Decretado el fin de la pandemia de COVID-19 el pasado 9 de mayo, el Gobierno federal disminuyó de manera considerable sus erogaciones para hacerle frente a los estragos del SARS CoV2.
En la conferencia de prensa matutina en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la conclusión de la emergencia sanitaria, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, sostuvo que el país cumplía con las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para suspender la alerta: los contagios y fallecimientos tendían a bajar, y había inmunidad entre la población.
El funcionario, quien fue el estratega del Gobierno federal frente a la crisis de salud, dijo también esa misma mañana que la administración federal iniciará un plan a largo plazo para enfrentar el coronavirus, un agente que se mantendrá de manera “endémica” o como parte de la normalidad en el país.
La @Ssalud_mx informa la entrada en vigor de un decreto presidencial por el que se oficializa el fin de la emergencia sanitaria por #COVID19 en México, luego de cumplirse por varios meses las condiciones determinadas por la #OMS, entre ellas, una tendencia… pic.twitter.com/2GUIka2aFZ
— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 9, 2023
En esta etapa, el Gobierno federal mantiene vigentes 21 contratos firmados este año por 29 millones 806 mil 524 pesos, un monto muy lejano al del escenario catastrófrico que se vivió en noviembre de 2020 cuando la erogación fue de 10 mil 408 millones 72 mil 933 pesos a través de 2 mil 783 contratos, según quedó registrado en Compranet.
Si en 2020, el promedio por contrato para enfrentar la COVID-19 era de 55 millones 826 mil 321 pesos, ahora es de 1 millón 419 mil 358 pesos. En este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene solo tres servicios contratados de ambulancias para pacientes portadores o sospechosos de COVID-19 con proveedores que están registrados como personas físicas. La suma por ello es de 888 mil 380 pesos cuando los años anteriores esos servicios fueron millonarios.
La pandemia le dejó a México por lo menos 334 mil defunciones, según las cifras del recién renombrado Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías. Pero la amenaza de la muerte también se difuminó en los gastos del Gobierno. Si en 2021, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia –organismo que se hizo cargo durante la crisis de administrar el programa Apoyo para Deudos COVID– gastó 230 mil 364 pesos en el servicio para distribuir estos montos, ahora tiene un contrato por 45 mil pesos por ese mismo concepto.
En 2020, las medidas para contener la propagación del virus fueron de menos a más hasta llegar al confinamiento y la restricción a la movilidad. Ahora, cuando México llegó al epílogo de la crisis, el Gobierno federal no cuenta con ningún contrato para la salud mental que la misma OMS señaló como una de las áreas que más afectaciones tendría una vez llegado el fin.
Hugo López-Gatell, el Zar cuestionado por la pandemia https://t.co/OaUW9eUGil a través de @Reporte_Indigo
— Fernando Santillán (@fernansantillan) August 23, 2022
El temor al contagio parece haberse ido de las entidades públicas. Los cubrebocas y el gel antibacterial dejaron de ser prioridades en las listas de adquisiciones. El único organismo que aparece con contratos para proteger a sus trabajadores es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con una adquisición de esos insumos con Esteri-Mex S.A. de C.V. para los encuestadores que participarán en los proyectos no censales y censos económicos 2024.
A su vez, la Comisión Nacional del Deporte es la única instancia que mantiene una contratación vigente para detectar y monitorear el virus SARS CoV2 por 3 millones 499 mil pesos con el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
En cuanto a difusión, la Secretaría del Bienestar tiene un servicio de impresión de material para usar en los operativos de sus programas prioritarios en los que promueve acciones de vacunación. El gasto en mensajes especiales ya no aparece.
Los demás contratos que en este momento se ejercen los firmaron organismos del sector Salud para adquirir medicamentos, material médico quirúrgico; además de contratar servicios como atención a embarazos de alto riesgo por COVID-19, así como sanitización.
Tres años después de decenas de miles de millones de pesos
En el año nuevo de 2020, un virus con forma de corona se expandió en el planeta. Los hospitales se saturaron y la economía retrocedió cuando el confinamiento frenó al sector de los servicios. El Gobierno mexicano reconoció la crisis sanitaria el 30 de marzo mediante un decreto.
Había que salir al mundo a comprar medicamentos y ventiladores para paliar la pandemia bautizada como COVID-19; de modo que con otro decreto, publicado el 4 de abril, la administración le otorgó el permiso a ciertas dependencias y organismos a comprar mediante adjudicación directa.
“Las Secretarías de Salud; de la Defensa Nacional, y de Marina; así como el Instituto de Salud para el Bienestar; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a sus recursos disponibles, serán las unidades facultadas para adquirir y, en su caso, importar los bienes y servicios, así como las mercancías y objetos a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto señalado en el artículo anterior”, se lee en el decreto.
De acuerdo con las disposiciones gubernamentales, las dependencias autorizadas gastaron en conjunto decenas de miles de millones de pesos de manera directa. Tres años después, México enfrenta la pospandemia con apenas una veintena de contratos que no suman ni cien millones de pesos.
