El pasado viernes 5 de junio quedará inscrito en la historia de Jalisco como uno de los episodios más sombríos de violación generalizada de derechos humanos, luego de que la Fiscalía estatal cometiera decenas de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de jóvenes que solo pretendían manifestarse.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, dijo que lo ocurrido aquel día fue un “parteaguas” para el estado por la manera en que se vulneraron los derechos humanos de los jaliscienses; y que las detenciones efectuadas por la Fiscalía se configuran como “desapariciones forzadas”.
El problema comenzó cuando los jóvenes que pretendían manifestarse el viernes por la tarde ante la Fiscalía estatal comenzaron a ser interceptados por policías ministeriales vestidos de civil, para golpearlos y subirlos a vehículos sin placas para luego abandonarlos en las orillas de la ciudad.
Lo que sí podemos señalar de forma contundente es que se realizaron detenciones fuera de todo protocolo y cauce legal en las inmediaciones de la zona industrial, que es donde se encuentra el edificio de la Fiscalía General
“Registramos diversos reportes de detenciones ilegales y arbitrarias, incluso estas detenciones pueden llegar a calificarse como desapariciones forzadas.
“Al no estar la persona debidamente registrada una vez que ha sido detenida por parte de elementos del estado, con los protocolos y en los lugares de resguardo donde deben trasladarse, estamos ante los elementos técnicos de lo que puede configurarse como una desaparición forzada de personas”, narró el titular de la CEDHJ.
Las detenciones y desapariciones forzadas que cometió la Fiscalía que encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez contra manifestantes por la muerte de Giovanni López, cubrieron un perímetro muy amplio, e incluso se realizaron en unidades del transporte público.
Desapariciones y detenciones masivas
La CEDHJ señaló que la cantidad de jóvenes que fueron víctimas de las detenciones ilegales y desapariciones forzadas de la Fiscalía estatal podría oscilar entre 20 y 60; mientras que esa dependencia reconoció posteriormente que la cifra podría aproximarse a los 50.
Tras la profunda indignación que suscitó el actuar represivo de la Fiscalía, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció el 6 de junio que habían analizado todos los reportes de jóvenes desaparecidos por los policías estatales ministeriales, y que ya todos habían sido encontrados: “podemos decir que todas y todos están en casa. No hay ningún desaparecido”.
El mismo 6 de junio tanto el gobernador como el titular de la Fiscalía, Solís Gómez, intentaron deslindarse del operativo que implementó la Policía Ministerial del Estado. El primero aseguró que no había respondido a sus órdenes sino a las del crimen organizado; y el segundo afirmó que se había ido “por la libre”.
“¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos certeza de eso, lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”, dijo Alfaro Ramírez.
El fiscal describió cómo actuaron sus agentes, aunque no habló de presentar su renuncia: “detuvieron de manera arbitraria a diversos jóvenes, los ingresaron en algunas de las celdas no habituales para cualquier tipo de detenido; no llevaron a cabo un registro de detención adecuado; no llevaron a cabo un listado de personas ingresadas; violentaron todas las normas procedimentales internas de esta institución y las procesales de cualquier gobernado; hubo violaciones de garantía flagrantes por parte de estos policías”.
Por el momento hay dos elementos de la Fiscalía detenidos, aunque se presume que están involucrados entre 10 y 15 de sus miembros.
“Los vamos a entregar al cártel”
Uno de los testimonios de lo ocurrido el viernes pasado que fue difundido en redes sociales ilustra la manera en que actuó la Policía Ministerial estatal, dependiente de la Fiscalía, una instancia del gobierno de Alfaro Ramírez.
Cuando un grupo de jóvenes se dirigía a la Fiscalía para manifestarse por la muerte de Giovanni López, a manos de la Policía de Ixtlahuacán –detenido por no portar cubrebocas-, ocurrió lo siguiente.
“Se nos cerró una camioneta Dodge Ram, color roja, bajándose de 5 a 6 elementos sin identificarse, altamente armados, llegando directo a golpearnos, despojándonos de nuestras posesiones (celulares y mochilas), gritándonos: ‘súbanse cabrones, cabezas agachadas’, ‘ahí andan de bravos, verdad pendejos’, ‘ya se los cargó la verga’, dándonos descargas eléctricas con un aparato, golpes en las piernas y brazos con palos’”.
Posteriormente los jóvenes fueron ingresados a la Fiscalía, donde se les proferían amenazas como “nadie sabe que están aquí” y “los vamos a desaparecer, cabrones”. Luego los jóvenes fueron subidos a vehículos sin poder ver lo que ocurría ni hacia dónde se dirigían, aunque escuchando más amenazas como “los vamos a entregar al cártel”.
Una vez en las orillas de la ciudad, los soltaban no sin decirles: “bájense, hijos de su puta madre, tienen 10 segundos para correr por su vida putos, quien voltee hacia atrás lo matamos”.
