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Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, es señalado por un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos contra ahorradores de esa sociedad financiera.
Ayer un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra por este delito, sin embargo, los ahorradores -supuestos afectados por esos malos manejos- no están ni indignados por la estafa, ni felices por la determinación de la autoridad. De hecho, prácticamente no están.
Solo una tercera parte de los presuntos 6 mil 800 clientes que tenían contratos con la sociedad financiera han reclamado a la CNBV el pago del seguro de depósito.
Esta aparente calma apunta cada vez más a una estructura de lavado de dinero a través de triangulación de fondos y usuarios fantasmas.
El 7 de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino las operaciones de Ficrea, luego de que la autoridad encontró posibles operaciones con recursos de procedencia ilícitas realizadas entre esa empresa y otras dos compañías que tienen al mismo socio mayoritario.
La investigación de la CNBV comenzó porque la empresa no tenía clientes en cartera vencida, a diferencia del resto de las instituciones similares.
En los dos meses que hoy se cumplen de que se intervino a la compañía, más irregularidades han salido a la luz.
Solo una tercera parte de los 6 mil 800 clientes que tenían contratos con la sociedad financiera han reclamado a la CNBV el pago del seguro de depósito.
A este beneficio que alcanza los 131 mil pesos, tienen derecho todos los supuestos defraudados.
Las manifestaciones y reclamos han sido de solo 400 ahorradores y, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) solo ha recibido 300 quejas sobre el caso.
Reprobados desde agosto
Los primeros indicios oficiales de que algo no andaba bien con Ficrea llegaron en agosto a través de una evaluación ordinaria realizada por Condusef a las sociedades financieras para revisar la transparencia en sus prácticas.
La revisión, que busca en las letras chiquitas de los contratos, se complementa con una verificación de expedientes reales para comprobar que estén usando el mismo contrato que tienen registrado.
Ficrea quedó reprobada con 3.7 puntos de 10 en esta revisión realizada por la Condusef en agosto a su contrato de préstamo a pequeñas y medianas empresas, relata en entrevista su presidente, Mario Di Costanzo.
“Encontramos falta de claridad en las amortizaciones que tiene que hacer el usuario. No estaba claro cuánto tenían que ir amortizando los usuarios, la tasa de interés.
“En los estados de cuenta que se les enviaba no era clara la cuenta que llevaban de cuánto había abonado y faltaba por pagar”, dice sobre el reporte que divulgaron entonces.
Un mes más tarde, detectaron que la empresa tenía en su contrato una cláusula ilegal, por la que cobraban una multa que podía llegar a los mil pesos cuando un usuario de Ficrea quería depositar en su cuenta algún cheque que alguien le había dado pero no tenía fondos.
Les anunciaron que estaban en proceso para imponerles una serie de multas, que sumaron 2.2 millones de pesos.
Les advirtieron, pero Ficrea no hizo caso.
“Estuvimos insistiendo y cuando se cumplió lo que establece la ley y después de que se agotaron los procedimientos se decidió por primera vez en los 15 años de historia de Condusef suspender un contrato”, selaló Di Constanzo.
Mientras, el dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, compraba un departamento de 1.7 millones de dólares en el condominio The Trump Towers en Miami, de acuerdo con los registros públicos locales.
La compañía corrigió el contrato después de la suspensión, Condusef hizo la aclaración y anunciaron que si había algún cliente al que se le había hecho algún cargo podía acudir para hacer su reclamación.
“Ninguno vino”, cuenta Di Costanzo.
Las quejas en contra de Ficrea nunca dieron advertencia de que se podía estar gestando un fraude de más de 2 mil 700 millones de pesos.
Muy pocas quejas
“A lo largo de 2014 tuvimos 283 asesorías técnico jurídicas sobre Ficrea, era gente que venía a preguntar sobre algún producto. Solo cinco se convirtieron en quejas formales”, dice Mario Di Costanzo.
El presidente de la Condisef ha coordinado el último mes un equipo de conciliación entre los ahorradores y la autoridad.
