El arraigo se efectúa tras una orden dada por un juez para que una persona permanezca recluida en un mismo lugar
“El arraigo debe desaparecer de nuestra legislación y lo que se debe fortalecer es la capacidad de investigación. Si esto no sucede lo que tendremos es un sistema al que le solapamos sus deficiencias”
Humanos y Democracia AC
El arraigo vive un desarraigo en el sistema de justicia mexicano.
La figura jurídica creada por los gobiernos panistas para mantener en un solo lugar hasta por un plazo de 80 días a un presunto delincuente implicado en delitos de delincuencia organizada va cada vez más en desuso.
En lo que va del año -hasta el 30 de noviembre pasado- sólo se han realizado 79 procedimientos de arraigo, en tanto que en el sexenio de Felipe Calderón rondaban los mil 500.
En 2011, último año completo del segundo presidente panista y en el que se ejercitaron más órdenes de arraigo, se efectuaron mil 933 procedimientos, de acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En 2008 se arraigaron a mil 111 personas, mil 517 en 2009, un año después fueron mil 679 y en 2011 se reporta la mayor cifra de personas arraigadas por acusaciones de delincuencia organizada con mil 933 procedimientos.
En el año 2012, cuando el Presidente michoacano dejó la residencia oficial de Los Pinos, se reporta un descenso en la cifra, hubo 861.
En 2013, ya con Enrique Peña Nieto en la Presidencia, se reportan 534 arraigos, en 2014 fueron 264 y cifras otorgadas el 30 de noviembre pasado por la SEIDO indican que en este año hay 79 arraigos.
El arraigo se efectúa tras una orden dada por un juez para que una persona permanezca recluida en un mismo lugar mientras las autoridades recaban pruebas en su contra. En el caso de los arraigos por delincuencia organizada, se realizan en mayor parte en el Centro Nacional de Arraigo de la colonia Doctores, que antes fue el hotel Central Park hasta que fue adquirido por la PGR para esa función.
Diversas organizaciones no gubernamentales han criticado el uso de figura por ser violatoria de los derechos humanos.
Égdar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, considera que la baja en las cifras tiene que ver con la implementación del nuevo sistema de justicia y asevera que se debe erradicar por completo.
“El arraigo es una forma de subsidiar el déficit de investigación existente en las procuradurías y entonces en lugar de elevar el estándar u exigir más les damos el arraigo para solapar la falta de capacidad de investigación”, refiere.
Es por ello que la figura del arraigo es una muestra de las deficiencias del sistema de procuración de justicia, sobre todo en la investigación de los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
“El arraigo debe desaparecer de nuestra legislación y lo que se debe fortalecer es la capacidad de investigación. Si esto no sucede lo que tendremos es un sistema al que le solapamos sus deficiencias”, considera.
El descenso en el número de arraigos está directamente relacionado con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.
“Creo que la baja tiene que ver con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, pues éste exige un estándar de prueba bajo y con ese vinculan a proceso a una personas para seguir la investigación bajo vigilancia de un juez. Entonces se puede llegar al mismo punto que con el arraigo, pero sin recurrir a una figura contraria a derechos humanos”, afirmó.
Por ello, es importante desaparecer la figura jurídica, pues “con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio no tendrá ninguna razón de ser”.
El especialista recordó que la efectividad de esta figura jurídica también ha sido cuestionada, pues la mayoría de las personas que han sido arraigadas termina en libertad.
“El tema de la efectividad no tendría que ser medido con respecto al número (de arraigos) conseguido sino al propósito último que es juzgar y sancionar a una persona.
“Entonces el asunto tendría que ser comparar el número de arraigos concedidos con respecto de la órdenes de aprehensión obtenidas y, sobre todo, del número de sentencias firmes conseguidas”, refirió.
