El convenio que ofrece la Agencia Estatal del Transporte (AET), a cargo de Noé Gerardo Chávez Montemayor, a las plataformas digitales que prestan un servicio privado de transporte, como Didi, Uber y Cabify, ha generado conflictos entre diputados, choferes y Gobierno.
El pacto ha sido desairado por los propios conductores, debido a la desconfianza de que se convierta en una herramienta para asfixiar al servicio y pausar el análisis de la nueva Ley de Movilidad.
Un copia del convenio en poder de Reporte Índigo establece que las plataformas serán parte de un sistema de transporte público y serán regidas por la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable.
La AET incorporará, con base en el artículo 6 de la Ley del Transporte, a las empresas de plataformas digitales bajo los parámetros y reglas establecidas en el convenio.
La AET autorizará la expedición de placas y tarjetas de circulación, licencias especiales, una carta de no antecedentes penales, un seguro y exámenes toxicológicos, de aptitud física y mental
“Ambas partes acuerdan que, por medio del presente acuerdo de voluntades, la Agencia incorporara en términos a los establecidos al artículo 6 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable a fin de que pueda prestar el servicio de transporte con chofer mediante aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación en dispositivos fijos bajos parámetros y reglas establecidas en el presente instrumento”, dice el documento.
No obstante, en esta Ley existen 24 apartados que tratan de diferentes temas del transporte público, por lo que las aplicaciones estarían regidas bajo esta norma estatal. Por ejemplo, una en la que la Agencia autorizará la expedición de placas y tarjetas de circulación para vehículos destinados al transporte público de pasajeros, así como de licencias especiales para sus conductores.
Chávez Montemayor, acusado de fraude y conspiración en Nuevo León y Estados Unidos, ha realizado operativos en los que ha decomisado vehículos. Y pretende, con este convenio, que las aplicaciones tengan más requisitos para operar que un taxi tradicional.
En una manifestación en el Congreso local, los conductores dijeron estar en contra del marco jurídico del convenio, que contiene el trámite de licencias especiales, la contratación de seguros y el cobro de un impuesto.
Piden rechazar acuerdo con AET
La diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, hizo un llamado a las plataformas para que no acepten el convenio, pues considera que las cláusulas tendrían que estar asentadas en la nueva Ley de Movilidad.
“Los representantes de las empresa me han dicho que lo están estudiando, hay bancadas que defienden a los sindicatos, el convenio es ilegal, puede quedar en una Ley de Movilidad, eso sí, sacarla en septiembre como fue el compromiso que se hizo la semana pasada. Definitivamente no se debe de firmar, y se debe frenar y desaparecer”, dijo la legisladora emecista.
De aceptar, los choferes deberían tramitar, dentro de los 30 días posteriores a la firma del convenio, una licencia especial llamada APP o ETR y esa licencia no existe, no está regulada
Este pacto estaría obligando a las aplicaciones a aceptar las condiciones que el Gobierno del Estado les imponga y que no son las mismas para los taxistas convencionales, por ejemplo: tramitar una carta de no antecedentes penales, un seguro, contar con exámenes toxicológico, de aptitud física y mental.
División panista por apps de transporte
El convenio que pretende regular el servicio privado a través de plataformas digitales, que ofrece la Agencia Estatal del Transporte, dividió a los diputados de la bancada del PAN del Congreso local.
El diputado Jesús Nava informó que existen vacíos legales en el convenio que expone la Agencia, por lo que no está de acuerdo. El legislador coincide con la diputada Karina Barrón para establecer los contenidos de regulación en la Ley de Movilidad.
“Hay vacíos legales dentro del convenio, es lo que dice el jurídico de las plataformas y eso exponen los representantes de los operadores. Estamos de acuerdo en el contenido, pero no en el marco jurídico, que es el convenio, hay que establecerlo en la Ley de Movilidad”, señaló el diputado, quien tiene el respaldo de su compañera, Claudia Caballero, para solicitar a la AET que frene el convenio.
Por otra parte, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que si bien el convenio no soluciona el tema de fondo, es una forma de dejar trabajar a las plataformas para evitar los operativos.
“Lo que buscamos es que haya una interlocución entre la gente de las plataformas y la Agencia para que los dejen trabajar ¿Bajo qué normas? Bajo una norma que tiene que dictaminar la Agencia, lo que buscamos es dejar tranquilidad y garantizar certidumbre”, señaló el coordinador.
