El eslabón roto de la justicia penal

En la antesala de que la reforma al sistema de justicia penal se convierta en una realidad  en Nuevo León, el eslabón más importante del proceso judicial es, a la vez, el más débil: las corporaciones policíacas.

En vísperas de que el Congreso local apruebe la Ley de Fuerza Civil y las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, el Observatorio Ciudadano de Justicia de Nuevo León (OCJNL) manifestó que el éxito de la reforma depende de ese nicho.

El organismo ciudadano reveló ayer en su Tercer Informe que las fuerzas estatales están a mitad del camino y que los agentes municipales carecen de herramientas para operar el nuevo sistema penal acusatorio.

El informe se da a conocer a días de que los diputados definan las facultades de investigación y auxilio al Ministerio Público que tendrán los policías a partir de 2013.

El reporte, presentado ayer en las oficinas de Institución Renace –organismo que preside el Observatorio-, revela que de los 2 mil 700 elementos con los que cuenta Fuerza Civil, mil habían recibido hasta el pasado 5 de junio un curso en la materia por la Universidad de Ciencias de la Seguridad.

Y hasta el 18 de diciembre, el 60 por ciento de los agentes de esta corporación habían sido capacitados en el nuevo sistema de justicia penal.

Las cifras se publican poco antes de que inicie la migración de 25 delitos al nuevo Código Procesal Penal: 18 entrarán en vigor el próximo 1 de enero y los siete restantes se tramitarán a partir de marzo.

Por eso es que los miembros de Institución Renace reconocieron durante la presentación del informe que la operación desde el nivel policial será trascendental en la implementación del sistema hasta que concluya en 2016.

Martín Sánchez, el director de la organización, reconoció que aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue la que más tarde llegó al proceso de implementación, Fuerza Civil está a la altura del reto.

Sin embargo, urgió a las administraciones municipales del área metropolitana a que capaciten a sus elementos preventivos, porque no han sido adiestradas en el nuevo sistema.

“Definitivamente las policías municipales no están preparadas para esto y ellos son los que procesan más o menos el 60 por ciento de los delitos, por lo tanto es urgentísimo que estén capacitados con todo lo que exige el nuevo sistema”.

Hasta la fecha, tanto Observatorio como la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIJUPE), no han dado a conocer cifras oficiales sobre el avance de las policías municipales.

“Para que el sistema de justicia funcione, uno de los eslabones más fortalecidos que debe tener el sistema son las policías. Si ese eslabón se debilita ahí se va a quebrar todo y el sistema va a fracasar”, dijo Agustín Sauceda, jefe del Departamento Jurídico de Institución Renace.

El abogado recordó que el próximo año es crítico, porque la reforma le otorgará a las policías la facultad de recibir denuncias, procesarlas y presentar las evidencias ante una instancia judicial.

“Si esas actividades no se llevan a cabo de manera correcta, entonces se va a cobrar una factura muy importante”.

Avances y retos para NL

La implementación del nuevo sistema de justicia penal en Nuevo León representa un avance del 72 por ciento, de acuerdo con los resultados del Tercer Informe del OCJNL.

Los resultados se basan en ocho indicadores que evalúan el proceso de implementación del sistema penal acusatorio en la entidad, con el objetivo de monitorear los avances y los rezagos en la materia.

Las cuatro instituciones encargadas de implementar el sistema y de capacitar a los operadores tuvieron avances y se enfrentarán a retos.

La Procuraduría logró la aprobación de su nueva Ley Orgánica y arrancó la operación de 16 Centros de Orientación y Denuncia (CODE), las unidades que sustituirán a las agencias tradicionales del Ministerio Público.

Esta cifra está por debajo de la prometida por el procurador Adrián de la Garza, quien dijo que este año entrarían en operación 22 CODE’s en Nuevo León.

El informe detalla que fue relevante el esfuerzo de la Secretaría de Seguridad Pública durante el 2012, porque capacitó a un grupo de mandos superiores de la dependencia y a elementos de Fuerza Civil.

Sin embargo, Sánchez puntualizó que se necesitan elaborar protocolos de investigación para los delitos que se incorporarán el próximo año para el desarrollo de prácticas policiales de mayor calidad.

El director del organismo reconoció que en el estado hay un cuerpo de jueces altamente capacitados en juicios orales, pero que necesitan una nueva Ley Orgánica para el Poder Judicial y así consolidar un servicio civil de carrera.

Finalmente, el Instituto de la Defensoría Pública trabaja en una iniciativa para reglamentar el nuevo sistema, establecer un servicio civil de carrera, crear un Consejo Ciudadano de vigilancia y reconocer su Centro de Formación Profesional.

Los indicadores de la evaluación son: normatividad; acuerdos políticos; capacitación y servicio civil de carrera; infraestructura y equipamiento; capacitación interinstitucional; difusión, trasparencia y participación ciudadana; tecnologías de información; y constitucionalidad.

Los primeros siete se basan en los propuestos por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y el último lo incorporó el OCJNL para monitorear avances o regresiones constitucionales.

El levantamiento de información para el reporte se hizo de agosto a noviembre de este año.

Año crítico

El presupuesto gubernamental para la implementación de la reforma será trascendental para garantizar su éxito de cara al 2013.

Desde hace dos años hasta la presentación del informe del Observatorio se habían invertido aproximadamente 225 millones de pesos, pero el SIJUPE pronostica que se deben utilizar 4 mil millones para 2016.

Incluso, este organismo implementador tendrá el próximo año un presupuesto de 11 millones 973 mil pesos, casi 14 por ciento menos del que tuvo en 2012.

Una disminución presupuestal que se presenta cuando el nuevo sistema se pondrá a prueba con el grupo de delitos que representan el 30 por ciento de la incidencia delictiva en todo el estado, según cifras del OCJNL.

El 2013 marcará el éxito del sistema acusatorio o sepultará un esfuerzo que inició en el país hace cuatro con la reforma constitucional.