El declive de la confianza

Las estrategias para el rescate del sector energético emprendidas por el nuevo gobierno no han sido capaces de contrarrestar la incertidumbre financiera que generan en el mercado internacional las dos principales empresas productivas del país: Pemex y CFE.

Las agencias Fitch Ratings y Standard & Poor’s cambiaron a perfiles negativos las calificaciones crediticias para los gigantes nacionales del sector energético, mientras que Moody’s prefirió esperar hasta el término del primer semestre del año para evaluar el desempeño de las políticas implementadas por la nueva administración federal para su rescate.

A 100 días del inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que tiene entre las manos un problema muy grande que aún cuando fue heredado gracias a las “ineficaces estrategias” de sexenios anteriores, lo obligan a emprender nuevos mecanismos económicos para reactivar este sector.

Sin embargo, lejos de brindarle certeza tanto a los inversionistas como a la banca mundial, la estrategia de López Obrador –que comprende una inyección de capital de 107 mil millones de pesos, 36 por ciento más de inversión y estímulos fiscales– no ha logrado convencer a los analistas en la rama energética, los cuales se debaten entre la incertidumbre general y los escenarios alternos que podrían generar los planes del gobierno actual.

“Se tiene un entorno de límite de deuda que ya genera fricción, no sólo a las empresas del Estado, sino también al sector fiscal. Son empresas que mantienen altos niveles de deuda, como Pemex con alrededor de 106 mil millones de dólares; y luego se presentan estas calificaciones que le ponen mayor presión”, expone Alejandro Limón Portillo, investigador de energía y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Para el analista, las alarmas de las calificadoras se encendieron por esa mezcla entre la coyuntura energética de empresas que mantienen una baja producción y por el impacto fiscal que los planes del nuevo gobierno podrían generar a la economía nacional. Un fenómeno que le resta credibilidad de pago a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

Otro elemento que generó un declive en la confianza de las agencias financieras fue la relación entre el Estado y sus empresas.

Para el director general de la consultoría GMEC, Gonzalo Monroy, las agencias de evaluación de riesgo crediticio le están diciendo al Gobierno mexicano que tiene un periodo para corregir; ajustar los planes de producción, las acciones que piensan implementar para así poderle viabilidad a las empresas.

“Que se hayan cancelado las rondas de licitación petroleras, las subastas eléctricas (en el caso de CFE) y todo el programa expansivo de gasto social (los programas de asistencia anunciados por Obrador), a nivel de gobierno le resta los márgenes de maniobra al Gobierno mexicano”, comenta Monroy.

Efecto dominó

El fenómeno de reducción de confianza del sector energético impactó en su totalidad a las 77 empresas productivas del país, las cuales se han visto afectadas por la insostenibilidad de la deuda multimillonaria de la petrolera nacional.

“Pemex tiene una deuda que excede los 100 mil millones de dólares y un pasivo laboral que excede los 63 mil millones de dólares. No es cosa pequeña. El ritmo de crecimiento de la petrolera en términos de su deuda en los últimos 5 años ha sido de 25 por ciento”, afirma Monrroy, quien a su vez prevé que el espectro de evaluación no podrá mejorar de una forma tan sencilla, al menos en el corto plazo.

Por esa razón, recomienda analizar bien los ángulos del plan del Gobierno federal, ya que en apariencia, “echar más cosas a producir puede parecer algo bueno”, pero es más importante poner atención en dónde se están haciendo las inversiones.

Sobre los planes de la actual administración, Alejandro Limón añade que, mientras unas iniciativas parecen completamente competentes, vale la pena revisar los impactos en otros sectores, sobre todo en la parte fiscal.

“Algunas de estas acciones tienen buena voluntad, otros carecen de medidas estructurales que puedan resolver algunos de los problemas de raíz de estas empresas. Son rescates que tienen que ver con deducibilidad de algunos impuestos que si bien, sí liberarían recursos a la empresa, son acciones insuficientes (…) A la par, estos rescates tienen impactos negativos en las finanzas públicas porque son recursos que deja de percibir el fisco”, detalla el especialista del CIEP.

Alarde que no ayuda

Tras las declaraciones emitidas ayer por la bancada de Morena en el Senado de la República, ante la iniciativa impulsada por el legislador Salomón Jara Cruz de regular y sancionar a las agencias financieras internacionales que evalúen mal al gobierno, agregan más estridencia a la problemática sobre las malas calificaciones de las empresas productivas, opina Gonzalo Monroy.

“Sabemos que en esto no tienen jurisdicción, así que es una tomadera de pelo. Pero la señal que están mandando allá afuera, que se están mostrando reacios en lugar de acompañar justamente los mecanismos de mercado es muy mala. Pero todo esto se circunscribe en la parte de ruido; de verborrea”, expone.

Monrroy comenta que, de entre todos los exabruptos emitidos por los políticos que puedan no estar de acuerdo con las resoluciones y posturas de las calificadoras, vale la pena diferenciar los que sí implican un riesgo para la economía nacional.

“Qué cosa sí tiene sustancia, la declaración del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que dice que hay que tomarlas (a las calificadoras) ‘como un granito de sal’. Ahí por desgracia no es tanto político y a él le toca ser el conductor de la política económica del país”, concluye.