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¿Qué hacía un agente de investigación armado dentro de Ciudad Universitaria? Es el cuestionamiento de muchos mientras acusan violación a la autonomía de la UNAM, se desatan las protestas y bloquean los accesos con barricadas.
Desde hace tres años la policía judicial del Distrito Federal, hoy Policía de Investigación, opera, investiga y tiene sede en el corazón de Ciudad Universitaria.
El propio rector de la UNAM, José Narro Robles, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuando éste era el procurador de Justicia de la Ciudad de México, abrieron y pusieron en funcionamiento una Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a la Comunidad Universitaria (AMPEACU).
La agencia, además de Ministerios Públicos, tiene personal de la Policía de Investigación, que por supuesto está armado.
¿Por qué ahora se cuestiona el hecho de que un policía armado ingresó a la UNAM, cuando es común que circulen por esta zona y realicen persecuciones?
Para la comunidad universitaria
La AMPEACU es el resultado de un convenio que se firmó entre la UNAM y el Gobierno del Distrito Federal, cuando Marcelo Ebrard Casaubón era el jefe de Gobierno.
En voz del ex jefe de Gobierno, esa agencia del Ministerio Público se abrió en esa zona para la protección de estudiantes, académicos y trabajadores, así como para dar seguimiento e investigar cualquier delito que ocurre en Ciudad Universitaria.
En la página oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se especifica que la agencia fue construida con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia entre la Comunidad Universitaria y su población flotante.
Es operada por personal ministerial de experiencia, egresado de esa Alma Mater y apoyada por un representante jurídico de la UNAM, médico legista, elementos de la Policía de Investigación, etc.
A la letra puntualiza que: “Su ámbito de acción son los eventos delictivos que ocurren dentro del perímetro de Ciudad Universitaria”.
Y que además, se trata de una agencia modelo que reúne los requerimientos de la Comisiones de Derechos Humanos.
Además, a través del Boletín UNAM-DGCS-633 del 25 de octubre de 2011, la casa de estudios informó: “Para proteger de manera eficaz a la comunidad, investigar y resolver actos delictivos que se registren en Ciudad Universitaria, o en el área circundante, la UNAM y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pusieron en marcha la agencia del Ministerio Público en atención a la comunidad universitaria, a un costado del Metro Universidad”.
A través de aquella comunicación oficial, el rector Narro agradeció a Marcelo Ebrard y al entonces procurador, Miguel Ángel Mancera, de contar con una agencia del MP dentro de Ciudad Universitaria
“(La agencia) permitirá desarrollar indagaciones y que el conocimiento apoye para identificar factores de riesgo, tendencias y acciones que puedan contribuir en las tareas de prevención”, subrayó Narro sobre aquel acuerdo.
El hilo más delgado
A esa agencia del MP que se encuentra frente a la Facultad de Veterinaria en la calle de Delfín Madriga, pertenece el policía de Investigación Luis Javier Aguiñaga Saavedra, quien realizó los disparos al interior de Ciudad Universitaria y quien hoy enfrenta cargos por lesiones dolosas y abuso de autoridad.
Sus compañeros de trabajo sostienen que Aguiñaga Saavedra estaba ahí cumpliendo con su trabajo, en atención a una denuncia de robo, y que si disparó fue en defensa propia luego de que más de 20 personas lo increparon, persiguieron y le lanzaron piedras que le causaron lesiones (documentadas) en cráneo y nariz.
El policía de Investigación es identificado con la placa 3630, que lo acredita como policía de Investigación de la PGJDF, y estaba adscrito justo a la Agencia del Ministerio Público que el GDF y el propio rector Narro dieron luz verde para atender las incidencias de Ciudad Universitaria.
Ese día el policía de Investigación y personal de la agencia del MP fueron increpados por un grupo de supuestos estudiantes de la UNAM, algunos de lo cuales ocupan el auditorio Che Guevara de CU.
De hecho, los propios activistas comenzaron a circular en las redes sociales fotografías de unos gafetes del personal de la PGJDF que les arrebataron, entre éstos el que corresponde a Rodolfo Lizárraga Rivera, que se acredita como oficial secretario del Ministerio Público.
Ese grupo de supuestos estudiantes que se dijo perseguido y violentado, destrozó el vehículo Nissan gris en el que viajaba el grupo de la PGJDF, placas 982-WGE, así como el equipo de radiocomunicación.
Sin embargo, ante la gravedad del escándalo, el secretario de Gobierno del GDF, Héctor Serrano, salió a ofrecer una disculpa pública a la UNAM por los hechos ocurridos en CU que violentaron la autonomía de la Máxima Casa de Estudios.
Entonces, ¿para qué sirve la agencia especializada del Ministerio Público de CU? ¿Y los representantes jurídicos de la UNAM que operan en ésta?
Para otros policías de investigación, compañeros de Luis Javier Aguinaga, el caso se resolvió cortando el hilo más delgado, sobre todo si se tiene en cuenta que el tema de los estudiantes atraviesa una crisis en todo el país por la represión y desaparición de la que fueron objeto los normalistas de Ayotzinapa.
Pero lo que se vive en Ciudad Universitaria es distinto. Y el rector José Narro Robles sabe que en el Auditorio Che Guevara hay un polvorín que en cualquier momento puede estallar.
Pero en su postura ante los sucesos del sábado olvidó mencionar que él mismo autorizó la presencia de policías judiciales, armados, para combatir los delitos que azotan a la UNAM.
Con el pretexto de solidarizarse con la búsqueda de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, muchos activistas que se esconden en el territorio de la UNAM han causado destrozos en la ciudad.
Ahí están los videos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, que captan el momento en el que un grupo quemó el Metrobús de Ciudad Universitaria y luego se escondió en ese territorio.
Lo sabe Narro y lo sabe también Mancera, quien ayer regresó a la escena del DF luego de una operación a corazón abierto. Ambos saben que no hay que abonar a la violencia.