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En un espacio que solo puede alojar a 900 personas, alrededor de 2 mil migrantes permanecen en espera de que las autoridades mexicanas inicien sus trámites para la regularización de su situación de tránsito. Es la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM) de Tapachula, Chiapas, que fue cerrada desde hace 15 días.
Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refuerza sus advertencias hacia el gobierno de México para frenar el trayecto de estas personas hacia la nación que gobierna.
Mientras pasan los días, la política migratoria se tensa cada vez más bajo la amenaza de que si la administración federal mexicana no frena el paso de los migrantes hacia el norte, el mandatario estadounidense podría determinar el cierre de la frontera de su país.
Soportando temperaturas que superan los 30 grados en los alrededores de la estación migratoria, la atención a través de sus seis ventanillas no es suficiente para iniciar los trámites que se aceptan.
La sobrepoblación combinada con el calor de Tapachula ya comienza a provocar sus primeros estragos en la salud de las personas.
“La situación en la que se encuentran los migrantes es pésima, no ha habido ninguna atención por parte de organismos internacionales ni del gobiernos ya sea a nivel municipal, estatal o federal. Han permanecido completamente al margen de lo que se registra aquí en la ciudad”
El viernes 29 de marzo, Verdugo Sánchez, junto con un grupo de personas cubanas, iniciaron una huelga de hambre con el propósito de que el INM reiniciara la atención a la multitud que está a la espera de sus documentos.
El activista señala que la sociedad civil ha tenido que suplir a los entes de gobierno en cuestión de alimentación.
Organizados, acuden para alimentar a los miles de caminantes centroamericanos, cubanos, haitianos y africanos que se encuentran en espera de un salvoconducto o una visa humanitaria para continuar su viaje hacia Estados Unidos o para quedarse a trabajar en México. Sin embargo, la comida no alcanza para todos.
La crisis en la ciudad fronteriza del sur también encendió las alertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El pasado martes Edgar Corzo Sosa, quinto visitador del organismo, acudió a las instalaciones del INM comprobando la sobrepoblación de extranjeros y la falta de elementos de seguridad federal y estatal en el lugar. Y es que la Estación Migratoria Siglo XXI se encuentra resguardada solo por elementos de seguridad privada.
El INM informó el pasado 20 de marzo que cerraría la estación “hasta nuevo aviso” debido a que no existían las condiciones ni garantías de seguridad para su personal. Mismas que, a la fecha, continúan sin el reguardo de elementos federales
El cierre, detalló el Instituto, ocurrió después de que un grupo de migrantes entrara a la estación y se enfrentaran con personal migratorio donde resultó lesionado un agente. Las personas que irrumpieron en el inmueble exigían la entrega de visas humanitarias y la agilización de trámites.
A principios de marzo, el INM cerró cinco estaciones migratorias, con el argumento de que carecían de “condiciones mínimas para su funcionamiento”. Este proceso de cierres inició en las estaciones de Acapulco, Morelia, Nogales, Reynosa y Tuxpan.
Palabras, pero no acciones
El Gobierno federal descartó iniciar acciones para detener el paso de migrantes por México ante los dichos del presidente de Estados Unidos.
“Tenemos que regular, regular y regular y darle seguridad”, dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en una entrevista, en donde también aseguró que México no tiene un gobierno represor.
En contraste con las declaraciones de la titular de la Segob, el cierre de la estación migratoria de Tapachula para los activistas y líderes de caravanas migrantes es una incongruencia con su discurso.
“La misma negativa de recibir las solicitudes (de migrantes) es una violación a los derechos humanos”, señala Ramón Verdugo, quien acusa que la oficina que recibe los trámites de regularización se encuentra cerrada desde mediados de marzo.
En torno a la política migratoria que ha seguido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el respeto hacia las personas en situación irregular en tránsito, asegura que es similar a la de administraciones anteriores.
