México tiene una deuda con la verdad, la justicia y el acceso a la información.
A través de los años y sin importar el gobierno en turno, pocas veces el Estado ha sido capaz de esclarecer los crímenes o agresiones en contra de figuras públicas, ya sean políticos, activistas o periodistas.
Aunado a esto, la información que brindan sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y los avances de las mismas suelen permanecer ocultos para la ciudadanía
Uno de los casos más actuales que ejemplifica esta realidad es el asesinato de la periodista de investigación Miroslava Breach ocurrido el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, el cual a pesar de las exigencias y exhortos del gremio periodístico, de la sociedad civil y hasta de organismos internacionales para que se resuelva y se transparente la investigación, poco se sabe sobre el trabajo que han realizado las autoridades correspondientes.
Esta situación se replica con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la ‘Verdad Histórica’ creada por el propio Gobierno federal o con las violaciones a derechos humanos cometidas por militares y policías en Atenco contra los pobladores, entre muchos otros acontecimientos que evidencian la falta de capacidad y compromiso por parte de las autoridades mexicanas para atender este tipo de casos como lo dicta la Ley.
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Sin embargo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha logrado dar un paso que ayuda a romper con esta tradición al conseguir la desclasificación del expediente completo del proceso penal condenatorio contra Mario Aburto de 1994, el asesino confeso del entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, hace casi 25 años.
Las hipótesis
En las más de 9 mil hojas de este expediente, hasta hoy en resguardo de las autoridades, hay documentos sobre cómo se sostuvo oficialmente la hipótesis del “asesino solitario”. Además, también aparecen las pruebas presentadas por la defensa de Aburto, así como dictámenes oficiales, partes policiales, declaraciones y recreaciones, con lo que MCCI hizo una comparación entre lo informado oficialmente por las autoridades en su momento y lo que las pruebas y testimonios recabadas realmente demostraban.
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De manera oficial, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como el de su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, sostuvieron la hipótesis de que el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio llegó a un mitin en la ciudad de Tijuana, en la colonia Lomas Taurinas.
Poco antes de las cinco de la tarde empezó el evento político donde fue recibido por cientos de colonos.
A las 5:12 de la tarde, la bala de un revólver Taurus calibre .38 perforó la cabeza del candidato. Unos segundos después otra bala entró por el estómago. Se le trasladó a un hospital. El que disparó se llamaba Mario Aburto Martínez y había logrado evadir al Estado Mayor Presidencial. Trabajaba en una maquiladora. Y cuando se le arrestó confesó que lo hizo “porque de acuerdo a sus ideas personales quería evitar hechos que pudieron pasar semejantes a los que ocurrieron en Chiapas”.
En las miles de hojas de la averiguación hay documentos sobre cómo se sostuvo oficialmente la hipótesis del “asesino solitario”
Sin embargo, ante las sospechas de que el asesinato fue orquestado desde las altas esferas del poder y para cerrar el expediente de manera definitiva, Salinas de Gortari creó la Fiscalía Especial para el Caso Colosio, en la cual durante siete años cuatro fiscales fueron designados y en donde cada uno de ellos presentó hipótesis y teorías diferentes sobre el hecho.
De acuerdo con el documento publicado por MCCI, el primero fue Miguel Montes, quien dijo que Mario Aburto había tenido cuatro cómplices, luego cambió de hipótesis: aseguró que se trató de un asesino solitario y que el candidato dio un giro de 90 grados antes de caer. Tras cinco meses en el cargo Montes renunció.
La siguiente fue Olga Islas de González Mariscal, quien se ocupó de llevar 22 líneas de investigación, ninguna de ellas relacionada con un posible segundo tirador. Fue ella quien logró la sentencia de 42 años contra Mario Aburto el 21 de octubre de 1994.
En sus conclusiones sostuvo que Aburto se hacía llamar Caballero Águila y que mató al candidato presidencial. Según su investigación primero le dio un balazo en la cabeza, cinco segundos después y ya con el cerebro perforado, Colosio dio un giro de 90 grados, quedó de frente al presunto asesino, quien le disparó un segundo balazo en el estómago. Olga Islas también renunció a los cincos meses, en diciembre de 1994.
