Hay constancia que las aeronaves S4 Ehécatl recolectaron información para el gabinete de Seguridad
"El sistema tecnológico señalado fue operado únicamente en diversas áreas de determinados municipios, no siendo el caso de instalaciones y/o personas”
Durante la administración estatal panista de Emilio González Márquez se contrató un sistema de drones con la intención de utilizarlo en labores de protección civil y de cuidado medioambiental, pero terminó realizando acciones de inteligencia y vigilancia encubierta.
Los objetivos que fueron vigilados desde el cielo con los drones así como las zonas sobrevoladas siguen siendo un enigma, pues el contenido de los videos fue clasificado como reservado, lo que impide su escrutinio público.
Tanto la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), han descartado que entre sus archivos se encuentre algún tipo de registro, imagen o producto visual generado con los drones que el exgobernador arrendó en 2007, así lo confirmaron ambas.
De lo que sí hay constancia es que las aeronaves no tripuladas S4 Ehécatl provistas por la firma Hydra Technologies al Gobierno estatal, recolectaron información en sus sobrevuelos para el gabinete de Seguridad de González Márquez, la cual sigue siendo considerada sensible.
La obtención del sistema de drones se dio con la adjudicación directa AD39/2007 solicitada por la Unidad de Dependencias Auxiliares del Despacho del exgobernador, de la que se desprende el contrato 234/07 con la empresa citada, del 24 de octubre de 2007, por 3 millones 554 mil 187 pesos.
En los archivos del Despacho del Ejecutivo no hay registros o bitácoras de las actividades desarrolladas con esta tecnología ni de sus fines; pero estos documentos existen y están en resguardo de la Fiscalía General, encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez.
La dependencia indicó vía transparencia que posee los productos de inteligencia y vigilancia generados por los drones para las extintas Secretaría de Seguridad y Procuraduría del pasado gobierno.
“Se indica que se recibieron las videograbaciones, producto de la operación del sistema tecnológico señalado (…) el producto identificado por la operación de dicho sistema son las videograbaciones obtenidas”, detalla en su respuesta al folio 00277516.
Para vigilar bosques y ríos
El 14 de agosto de 2008 la firma Hydra Technologies era premiada con el galardón Leonardo Da Vinci, dentro del Congreso Internacional de Aviación, por el desarrollo de un dron con tecnología propia: el S4 Ehécatl, cuya envergadura es de apenas 3.7 metros.
Para entonces esa aeronave no tripulada ya cruzaba el cielo de Jalisco bajo el control del Gobierno estatal. Fue adquirida también por la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, que hoy usa ese modelo y el G1 Guerrero, también de Hydra.
“Y (lo usa) el Gobierno de Jalisco en acciones de protección civil, para monitorear obras públicas, combatir la tala inmoderada, vigilar que no se realicen descargas ilegales de contaminantes en ríos y cuencas, y para controlar incendios forestales”, dijo ese día Álvaro Gutiérrez Prado, a cargo de Relaciones Institucionales de Hydra.
Reporte Indigo le consultó a la Unidad Estatal de Protección Civil si el sistema de drones le había provisto de algún producto de información, a lo que respondió su Dirección General, en el oficio UEPCB/DG-1355/2016, el 17 de marzo pasado:
“Una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales que obran en esta área, se constató que no existe ningún tipo de información, programa, producto de información, proyecto, informes, imágenes o documento alguno que refiera el uso del sistema de drones o de los productos, informes o imágenes que este haya producido”.
La búsqueda se amplió a “los archivos físicos y digitales que obran en todas las áreas que integran” la Unidad con el mismo resultado: nada se halló. Se le consultó entonces a la autoridad ambiental, la Semadet, que respondió el 9 de febrero:
“La información relativa al sistema de drones contratado por la Unidad de Dependencias Auxiliares al amparo del contrato 234/07, con la empresa Hydra Technologies, no se encuentra bajo el resguardo de esta Secretaría, ni tampoco se desprende una relación con el servicio contratado de la entonces Secretaría de Medio Ambiente”.
Ojos al crimen
La reserva que aplicó la Fiscalía a los productos generados con los drones impide conocer también los datos en sus bitácoras de vuelo, donde deben constar los destinos que siguieron y los municipios que estuvieron siendo vigilados, aunque indica:
“El sistema tecnológico señalado fue operado únicamente en diversas áreas de determinados municipios de esta entidad operativa, no siendo el caso de instalaciones y/o personas, enfatizando la operación del sistema en diferentes zonas de municipios”.
Esto, dice, “con el objetivo de llevar a cabo acciones de vigilancia en zonas urbanas o rurales de difícil acceso, útiles en labores de inteligencia, así como para el reforzamiento de la seguridad y comunicación en sitios estratégicos”.
El uso de los drones tanto en ciudades como áreas rurales concuerda con la factura que emitió la firma el 28 de diciembre de 2007, por la “contratación de servicio de vigilancia aérea mediante aeronave S4 Ehécatl, cubriendo un total de 180 horas de vuelo dentro y fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
Según la Fiscalía, los drones también habrían sido utilizados para la vigilancia encubierta de grupos delictivos, pues así argumentó que la información amerita secrecía.
“Al otorgarla se estaría aportando elementos a la delincuencia organizada para que hasta pudieran modificar sus bases de operación y dinámica delincuencial, al conocer los puntos estratégicos que vigila la institución y la forma en la que lo hace”.
Y agrega:“Se estaría revelando los alcances de la aeronave, la forma de operación del sistema, los objetivos que interesan a la seguridad pública, considerando las imágenes recolectadas no solo como un simple archivo o testimonio visual, sino como un producto de inteligencia útil en las labores propias de la seguridad pública”.
Las personas con “pretensiones delictivas”, considera la institución, no deben contar con la “información respecto de los lugares, frecuencia y videograbaciones de la operación del citado sistema tecnológico con el que cuenta el comisionado de Seguridad Pública”.
