En México el mejor disfraz es el de los monopolios, pues las empresas que lo cometen, aunque suelen ser multadas por la Cofece, hacen todo para eludirlas.
Parecen compañías competitivas y simulan estar en igualdad de condiciones que las demás en el sector, pero en realidad lo que buscan es controlar su mercado.
En una economía regulada por la oferta y la demanda, las empresas naturalmente buscan fijar los precios. Para evitar que estas conductas que lesionan la actividad del consumidor se vuelvan el común denominador está la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece).
Este órgano autónomo sanciona las prácticas monopólicas, sin embargo, la gran mayoría de las multas que realiza la Cofece se atoran en un tribunal a través de juicios de amparo.
El año pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que de los mil 607 millones de pesos en multas que reportó la Cofece, mil 312 millones de pesos, el 81.6 por ciento, tiene un proceso en tribunales y, por ende, este dinero no se han integrado al SAT.
“Se comprobó que, de las sanciones impuestas en 2021 por la Secretaría Técnica de la Cofece por mil 607 millones de pesos, se pagaron 294.6 mdp y la diferencia por mil 312.6 millones de pesos, correspondientes a 81 multas, no se habían pagado y no se identificó que esas multas fueran enviadas al SAT para su cobro”, se explica en la auditoría de cumplimiento 2021-0-41100-19-0065-2022.
La gran mayoría de estas sanciones, alrededor de mil 311 millones de pesos, de acuerdo con la propia Cofece, se tratan de multas que no se encuentran firmes, ya que “los agentes económicos interpusieron juicios de amparo indirecto, y por lo tanto no son exigibles para su cobro y no se pueden enviar al SAT”, de acuerdo con un dictamen de la Auditoría publicado el 14 de octubre pasado.
Si bien es cierto que los juicios de amparo son un mecanismo de defensa para los empresarios ante la autoridad, también permiten eludir las acciones del órgano autónomo y ello podría ir en detrimento de la libre competencia económica y el combate a los monopolios.
Reporte Índigo consultó a dos especialistas en la materia que tienen opiniones diferentes respecto al pago de estas multas por parte de los empresarios al órgano autónomo.
“Las empresas tienen un mecanismo de defensa porque puede ser que la autoridad esté considerando información diferente. Es lo mismo que pasa con los créditos fiscales: no todo el mundo está de acuerdo con pagar al SAT. Hay mecanismos de defensa como en cualquier otro procedimiento administrativo”
“Si se determina que hay una práctica monopólica, ya sea en asociación, en adquisición o que de alguna manera y genere o rompa esa eficiencia en el mercado tengo el derecho de ampararme. Ese es un derecho que todos los ciudadanos y todas las empresas tienen ante la autoridad que sea. No solamente en materia de competencia”, explica Verónica Zepeda Vargas, economista con especialidad en finanzas públicas e impuestos y docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).
Las empresas están en su derecho de interponer una demanda para un juicio de amparo y mientras este se desarrolla, el pago evidentemente quedará a la espera de lo que dicte el juez.
“Hasta que este mecanismo de defensa que yo tengo como empresa no se resuelva, queda suspendido. No me puedes cobrar a mí nada hasta que se resuelva todo ese procedimiento y hasta que tú o yo o alguien nos dé la razón sobre si existe una práctica monopólica o no”, expone la profesora.
Por su parte, el doctor Edgar Ortiz Arellano, socio presidente de Bismarek Consultoría, explica que la interposición de juicios de amparo son una constante de las empresas señaladas de presuntas prácticas monopólicas en los diferentes sectores.
“Técnicamente un amparo responde a una defensa del ciudadano o de un ente moral (empresa) por una acción del Estado que puede ser violatoria de sus derechos, entonces, creo que tendríamos que revisar tres elementos: el de carácter económico, el de carácter administrativo y cómo la Cofece se conforma.
“También habría que revisar las condiciones de estos amparos porque si efectivamente estas empresas están haciendo prácticas monopólicas demostradas, sustentadas con análisis científicos y económicos, no habría razón para que muchos de estos amparos no procediesen, sin embargo, están procediendo y eso provoca un daño también en el erario. Estas multas, que deberían de ayudar a la actividad del gobierno, nunca llegan y de alguna u otra manera también causa daño”, opina Ortiz Arellano en entrevista.
El experto recuerda que la razón de imponer multas es orillar a que las empresas dejen de realizar las prácticas monopólicas, pero si estas no se imponen es una mala señal y lo que provoca es que se lesione de manera estructural a ciertos sectores económicos del país.
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