En el discurso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido dar atención a los migrantes que lleguen a México, sin embargo, al día de hoy no han hecho nada para ayudarlos, ni siquiera lo que la ley les obliga
“El discurso de nuestro presidente dista mucho de las prácticas violatorias de derechos humanos. Sin embargo, han cerrado la atención a la regulación migratoria y desde el 15 de marzo no hay una oficina que esté propiamente recibiendo todo tipo de trámites como sucedía en el pasado, de manera que se han venido aglutinando más los migrantes.
“Aquí llegan cientos de migrantes día a día y para aquellos que quieren iniciar un trámite de regularización no hay ninguna atención. Entonces, pareciera más bien que estamos siguiendo una instrucción de Donald Trump”, afirma el coordinador de Todo Por Ellos.
La organización que lidera Verdugo Sánchez, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por abuso de autoridad por parte de las autoridades migratorias.
En la acusación, se solicita que declaren Yadira de los Santos, delegada de la estación migratoria; Alma Rosa Altamirano, subdirectora de la oficina de regularización; y Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración; para que se esclarezca quién fue el responsable de la suspensión de operaciones en la estación Siglo XXI
El ultimátum
Mientras las estaciones migratorias del sur de México se mantenían rebasadas, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dio un golpe duro al tema este jueves.
El republicano le pidió a México que detuviera el flujo migratorio y el tráfico de drogas en un periodo de un año. Si no cumple con el plazo, Washington impondrá sanciones arancelarias a los productos mexicanos, especialmente a los automóviles.
“Les daremos un plazo de un año, y si las drogas no se detienen, o no se detienen en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y a sus productos, en particular a los automóviles (...) Si eso no detiene las drogas, entonces vamos a cerrar la frontera”, dijo el mandatario en la Casa Blanca
Trump especificó que si no se cumplen sus demandas impondrá aranceles del 25 por ciento a los automóviles o cerrará la frontera, pero que puede comenzar con los impuestos aduaneros.
La postura del presidente era distinta hace unos días. El 29 de marzo, Trump anunció en Twitter que si México no detenía toda la inmigración ilegal que va hacia Estados Unidos iba a cerrar la frontera sur del país durante esta semana.
Donald Trump pidió a México que detuviera el flujo migratorio y el tráfico de drogas en un periodo de un año. De lo contrario, Washington impondrá sanciones arancelarias a los productos mexicanos y cerrará su frontera sur
Sin embargo, la Casa Blanca retrasó el cierre porque tendría consecuencias económicas muy importantes para el país.
Casi mil 700 millones de dólares de bienes y servicios transitan a través de la frontera cada día, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos
Por otra parte, el presidente también corroboró la situación del sur de México. Dijo a la prensa que el gobierno mexicano detuvo a migrantes y los devolvió a sus países de origen esta semana.
Aunque en esta ocasión las amenazas de Trump son más fuertes, el mandatario estadounidense aún no tiene el apoyo del Congreso de su país como para tomar una decisión arancelaria o cerrar la frontera.
El republicano Mitch McConnell, presidente de la mayoría del Senado, apuntó el martes pasado que cerrar la frontera tendría un impacto económico potencialmente catastrófico en Estados Unidos.
Además, la Cámara de Representantes, el organismo que autoriza los presupuestos federales, tiene mayoría demócrata desde las elecciones intermedias; entonces es un organismo de oposición a las decisiones unilaterales de Trump.
Por ejemplo, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, acusó este jueves al presidente de estar “robando fondos públicos” para construir el muro de la frontera sur.
Trump tiene previsto viajar este viernes a Calexico, California, para visitar un fragmento del muro recién acabado. Según la Portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, el viaje busca mostrarle a los estadounidenses las repercusiones de la crisis migratoria
La búsqueda por endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos está activa. La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, envió una carta al Congreso en la que solicitaba permiso para devolver a los menores de edad no acompañados a sus familias en sus países de origen si no tienen derecho legal a quedarse.
En el documento, Nielsen destacaba que esta práctica es algo que ya se puede hacer con los niños de nacionalidad mexicana, pero no con otros países, como Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin importar las declaraciones de representantes y senadores, Trump y el resto de la cúspide política de Estados Unidos continúan actuando para frenar el flujo migratorio.
