Millones de ciudadanos vivieron en carne propia un acto de corrupción y cedieron ante esta problemática al momento de realizar trámites vehiculares, de educación o ante funcionarios de seguridad pública.
Cifras de la ENCIG demuestran que durante el año pasado más de 3.3 millones de mexicanos tuvieron que desembolsar en promedio 3 mil 822 pesos para agilizar un servicio que solicitaron al gobierno.
Es decir, que el quebranto total al bolsillo de los ciudadanos que fueron víctimas de la corrupción fue de 12 mil 770 millones de pesos.
Al observar el desglose de los resultados, los trámites que más costo por corrupción generaron fueron los relacionados con la educación pública como inscripciones, becas educativas, cambios de escuela, obtención de certificados o calificaciones, ya que las 76 mil 595 personas que entregaron dinero a cambio de un servicio, desembolsaron en promedio 2 mil 75 pesos.
La encuesta establece que 1.7 millones de mexicanos se involucraron en un acto corrupto con personal de seguridad pública. En este rubro, el costo por persona fue de mil 294 pesos en promedio.
Los trámites vehiculares como el pago de tenencia o de verificación, también generaron que los usuarios de automóviles pagaran dinero extra para avanzar con sus solicitudes, en promedio fueron 727 pesos y más de 834 mil ciudadanos los que llevaron a cabo esta práctica.
Otra de las formas en la que la corrupción se hizo presente fue en los trámites que ofrece el registro civil. La ENCIG muestra que un total de 119 mil personas proporcionaron 755 pesos en promedio para gestionar un servicio ante esta instancia.
Instituciones reprobadas por corrupción
A la vista de la ciudadanía las instituciones más corruptas son las encargadas de dar seguridad y las de representación política, situación que evidencia las carencias de ambos sistemas en el país.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, las personas entrevistadas respondieron que las policías son las corporaciones con mayor corrupción en su interior, ya que el 96 por ciento dijo que esta práctica se da de manera poco frecuente, frecuente o muy frecuente.
En segundo lugar se encuentran los partidos políticos, con un porcentaje del 94 por ciento.
“Pienso que los partidos tienen que hacerse cargo de la crisis de la representación y la pérdida de confianza, deben reconocer y entender que hay cosas indefendibles, entender que hay otra forma de hacer política y que estamos en otro momento”, explica Emilio Álvarez Icaza.
El senador espera que, de cara al proceso electoral del 2021, los institutos políticos modifiquen su modo de hacer política y abran la puerta a nuevos liderazgos y expresiones.
Para Pablo Montes, el hecho de que las policías y los partidos encabecen las listas de los entes donde se comete más corrupción es una señal negativa de desconfianza ciudadana.
“La gente no confía en quienes los deberían defender o representar y es primordial que el ciudadano se sienta protegido”, apunta.
El especialista del IMCO concluye en que esta percepción negativa sobre los partidos puede traducirse a una apatía democrática, es decir, que menos electores salgan a votar en el próximo proceso electoral.