El porcentaje de quejas era mínimo, en un universo de 1.3 millones de acciones de defensa en 2014.
“Esto no reflejaba lo que estaba pasando en Ficrea. Cuando la CNBV describe la operación que implicaba la firma de dos contratos me llamó la atención porque nunca tuvimos una queja de ningún usuario sobre esa irregularidad.
“Era una institución que podía mejorar su transparencia y que estábamos en la posibilidad de recibir quejas por la cláusula del cheque, pensábamos iniciar una acción colectiva si se juntaban 30 quejas, pero nunca sucedió”, afirma Di Costanzo.
Aquí comenzaron las sospechas. Ficrea hacía los préstamos por medio de la compañía Leadman Trade, propiedad del mismo Olvera Amezcua.
El escándalo sobre el caso estalló el 7 de noviembre, cuando la empresa fue intervenida. Desde entonces hasta el 19 de diciembre, cuando se determinó liquidar sus activos, el centro de atención telefónica de la Condusef solo recibió mil 400 llamadas sobre el caso y atendieron 300 quejas.
“Si sumamos las quejas y las llamadas, aunque en las llamadas hubo gente que marcaba varias veces, son mil 700 gentes. ¿Dónde están los demás?”, se pregunta el presidente de la Condusef.
Esto se suma a que no ha habido más de 400 manifestantes y que la CNBV anunció que al 2 de enero solo habían recibido 2 mil 317 solicitudes para cobrar el seguro de depósito sobre los préstamos de los usuarios, aunque los 6 mil 800 usuarios que tenía registrada la compañía tenían derecho de hacerlo.
“Aquí el fabricar ahorradores o cuentas puede ser para meter dinero malo, que provenga de actividades ilícitas, lo está guardando un usuario que tú inventaste, que además no te va a reclamar el dinero. Lo sacas mediante un préstamo a otra persona para adquirir un bien o justificar el dinero, como se dice técnicamente, lavarlo”, dice el funcionario.
¿Cuántos son los usuarios reales?
Los meses previos a la intervención de Ficrea coinciden con la adquisición de mayor número de propiedades de Olvera Amezcua en Estados Unidos y la inyección de 8.9 millones de pesos a su compañía Leadman Trade España, con sede en Madrid.
El presidente de Condusef insiste en que estas adquisiciones tuvieron que hacerse con dinero de los ahorradores y no de las ganancias que Olvera pudo estar obteniendo.
“El mayor crecimiento de la cartera de Ficrea se da entre marzo y octubre de 2014. Fortalece su publicidad, su penetración, empieza a captar más ahorradores, hay más ingreso de dinero y hay que ver cómo iban a seguir pagando los intereses y cómo ir preparando la canalización de esos recursos.
“Llega un momento en que Ficrea tenía que pagar los intereses que le pagaba a los ahorradores con los ingresos de estas casas o con la utilización de estos activos, diferentes al esquema tradicional que es: te presto, te cobro una tasa de interés, hago una utilidad con eso y pago el interés a los ahorradores”, detalla.
El funcionario explica que el 98 por ciento de la cartera la otorgaba Leadman, Ficrea otorgaba el dos por ciento.
“El juego estaba llegando a su fin. Cada vez necesitaba más nuevos clientes y que sus bienes raíces o sus activos le permitieran pagar esos intereses”.
De aquí que la determinación de cuántos usuarios eran ficticios es clave para la investigación.
“Los propios ahorradores que sí existen deberían estar preocupados por lo que no existen, porque se divide entre menos.
“Si 2 mil 300 ahorradores van a salir con el seguro de depósito, el resto de lo que se venda hay que dividirlo entre 4 mil. Si se dan cuenta que hay 2 mil fantasmas se divide entre 2 mil nada más. Es un tema importante tanto para el esclarecimiento de las acciones ilegales que hizo Olvera como para buscar el mayor beneficio en cuanto al retorno de los ahorradores de sus ahorros”.