Si el dictamen de Systra ratifica que el tren no es compatible con la vía, entonces la responsabilidad caerá en la pasada administración
La firma francesa Systra entrega hoy a la Secretaría de Obras el diagnóstico final de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac, a partir del cual se podrá conocer el origen de los desperfectos y el nombre de los responsables.
Politizado como está el tema a estas alturas, las dos posturas que se formaron a partir del cierre de la Línea Dorada esperan que el informe Systra defina en dos vertientes extremas: si la responsabilidad fue de Marcelo Ebrard Casaubón y su equipo, o de Miguel Ángel Mancera Espinosa y sus colaboradores.
A estas alturas, además de la afectación a miles de ciudadanos, lo que está en juego es la carga de responsabilidad que caerá para los funcionarios, políticos o exservidores públicos que participaron en esta obra que tiene paralizado el servicio.
Desde marzo pasado que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) determinó cerrar once de las 20 estaciones de la llamada Línea Dorada las posturas se han politizado y polarizado al grado de obligar a seguir dos únicas rutas:
Si el dictamen de Systra ratifica que el tren no es compatible con la vía, entonces la carga de responsabilidad caerá en los hombros del ex jefe de Gobierno y el equipo que lo acompañó en la consumación de la megaobra.
Ante esta posibilidad, los afines a Marcelo se dieron a la tarea de encumbrar el tema de que la falta de mantenimiento en las instalaciones de la Línea 12 fue lo que propició las fallas y luego las razones del cierre.
Las balas de los marcelistas apuntan a la cabeza del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega Cuevas, a quien responsabilizan del cierre de la obra cumbre del político que aspira a dirigir las riendas del PRD.
Sí, aquella historia que apunta a que el expolicía busca venganza contra su exjefe Marcelo Ebrard tras el trágico episodio de News Divine.
El camino del informe Systra
Una vez que el resultado de la investigación de los franceses esté en manos de la Secretaría de Obras, los funcionarios pondrán la lupa en el rubro de las fallas, a fin de vincularlas con los contratos.
Si la obra civil causó los desperfectos, entonces se vinculará al Consorcio Línea 12 de ICA, Carso y Alstom; si la falla está en los trenes, entonces se revisará el contrato de CAF, y así.
Con esa vinculación entre informe y contratos, la información de la Secretaría de Obras será entregada a la Contraloría General del Distrito Federal, donde el titular Hiram Almeida, teóricamente, le pondrá nombre y apellido a los responsables de los desperfectos que llevaron a la suspensión parcial del servicio.
Pero no todo es tan sencillo, en el informe Systra también se hablará de las alternativas y trabajos que hay que realizar para que la Línea 12 vuelva a caminar. Y otra vez, obligadamente, se planteará la necesidad de conocer el nombre de los responsables y quién asumirá el costo de las reparaciones.
En todo el proceso, Colás Martinet, director de Systra para América Latina, ha desempeñado un papel clave en la elaboración de este diagnóstico, para el que se realizaron 25 ensayos en el tramo afectado por el desgaste ondulatorio excesivo.
Durante sus apariciones públicas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el francés nunca quiso comprometerse a dar fechas de apertura de la Línea 12.
Sin embargo hace dos días, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, habló de una apertura progresiva de las estaciones a fin de amortiguar el impacto ocasionado a los miles de ciudadanos.
En la primera quincena de septiembre reabrirían Culhuacán y San Andrés Tomatlán, adelantó el gobernante, quien apuesta por una apertura rápida y en su discurso deja en segundo plano la polémica de hablar de los nombres de los responsables.
Mancera confía que el informe que hoy entrega Systra a la Secretaría de Obras les permita, entonces, determinar con claridad quiénes fueron los culpables.
Buscan modificar el PPS
Independientemente a la ruta que tomará el informe de Systra y las consecuencias de este, el Gobierno de la Ciudad de México enfrenta el compromiso de pagar mes con mes por la renta de la flota de trenes.
Ahí inevitablemente se abre otro frente entre Mancera y su antecesor.
Por eso es que desde la Secretaría de Finanzas, que dirige Édgar Amador; la dirección del Metro, con Ortega Cuevas, y el propio jefe de Gobierno, analizan la posibilidad de modificar el millonario Proyecto de Prestación de Servicios a largo plazo (PPS), que el exsecretario de Finanzas, Mario Delgado, autorizó a Francisco Bojorquez.
El tema no es menor. Hay miles de millones de pesos en juego. Claroscuros que Reporte Indigo ha documentado, que van desde la participación de la paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México; el fallido intento de licitar; los viajes a China que Delgado organizó.
También, las propuestas económicas más baratas de otras empresas, las precios reportados que no coinciden con los del contrato; las advertencias de que los trenes no empataban con la obra, las proyecciones de gasto que nada tienen que ver con lo que concretó…
Ahí, el contralor general de la capital, tiene mucha tela de dónde cortar.