Figuras de relumbrón
En el gobierno de Felipe Calderón, la captura y arraigo de cada supuesto integrante de la delincuencia organizada era publicitada a través de los mecanismos de comunicación oficiales. En este sexenio únicamente se han publicitado dos arraigos: el de Jesús Reyna García, exsecretario de Gobierno de Michoacán, a quien el agente de Ministerio Público le encontró “posibles contactos con organizaciones delictivas”, y el de Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, ubicado por la PGR como cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Égdar Cortés, afirma que esta medida cautelar y la publicidad oficial carecen de sentido, porque se anuncia la detención de un “pez gordo” al que le faltan elementos para sostener las acusaciones.
“(los arraigos) tienen un tinte mediático pues se anuncian para dar la impresión de efectividad pero la verdad es que el arraigo lo que muestra es lo contrario, es decir, si se anuncia que se detiene a un ‘importante integrante de la delincuencia organizada’ y luego lo pones en arraigo, quiere decir que no hay trabajo de inteligencia previo.
“Y por tanto no tienes elementos para sustentar la acusación y ésta apenas vas a construirla”, afirma.
De acuerdo con un recuento de comunicados oficiales realizado por Reporte Indigo, también se aprecia que, además del uso de la medida cautelar, también ha caído de manera drástica la difusión de los casos de arraigo.
En 2008 se realizaron 102 boletines, en 2009 fueron 214, en 2010 se publicaron 197 y en 2011 se hicieron 159 comunicados sobre arraigos y en 2012 el número descendió a solamente 12 comunicaciones sobre la medida aplicada a presuntos delincuentes.
Una vez realizado el cambio de gobierno, en 2013 no se hizo pública una sola medida cautelar y en 2014 y lo que va de este año se ha realizado un anuncio por año, en 2014 sobre el arraigo concedido al exfuncionario michoacano Jesús Reyna García y en 2015 al hijo del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera “El Menchito”.
Y es que los diferentes casos de arraigos en que la PGR no logra acreditar los ilícitos de los presuntos infractores han dado pie a que la medida sea cuestionada.
El caso más representativo es el del llamado “Michoacanazo”, cuando la Procuraduría obtuvo la orden de arraigo contra 30 funcionarios públicos el 29 de mayo de 2009 y hoy todos gozan de libertad por falta de pruebas para sostener las acusaciones por parte de la Procuraduría.
Otro casos representativo es el de Noé Ramírez Mandujano, quien se desempeñó como director de SEIDO (entonces llamada SEIDO) y fue aprehendido el 19 de noviembre de 2008 en el marco de la Operación Limpieza. Estuvo arraigado y fue llevado a prisión por cuatro años y casi cinco meses.
El juez primero de Distrito en el penal federal de El Rincón, Nayarit, determinó que la autoridad ministerial federal no pudo demostrar que el extitular de la Subprocuraduría protegiera al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La acusación estuvo centrada en los dichos de un testigo colaborador con el nombre clave de “Jennifer”.
El costo político y económico
En 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció por eliminar esta figura del sistema de justicia mexicano.
El Comité contra la Tortura (CAT) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas cuestionó la práctica del arraigo en México, a la que calificó como algo que “roza en detención arbitraria” y solicitó una explicación en su momento.
Los expertos del organismo internacional dijeron que el arraigo “plantea muchos problemas” y se mostraron preocupados por las condiciones en que se mantiene a los arraigados, el respeto de sus derechos y garantías, así como las confesiones obtenidas bajo esta condición.
El arraigo, dijo entonces el CAT, “permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales”, dijeron los expertos en Ginebra, según un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH).
“¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades, quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las malas?”, preguntó la experta Essadia Belmir a la delegación de funcionarios mexicanos.
El arraigo de detenidos por delitos relacionados con delitos contra la salud es una práctica frecuente en México. El CAT señaló que hay falta de diligencia para investigar las denuncias por tortura así como un “patrón sistemático” de impunidad.
La PGR afirmó que el sostenimiento del Centro Nacional de Arraigo cuesta, en promedio por cada persona arraigada, mil 102 pesos diarios.
Esta cantidad “puede variar de acuerdo con el número de personas arraigadas que ingresen y permanezcan en dicho Centro (Nacional de Arraigo)”.
La operación del centro, desde su manutención, aseo, pago al personal de vigilancia y seguridad, entre otros, por cuesta alrededor de 30 millones de pesos cada año.