El tema cobra importancia porque el muro fronterizo fue una promesa de la campaña presidencial del republicano en 2016, por lo que debe cumplir con su iniciativa si quiere retomar la confianza de su electorado para las próximas elecciones de 2020.
Criminalización a migrantes
Uno de los grandes retos de Andrés Manuel López Obrador desde que asumió la Presidencia de México es atender el flujo migratorio que pasa por México.
Su gobierno poco a poco intenta construir una política para lograr que centroamericanos y personas de otras nacionalidades avancen por el territorio nacional de forma ordenada, segura y regulada como lo indica el Pacto Global de Migración.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales denuncian que desde que llegó el nuevo mandatario al poder aumentaron las agresiones en contra de los migrantes en México.
Activistas y organizaciones sociales denuncian que la violencia en contra de las personas en situación de movilidad ha aumentado con la llegada del nuevo gobierno, pero no sólo eso, ya que ellos también han sido víctimas de agresiones y amenazas continuas
“El migrante es criminalizado como en ningún otro sexenio de una manera deliberada o descuidada. Se dan más agresiones en contra de la población migrante porque no hay una política sobre este tema y las acciones son de complacencia a Estados Unidos”, asegura Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, organización que protege los derechos de los migrantes.
El activista se refiere a que algunos funcionarios mexicanos dicen que los migrantes tienen antecedentes penales. Mujica percibe que estas declaraciones provocan que aumente la violencia en contra de centroamericanos y personas de otras nacionalidades que transitan por México para llegar a Estados Unidos.
Por ejemplo, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que el Gobierno federal no permitirá que transiten por México migrantes con antecedentes criminales o que pretendan evadir a la justicia de sus países de origen.
“Lo que no podemos permitir es que las caravanas se integren por tratantes de personas disfrazados, no podemos permitir que en las caravanas vengan (individuos) con antecedentes penales o huyendo de un problema en sus países”, declaró el funcionario en una reunión con empresarios de Sonora.
Mujica comparte que vivió las consecuencias de ese tipo de declaraciones en propia piel. El activista encontró este miércoles su automóvil incendiado en la ciudad de Tijuana y considera que este hecho está vinculado con la criminalización de los migrantes y defensores de los derechos humanos.
“Quiero denunciar que hay acoso y persecución por parte del Estado a los defensores. Se incita a la violencia cuando no son cuidadosos con lo que dicen. Tienen que ser responsables porque nosotros también somos parte de la sociedad”, dice el director de Pueblo Sin Fronteras
Mujica recuerda que durante la administración actual se han dado distintos sucesos violentos contra los migrantes, por ejemplo, los secuestros de centroamericanos y cubanos en distintas regiones del norte del país y las marchas en Tijuana en contra de personas en situación de movilidad.
Un caso reciente es el de trece migrantes cubanos que presuntamente fueron secuestrados en Reynosa, Tamaulipas, y liberados después de que las familias pagaron mil 350 dólares por la liberación de cada uno.
Los cubanos fueron retenidos en diferentes casas de seguridad durante 8 días. De acuerdo con los familiares de las víctimas, durante el secuestro los migrantes recibían alimentación y no fueron esposados ni amarrados.
También se dan agresiones en contra de los defensores de migrantes mediante las redes sociales. El sábado 2 de febrero, por ejemplo, la página de Facebook de Pueblo Sin Fronteras recibió una serie de amenazas por messenger. Un usuario envió frases como “para que lo sepan voy por la cabeza de todos los integrantes de esa maldita organización”.
“No podemos criminalizar a los migrantes ni a las caravanas ni a los defensores de derechos humanos sólo porque hay un descontrol de la migración. La migración está así porque no tienen suficientes personas honradas para atender la situación. Muchas de las estaciones no están abiertas por eso”, concluye Mujica.
Entre la criminalización y el ultimátum lanzado por Trump, dos mil migrantes están en medio de esta disputa. Sin quererlo, las personas en tránsito atrapadas en Chiapas se convirtieron en causantes de un nuevo conflicto diplomático.
