En mayo de 2022, el año más letal para los ambientalistas en México, el Gobierno federal declaró el 17 de julio como el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. A un año de esa declaratoria, el panorama poco ha cambiado.
Tan solo el 19 de junio de 2023 se reportó la muerte de Álvaro Arvizu Aguiñiga, defensor del agua y de la agroecología, en el Estado de México.
El activista falleció seis días después de que un grupo de personas lo agredieran a golpes a él, a su esposa y a otros integrantes del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.
“No es uno más, tampoco es un hecho aislado ni un ‘lamentable’ suceso. Es resultado de la impunidad, la omisión y también la complicidad de los gobiernos y el Estado.
“La muerte de Álvaro y las agresiones su compañera y compañeros se suman a una larga lista de agresiones que van desde la intimidación, la tortura, el secuestro, hasta el homicidio”, manifestaron en un comunicado organizaciones como el Grupo Territorio, Género y Extractivismo; la Red de Género y Medio Ambiente; y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Ante la crisis ambiental que existe alrededor del mundo y de los continuos ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos ambientales, expertos subrayan la urgencia de no normalizar la violencia que vive este sector de la población, así como la importancia de que las autoridades mexicanas garanticen su protección y el acceso a la justicia.
Situación preocupante
No hay buenas cifras y esa es la preocupación que se tiene desde el instituto, por la diversificación de las agresiones y asesinatos que México reporta, afirma Itza Castañeda Camey, directora de Equidad Social del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
Comenta que, en comparación con los años que tiene la organización en trabajos de derecho procesal, responsabilidad social y en temas de personas defensoras de derechos humanos, la situación que se vive actualmente a nivel nacional, es alarmante.
Respecto al periodo que ha transcurrido desde que se estableció el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, menciona que aún faltan adecuaciones al marco legal y a las políticas públicas de México para estar en concordancia con los tratados internacionales que se han firmado y ratificado en años recientes, como el Acuerdo de Escazú.
🔵 #IndigoTrends | Eustacio Alcalá, defensor nahua del territorio, se suma a la lista de ambientalistas asesinados en nuestro país. Según Front Line Defenders, la letalidad en contra de defensores de #DDHH en México es similar a la de Ucrania, un país en guerra. pic.twitter.com/00v2gHtuGv
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) April 7, 2023
“El Estado es el que debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, y sin ser asesinadas.
“Lo que urge es tomar estas medidas adecuadas y efectivas para proteger y promover los derechos de las personas defensoras y todos los derechos humanos en asuntos ambientales”, expresa la especialista.
Noticias alentadoras y futuro próximo
Itza Castañeda precisa que la esperanza en México es que, en abril de 2023, el Gobierno federal emitió un comunicado de prensa en el que refrendó su compromiso para construir los mecanismos que garanticen los tres derechos que tutela el Acuerdo de Escazú: derecho a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, así como la protección de las personas defensoras.
“En junio de este año se creó un grupo tripartita, llamado Grupo Nacional de Escazú en México, que es un espacio de colaboración entre Gobierno, sociedad civil y la cooperación internacional, y lo que busca es cómo diseñar una ruta e implementarla para que el Estado mexicano ponga en marcha el Acuerdo de Escazú”, detalla.
Para lograr esa meta, según la especialista, es necesario el desarrollo y la aprobación de iniciativas legislativas y otras herramientas para que se verifique el cumplimiento de lo que establezca el grupo de trabajo.
📰 #Portada | México vive un momento crítico en el aspecto medioambiental, pues además del peligro del cambio climático, los activistas y defensores de la naturaleza viven con el riesgo latente sufrir atentados. https://t.co/oufyd5bPM8 pic.twitter.com/LvzWlNMcfv
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) April 19, 2023
En el marco de la conmemoración del 17 de julio, el WRI espera que haya un pronunciamiento por parte del Grupo Nacional de Escazú sobre los avances que han tenido desde su conformación.
Finalmente, Castañeda Camey describe la problemática de la crisis climática y la violencia contra ambientalistas como compleja, pues en la actualidad se vive una voracidad de la extracción de los recursos naturales, vinculada a crímenes ambientales como la tala y la pesca ilegal, el tráfico de especies y la extracción ilícita del agua.
Los datos
El “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México” del CEMDA, detalla que, en 2022, el organismo documentó al menos 197 eventos de agresión en los que se atentó contra la vida, la integridad personal, las formas de vida, los bienes, así como la tierra y los territorios de las personas y comunidades defensoras en México.
“En estos, se perpetraron un mínimo de 582 agresiones diversas. Una cuantificación sin precedente durante el ejercicio de investigación que tiene inicios en 2014, indica el estudio.
Lo anterior representa un aumento del 82.4 por ciento, en comparación con el año 2021, en los eventos de agresión; y un incremento del 144.5 por ciento de las agresiones diversas.
“Siguiendo con el recorrido histórico documentado, 2022 se convierte en el año con mayor número de eventos de agresión documentados, y colocándose en el tercer año más letal”, precisa el CEMDA.
