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El debate institucional sobre el uso de la mariguana en Jalisco se remite al 17 de julio de 2014
En 2014, Jalisco se posicionó como una entidad de avanzada a nivel nacional al someter a consulta pública el tema sobre el uso y consumo de la mariguana.
Sin embargo, ahora el debate se rehúye a pesar de las recientes resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al otorgar un amparo a cuatro personas para que pudieran hacer uso recreativo de la droga.
El debate institucional sobre el uso de la mariguana en Jalisco se remite al 17 de julio de 2014, cuando Enrique Velázquez González, diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa de ley para la Atención Integral de Consumo de Cannabis del estado de Jalisco y la Ley de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del estado de Jalisco.
Dicha iniciativa contemplaba incrementar el gramaje permitido para uso de mariguana y así pasar de 5 a 30 gramos. Todo bajo una política de prevención, tratamiento y rehabilitación con perspectiva en la libertad personal y los derechos humanos.
Para abonar al tema, se llevó a cabo una histórica consulta pública realizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, a petición del diputado local perredista. Se realizó entre el 17 y el 23 de septiembre en todo el estado.
“La opinión sobre el status que debe tener la mariguana en nuestro sistema jurídico es un tema en el que Jalisco ha dado un gran paso”, expresó Velázquez González al presentar los resultados de la consulta.
A la convocatoria se dieron cita 13 mil 662 jaliscienses que votaron desde los distintos centros que se instalaron en los 125 municipios. Los resultados arrojaron que una mayoría del 60 por ciento estaba a favor del uso terapéutico de la mariguana y sólo el 39 por ciento estaba a favor del uso recreativo.
En respuesta, Velázquez González afirmó que modificaría su iniciativa para desechar el uso terapéutico y reforzar el uso medicinal.
Sin embargo, las consultas sirvieron de poco y las modificaciones no aportaron para que la pasada legislatura diera paso a un debate más serio sobre la mariguana en el estado.
Propuesta desechada
El pasado mes de octubre, a unos días de que finalizara la pasada legislatura, la Comisión de Justicia –una a la cual fue turnada la iniciativa de Velázquez González– desechó la propuesta perredista con ocho votos en contra y uno a favor. Obviando cualquier mesa de trabajo y paneles que se habían realizado anteriormente.
En medio de la citada polémica, el 4 de septiembre pasado, la primera sala de la SCJN autorizó el amparo 237/2014, por el cual se concedía a cuatro personas el uso personal de la mariguana, sin incluir comercialización.
Fue así como el pasado 12 de noviembre diversas organizaciones jaliscienses anunciaron que promoverían amparos para que les fuera otorgado el uso de la mariguana y así motivar la formulación de una posterior jurisprudencia que sentara un precedente a nivel nacional.
Las organizaciones promotoras de la acción judicial son Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), Tianguis Cultural A.C., Colectivo Voto Incluyente y Colectivo Diversidad UDG.
Dos días después, el 14 de noviembre, la Comisión de Prevención de Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) a través de su titular, Celso del Ángel Montiel Hernández, confirmó que existen cuatro solicitudes para cultivar mariguana en Jalisco y que se anticiparon a la formulación de amparos para llevar el mismo proceso que ya tuvo resonancia nacional en la SCJN.
Oposición desde la sociedad
En Jalisco, algunas voces ya se pronunciaron en contra de las recientes disposiciones de la SCJN y la vía que está tomando el tema de la despenalización del consumo personal de la mariguana.
“De no frenar la legalización de la marihuana, existirán más muertes, así de sencillo”, aseguró el Frente Único de Comunidades A.C en una carta enviada al Congreso Local del Estado de Jalisco.
Esta misma organización también mostró su oposición a temas nacionales como el matrimonio igualitario y los amparos para el uso de mariguana.
“Jamás debieron concederse estos amparos, porque lo que se ha logrado es la activación del hormiguero a favor del consumo de la marihuana, cuando debería ser al contrario”, argumentaron en la carta, la cual también fue enviada al gobernador del estado.
Criminalización, el principal tema
Los niveles y políticas de criminalización para quienes consumen y poseen mariguana son alarmantes. Incluso, dichos datos ya han llegado a instancias internacionales con especial énfasis en la política antidrogas de México.
“Las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas, en especial de aquellas que son judicializadas y de quienes son enviadas a la cárcel, pues suelen enfrentar condiciones infrahumanas, como las asociadas con el hacinamiento”, detalló sobre el caso México el informe ‘El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos en la región de las Américas’.
En México desde la reforma de 2009 que desincriminó la posesión de hasta 5 gramos de mariguana, las detenciones policiales remitían principalmente a los delitos de posesión y consumo.
En Jalisco, el 80 de los delitos contra la salud fueron por posesión –que también incluye consumo– de enero a octubre de este año, revela el reporte de incidencia delictiva del fuero federal 2012-2015, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De las 760 averiguaciones previas que se abrieron por dichos delitos del fuero federal, sólo 21 fueron por comercio y tres por tráfico, 2.8 por ciento en el primer caso y menos del punto porcentual para el tráfico.
“Las consecuencias de la criminalización de las y los usuarios y/o autocultivadores de drogas no solo afecta a las personas a partir de las consecuencias propias del hecho de tener un proceso penal abierto, sino que incluso impactan sobre el ejercicio de otros derechos de contenido económico y social”, recalca el informe de la CIDH.
Lo que va de la presente administración priista, Jalisco ha registrado un total de 2 mil 612 averiguaciones previas por delitos contra la salud. Mil 968 han sido por posesión, es decir, el 75 por ciento.
