El dilema de las pensiones, la polémica propuesta de AMLO

El presidente de México impulsa una iniciativa de reforma al sistema de pensiones vigente, la cual buscará compensar el ingreso de las personas en retiro; una decisión que divide opiniones por el hecho de que podría mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, pero que al mismo tiempo, también implicaría un compromiso importante para las finanzas públicas del país.

En la recta final de su administración, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha dado a conocer una serie de propuestas orientadas a modificar el contenido de diversos artículos constitucionales que considera “antipopulares”, ya que de acuerdo con el mandatario “fueron introducidos durante el periodo neoliberal y contrarios al interés público”.

Al respecto, la relacionada con revertir los efectos que las administraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón tuvieron sobre el sistema de pensiones se perfila a ser una de las más controversiales, ya que postula que las personas trabajadoras con 65 años de edad y que hayan empezado a cotizar a partir del primero de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley”.

De lo anterior que analistas financieros observen con escepticismo la medida, a la cual incluso han señalado con anterioridad como “excesiva”, en el caso de Citibanamex, y de “inviable”, según BBVA; no obstante, la reforma sugiere esencialmente poder sumar en la labor de compensar las pensiones más reducidas que incluso llegan a estar por debajo de los estándares necesarios para subsistir, por lo que la especulación queda en segundo plano, explica a Reporte índigo, Mario Campa, economista especializado en política pública y análisis macroeconómico.

“No creo que se quiera regresar a los esquemas anteriores de jubilación, sino más bien, buscar ciertos complementos para alcanzar en los tramos más bajos de las pensiones para subirlas un poco, y que puedan quedar a la par o por encima de la línea de pobreza, que en algunos casos no está sucediendo”, señala Campa.

Incluso la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha demostrado su respaldo a la propuesta de reforma constitucional, ya que considera que dicha medida abona en la labor de otorgar mejores beneficios a los trabajadores mexicanos, logrando impulsar una mayor cantidad de personas con ingresos bajos para que logren una tasa de reemplazo del 100 por ciento.

“La mejora continua de las pensiones de las y los trabajadores mexicanos debe ser un interés permanente de los sectores público y privado. Por ello las Afores nos sumaremos a los esfuerzos que construyan sobre esta iniciativa que es en beneficio de los trabajadores de nuestro país”, puntualiza la Amafore.

¿Cómo lograrlo?

Para implementar la modificación en el sistema de pensiones, el titular del Ejecutivo propone la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, integrado por aportaciones del Gobierno federal que provendrá, en un 75 por ciento, de recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como la liquidación de diversos organismos, recaudación de adeudos, reintegro de fideicomisos y la eliminación de organismos autónomos, por mencionar; mientras que el 25 por ciento restante provendrá del remanente de las utilidades netas adquiridas por las entidades paraestatales sectorizadas a la Defensa Nacional y la Marina, para sumar, en su inicio, 64 mil millones de pesos, según la iniciativa expuesta por el mandatario mexicano.

Sin embargo, la crítica principal a la reforma en materia de pensiones propuesta por López Obrador radica en la capacidad, a mediano y largo plazo, de poder cumplir con el ingreso necesario para la sostenibilidad del proyecto, ya que “responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050”, como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Insuficiencia e incertidumbre

A pesar de que se había avanzado con la reforma del 2020, la propuesta actual compromete las finanzas públicas del país al enfocarse en atender a un segmento de la población que ya recibe un beneficio económico vía otros programas sociales, dejando de lado abordar la desigualdad que impera actualmente al interior del sistema de pensiones y quedando a expensas de un fondo que puede resultar insuficiente para cumplir con lo planeado, explica a este medio Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

“Nuestro problema es que no tenemos ingresos para solventar las propuestas que se están haciendo y que se están poniendo sobre la mesa; es un solo pastel que, además, no lo estamos haciendo más grande porque no quieren discutir ni implementar cambios fiscales importantísimos”, advierte Macías.

Al respecto, la directora señala que ante la ausencia de medidas que permitan una mayor y mejor tributación, así como la obtención de una cantidad más amplia de recursos para las arcas de la nación, el ingreso de millones de personas que año con año llegarán a los 65 años de edad quedará en incertidumbre ante un proyecto que todavía no arroja claridad.

