Las ramificaciones que continúan descubriéndose de la red de empresas creada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, su brazo financiero, para el blanqueo de fondos, han crecido hasta rondar ya una treintena de firmas expuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
Con la última designación del 4 de abril pasado de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, en tan sólo ocho meses se ha puesto al descubierto un conglomerado de 27 empresas vinculadas a ese binomio del crimen organizado.
La mayor parte de ese corporativo empresarial que EU vincula con el CJNG y Los Cuinis, está alojada en Jalisco y operando desde su economía, así pasa con 24 de estas, mientras que las tres restantes están en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México y Quintana Roo.
Sin embargo, las detecciones de la OFAC no solo han evidenciado el tamaño de la expansión corporativa de esas organizaciones delictivas, también la complejidad de sus actividades comerciales.
Las siete empresas descubiertas en días pasados y ligadas al líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia, detenido por las autoridades federales, y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, se enfocan en rubros tan disímiles como estos:
La producción agrícola (Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula); el turismo (Asesores Turísticos); la consultoría en tecnología biomédica (Step Latinamedica); y la operación de estacionamientos (Status Adminstrativo).
Recientemente las autoridades estatales estimaron que la entidad aporta el 11 por ciento al PIB primario nacional en el área agrícola.
El corporativo
A esto se suma que en los dos anteriores pronunciamientos de la OFAC sobre el CJNG y Los Cuinis, los del 19 de agosto y el 17 de septiembre de 2015, los giros de sus empresas detectadas para desarrollar negocios abarcaban otros ámbitos del todo diferentes:
Se les señaló la propiedad de una marca de tequila, y de empresas de bienes raíces, desarrolladoras inmobiliarias, consultoras de mercadotecnia y arquitectura, restaurantes de sushi, plazas comerciales, estéticas vaginales, renta de cabañas y hasta el hotel boutique de gran exclusividad: el Hotelito Desconocido.
Aquel día de septiembre de 2015 John E. Smith, titular de la OFAC, lo dijo con claridad: “El CJNG ha esparcido violencia y corrupción para convertirse en una de las organizaciones del tráfico de drogas más poderosas en México. La variedad de los negocios designados hoy demuestra el alcance con que el CJNG ha penetrado la economía tanto localmente como más allá”.
El mismo funcionario confirmó este 4 de abril el vigor financiero que ha alcanzado la red empresarial construida por el CJNG y Los Cuinis, particularmente desde Jalisco:
“La acción de hoy toma otro paso en el desmantelamiento de la organización del tráfico de drogas de Los Cuinis y su prolífica red de negocios.
“El Tesoro va a continuar exponiendo y aislando los financiadores de esta acaudalada y poderosa organización criminal mexicana y su líder Abigael González Valencia”.
Al frente de las firmas señaladas ese día por la OFAC se incluyó a Jeniffer Beaney Camacho Cázares (esposa de González Valencia), Diana María Sánchez Carlon, Silvia Romina Sánchez Carlon, y/o Fernando Torres González.
Base tapatía
Guadalajara es el corazón del conglomerado empresarial creado por el CJNG y Los Cuinis: de las 24 firmas que establecieron en Jalisco para el lavado de dinero, 20 fueron ubicadas en su área metropolitana, justo donde se concentra el mayor despliegue de las fuerzas de seguridad.
De estas en la metrópoli, 13 están en la capital y siete en el municipio vecino de Zapopan.
Reporte Indigo publicó el 21 de septiembre de 2015 que entre 2011 y 2015, el Gobierno municipal de Zapopan aplicó 185 deducciones fiscales por 2.3 millones de pesos a ocho empresas señaladas por la OFAC, algunas vinculadas a Rafael Caro Quintero y a Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”
Las cuatro firmas restantes del CJNG y Los Cuinis en Jalisco pero fuera de la metrópoli, están en Tomatlán (dos), y en Tapalpa y Puerto Vallarta.
El 9 de marzo pasado, la Fiscalía General dio a conocer la detección de una supuesta empresa de seguridad privada, Segmex, con operaciones en Tlaquepaque –también en la metrópoli- y Puerto Vallarta, que el CJNG habría estado utilizando como medio para el reclutamiento de individuos a su organización.
La firma ofrecía empleos como escoltas o custodios con un salario de 3 mil pesos semanales. Las personas que se acercaban recibían un entrenamiento corto de una semana, para luego utilizarlos en actividades de distribución de narcóticos en Lagos de Moreno.
Este municipio ha sido un foco de atención para las autoridades durante el 2016, pues ha sufrido una descomposición en su seguridad pública, con enfrentamientos recurrentes entre células delictivas y las fuerzas policiales, y la detección de campamentos de sujetos armados.
Entre el 17 y el 24 de febrero la Fiscalía reportó cuatro enfrentamientos ahí, que dejaron a siete presuntos sicarios muertos, uno detenido, y tres oficiales heridos.
Unidad antilavado
A pesar de la expansión del corporativo de firmas vinculado a organizaciones delictivas en Jalisco, como el CJNG, Los Cuinis, y antes el Cártel de Sinaloa, fue apenas el 30 de marzo pasado que la Fiscalía creó una Unidad Especializada para la Investigación Patrimonial, Económica y Extinción de Dominio.
Este cuerpo quedó bajo la titularidad de Ignacio Quintero Stoupignan, que tendrá la responsabilidad de comenzar a usar la Ley de Extinción de Dominio, un mecanismo para arrebatarle a estas organizaciones los bienes que han obtenido de actividades ilícitas o utilizados en estas.
Jalisco cuenta con esa herramienta legal desde el 2011, cuando fue aprobada su legislación por el Congreso, sin embargo, nunca ha sido explotada por la Fiscalía.
Antes de la consolidación del CJNG como el grupo criminal dominante en el estado, la OFAC había señalado la existencia de empresas alojadas en Jalisco con vínculos con capos como Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, e incluso con la organización de los Beltrán Leyva.
En 10 años, de 2006 a 2015 (a octubre) Jalisco fue la quinta entidad con la mayor incidencia de lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la PGR, con 121 averiguaciones previas, por debajo de Sinaloa, con 405; Baja California, 216; Sonora, 202, y Tamaulipas, 159.