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El siguiente fiscal fue Mario Chapa Bezanilla, quien rechazó la tesis del giro de 90 grados y aseguró que hubo un cómplice. Entonces metió a la cárcel a un hombre llamado Othón Cortés, pero un año después se comprobó que los testigos que lo inculparon fueron inducidos y mintieron. El 30 de agosto de 1996, Chapa Bezanilla fue removido de la Fiscalía Especial.
Al concluir el sexenio de Salinas, Ernesto Zedillo, nombró como fiscal a Luis Raúl González Pérez para disipar las dudas que se manejaban entre la opinión pública; una de ellas la existencia de un segundo tirador
González Pérez sostuvo la hipótesis del asesino solitario, y en el año 2000 se clasificaron todos los documentos de la averiguación previa argumentado que en el futuro podrían aparecer nuevas pruebas, por lo que los mexicanos podrían tener acceso a las 68 mil fojas que conforman todo el expediente del caso Colosio a partir del año 2035.
Los puntos clave
Con la desclasificación del expediente ha quedado demostrado que la versión del asesinato de Colosio hecha pública estuvo basada en testimonios de personas que no se encontraban en el lugar, que muchas de las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, incluida la del propio Mario Aburto, y que se tomaron como evidencia pruebas que en su momento se pidieron fueran descartadas, entre muchas otras irregularidades.
Dentro de todas éstas, MCCI destaca algunos puntos clave que contrastan entre la versión oficial y lo que realmente sucedió de acuerdo con el propio Aburto, los testigos interrogados y hasta los policías que realizaron la detención.
En los documentos se detalla que nueve policías federales elaboraron un parte informativo sobre la muerte del priista en el que se explica que Aburto les confesó su responsabilidad en el crimen
El primero de ellos señala que todos los detalles de la muerte de Colosio se saben gracias a un parte informativo elaborado por nueve elementos de la Policía Federal adscritos a la ciudad de Tijuana, quienes, según ellos, cuando arrestaron a Mario Aburto confesó que lo hizo “porque de acuerdo a sus ideas personales quería evitar hechos que pudieron pasar semejantes a los que ocurrieron en Chiapas”.
Sin embargo, en la ratificación de las declaraciones que forman parte del expediente desclasificado, se encontró que, aunque todos firmaron y narraron cómo ocurrieron los hechos, seis policías federales no participaron en la detención o estuvieron cerca, pero fueron presentados como testigos del crimen.
Otra de las irregularidades encontradas es en el informe del año 2000, Mario declaró que “tenía tiempo de venirse preparando para herir al candidato a la Presidencia de la República en un campo de tiro de la ciudad”.
En contraste, Mario Aburto no firmó esta declaración, ni siquiera aparece su nombre en las hojas que la conforman.
Para comprobar la falsa versión, la Fiscalía presentó en 1994 las declaraciones de dos testigos: los primos de Aburto, Marcelino y Mauricio Ortiz.
No obstante, en la ampliación de sus declaraciones, los familiares del asesino, aseguraron que testificaron en su contra porque los agentes que los detuvieron los asustaron y les dijeron que si no lo hacían los iban a matar
De hecho, casi dos meses después del asesinato, Mario Aburto amplió su declaración desde Almoloya y aseguró que cuando era trasladado del lugar del asesinato a las oficinas de la PGR en Tijuana, los agentes que lo llevaban lo torturaron y lo obligaron a decir que tenía que declarar que pertenecía a un “grupo armado o a un grupo político”, y declararse culpable.
A estas irregularidades se suman las declaraciones hechas por los escoltas de Colosio que detuvieron a Aburto y que cambiaron su versión para inculparlo.
Por último, en los expedientes desclasificados también se pudo constatar que a 15 metros de la escena del crimen se encontraba un agente del Cisen llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega quien tenía manchas de sangre en la chamarra que portaba al momento del asesinato.
El hombre dijo que la mancha se debió a que alguien que iba cargando el cuerpo de Colosio lo tocó en la manga izquierda y que además el no iba armado porque no se le permitía portar armas de fuego.
Los estudios químicos completos de la prueba de Harrison Gilroy, comprobaron que en la mano derecha del agente existía la presencia de plomo y bario, lo que indica que accionó un arma.