Al momento, se espera que la iniciativa comience a discutirse en la Cámara de Diputados, donde, incluso, podría votarse en una fecha cercana a los próximos comicios que definirán la presidencia del país, y el rumbo que, en términos económicos, políticos y hasta de pensiones, tomará México.

Efectos colaterales

El estado actual del sistema de pensiones mexicano y su probable modificación han generado alteraciones en las oportunidades de la ciudadanía más joven, incluso, limitando su futuro

El porcentaje de las personas desocupadas en el país que abarca  los 15 a los 24 años de edad asciende a 34.3 por ciento del total, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); una muestra del panorama laboral que viven los mexicanos más jóvenes.

Al respecto, además del desempleo, dicha población se ve inmersa en una serie de fenómenos relacionados con actividades productivas alternativas que nada tienen que ver con el sistema de ahorro para el retiro; además de factores como desarrollo profesional dentro del espectro formal han quedado lejos de su alcance.

Por lo anterior, la falta de una pensión digna genera un efecto colateral en otros grupos de edad, pues en países europeos se ha observado que los adultos mayores que carecen de las condiciones dignas para retirarse buscan mantener sus trabajos más años, la consecuencia es que al acaparar empleos, la población joven se ve desplazada y tarda más en encontrar espacio en el campo laboral, y a la larga, se dificulta su incorporación al mercado laboral, situación que puede presentarse en México, resalta Mario Campa, economista especializado en política pública y análisis macroeconómico.

“Estas dinámicas aplicadas en términos macro y multiplicadas por la economía pueden causar un tipo de daño al tener a los jóvenes desempleados mucho tiempo, lo que causa que después se les dificulte encontrar trabajo”, advierte el especialista.

Además, una consecuencia de atender solo el tema de las pensiones es que no se están garantizando los derechos para otros grupos poblacionales y solo se está focalizando el esfuerzo en atender a los adultos mayores, y se convierte en problema ya que nunca se incorpora en las políticas públicas la perspectiva de envejecimiento, situación que se enfrenta tanto a escala nacional como internacional, expone Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)

“Hasta que el país presenta una población grande y pobre se busca solucionar con recursos que deberían estar asignados a los más jóvenes”, puntualiza Macías.

Un problema global

El caso mexicano es solo una muestra de cómo los gobiernos de diversas regiones del mundo lidian con el estado actual de sus poblaciones, donde una gran cantidad de personas envejecen y requieren cada vez más recursos económicos para subsistir.

Argentina, Francia, México y hasta Alemania tienen algo en común, ya que presentan problemas para solventar sus sistemas de retiro, lo que se traduce en una incapacidad para poder ofrecer una jubilación digna a su población de la tercera edad, cuestión que se va agravando, ya que las proyecciones indican que, para 2050, el 80 por ciento de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos, de acuerdo al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud.

Por ejemplo, la nación liderada por Javier Milei, que además de lidiar con una una fuerte crisis económica, es uno de los países con más personas envejecidas en la región, destina más de nueve puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto en pensiones, un gasto que se acelerará, pues la cantidad de mayores de 60 años era de 15.7 por ciento de la población en 2020, casi 7.1 millones de individuos, y se proyecta que llegue al 22 por ciento en 2050, unos 12.5 millones, de acuerdo con el último informe sobre población de la tercera edad realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

dicha situación no es exclusiva de países en vías de desarrollo, pues otros con mayor poder adquisitivo como Francia y Alemania se han visto en la necesidad de tener que reformar sus leyes para sostener las pensiones, incluso ambos han optado por incrementar los años de cotización por empleo o de edad para retirarse, lo cuál ha causado inconformidad en la sociedad que ha derivado en protestas que pusieron en jaque a sus gobiernos; sin embargo, han logrado aplicar las medidas para equilibrar los costos de los fondos de retiro.

Los anteriores son solo algunos casos de una crisis que se está desarrollando alrededor del mundo, pues se considera que “los sistemas de ingresos para jubilación de todo el mundo están bajo presión como nunca antes”, destaca David Knox, autor del Índice Global de Pensiones de Mercer CFA Institute 2023, ranking en el que se analizan los sistemas de jubilación de 47 países con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE).

Por su parte, Margaret Franklin, Presidenta y Directora Ejecutiva del CFA Institute, organismo que también formó parte del ranking, advierte que “la inflación y el aumento de las tasas de interés han creado una nueva dinámica de mercado que plantea desafíos significativos para los planes de pensión”.