El delito fantasma

Hay un fantasma que ronda el sistema de justicia de México: la tortura.

Está pero no se ve. A veces se denuncia, pero se persigue poco. Al agotarse los métodos de investigación, los funcionarios optan por obtener las declaraciones de culpabilidad con el uso de la fuerza.

En el Senado de la República ayer se comenzó a discutir públicamente la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos sobre Tortura, enviada por el Ejecutivo federal para su análisis y aprobación.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha dicho -con base en cifras de la PGR- que sólo en 2013 y 2014, en México se reportaron 3 mil 568 denuncias por tortura y tratos degradantes, y en los últimos años se siguen reportando este tipo de métodos.

“De los miles de denuncias de tortura que se registraron entre 2005 y 2013, los tribunales federales sólo se ocuparon de 123 casos, y únicamente siete culminaron en sentencias condenatorias en virtud de la legislación federal”, critica la organización defensora de los derechos humanos en el mundo.

AI señala que, desde hace décadas, el sistema judicial de México “es incapaz de investigar las decenas de miles de denuncias de abusos contra los derechos humanos en todos los rincones del país”.

La PGR reconoce que actualmente hay 86 averiguaciones previas y actas circunstanciadas contra funcionarios federales en materia de tortura.

La cifra se registra desde el 27 de octubre de 2015, cuando se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.

En la gran mayoría de los casos que investiga la PGR no se puede determinar cuántos agentes o funcionarios públicos participaron en la tortura para que un acusado rindiera declaración o fuera presentado ante los medios de información.

“De conformidad con los datos señalados, en ocho indagatorias (seis averiguaciones previas y dos actas circunstanciadas), se denunció a 16 servidores públicos federales y en 78 casos la denuncia se interpuso contra quien resulte responsable”, indicó la Procuraduría en una respuesta a una solicitud de acceso a la información.

De esos servidores públicos, 11 “son señalados como posibles elementos de la Policía Federal Ministerial”.

En los informes de la PGR estarían implicados al menos 94 funcionarios de las diferentes instancias de gobierno, pero la cifra puede ser mucho mayor, pues en una sola investigación podrían estar involucrados varios funcionarios.

Protocolo de Estambul 

Organizaciones sociales solicitaron que la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura considerare algunos contenidos mínimos, tales como la exclusión de la prueba ilícita, es decir, que en un juicio carezcan de validez aquellas declaraciones en las que haya habido tortura.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido parámetros jurisprudenciales para eliminarlas de todo proceso penal.

Las organizaciones han criticado que la iniciativa oficial no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul en la actuación policiaca en México.

Este manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, debe ser un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de tortura como dolores, sufrimientos físicos o psíquicos, así como garantizar su realización por peritos independientes, dice el pronunciamiento de las organizaciones.

Otro aspecto que piden incluir es que se castigue a los mandos superiores de las corporaciones en que existan casos de tortura.

“(La iniciativa debe) incluir una formulación conforme a los estándares internacionales en la materia sobre la responsabilidad de los superiores jerárquicos, y no limitarse, como lo establece la iniciativa, a los superiores inmediatos. Igualmente, deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma eximente de responsabilidades, no sólo para las personas sentenciadas, sino también para las imputadas y procesadas”, señala el pronunciamiento.

Una situación Generalizada

El Comité contra la Tortura y Juan E. Mendez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han calificado la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada.

El gobierno federal ha rechazado estos calificativos, asegurando que Méndez sólo documentó 14 casos de tortura en el país.

En tanto, víctimas han señalado que los servidores públicos, principalmente vinculados con las corporaciones policiacas y militares, e instancias de migración, entre otras, han sido obligados a declarar luego de haber recibido golpizas.

Se les conoce como “el pocito”, “la falanga” y “el colgado” a algunas de las técnicas de tortura. Más de la mitad de los atormentados dicen haber recibido una tanda de coscorrones, “zapes” o “cerillazos” que les dejaron dolores de cabeza para toda la vida.

Las víctimas son llevadas a un sitio en donde las sujetan de las muñecas y se quedan durante horas. El dolor se agudiza en los hombros. Los toques eléctricos, asfixia con bolsas o en tambos o las amenazas psicológicas en las que les dicen que les harán daño a sus familias también son utilizadas.

Ante esto, las organizaciones piden que se combata este delito con “una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que nos permita revertir la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país”.

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