. De los 77 mil millones de pesos programados para el gasto del Poder Judicial en el Paquete Económico 2018, el Consejo recibiría más de 67 mil millones; en 2017 le fueron destinados poco más de 60 mil millones.
De esos 60 mil millones, el Consejo de la Judicatura destina este año más de 47 mil millones en servicios personales, de esa cantidad son 6 mil 456 millones en remuneraciones al personal permanente y mil 249 al transitorio, y en el rubro de ‘otras prestaciones sociales y económicas’ el gasto es de 25 mil 381 millones.
Precisamente en el rubro ‘otras prestaciones sociales y económicas’ u ‘otros servicios generales’ , sin que sean específicos, es en donde muchas de las instituciones tienen contemplado una gran parte de los recursos que se le asignan.
La Cámara de Diputados por ejemplo tiene contemplado 959 millones de pesos en el rubro ‘otros servicios generales’ mientras que el Senado tiene presupuestado más de mil millones para 2017.
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