El conflicto que viene

En 88 días, el nuevo Sistema de Justicia Penal entrará en vigor en todo el país y lo hará con enormes carencias.

Aunque las faltas son de condiciones físicas, la legislación sobre el tema también tiene insuficiencias. Lo mismo ocurre con la formación de los policías, eslabón primario del nuevo sistema de justicia.

El órgano encargado de realizar la transición de ambos sistemas de justicia es la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En cuanto a la legislación pendiente, el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que las carencias en algunos temas pueden impactar directamente en el funcionamiento del nuevo esquema de justicia.

El nuevo sistema

El 18 de junio del 2016, el nuevo sistema de justicia penal deberá entrar en vigor en todo el país.

El cambio se concretará a raíz de la reforma de justicia del 2008; los legisladores dieron un plazo de ocho años para realizar las modificaciones estructurales necesarias. La transformación radica en un cambio de visión. Antaño, el enfoque era inquisitorial, en que el mismo juez que realizaba la investigación es el que dictaba sentencia. La mayor prueba, en ese caso, era la confesión del acusado.

En ese modelo, el juez se basaba en la sospecha de culpabilidad del señalado y no tenía ninguna limitante para dictar sentencia; eran procesos muy largos que podían durar varios años. Desde este enfoque, el Ministerio Público concentra muchas facultades que lo transforman en el primer filtro para decidir cuál investigación procede y cuál no.

“La etapa de averiguación previa se considera una fase que algunos denominan el ‘corazón de la impunidad’.

“¿Por qué?, porque permite, dado esa concentración de facultades reconocidas, que los casos que llegan a los tribunales sean selectivos, sean sólo algunos y ése es uno de los grandes problemas de la percepción ciudadana de impunidad respecto a la justicia en México”, expone José Nieves Luna Castro, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en su texto “Introducción y características generales del nuevo sistema de justicia penal”.

Los resultados de dicho modelo de justicia no fueron los mejores.

Luna Castro sostiene que uno de cada cinco delitos, se denuncia; de cada 100 asuntos penales, solo en 51 se logra hacer comparecer al inculpado; de cada 100 averiguaciones, solo 26 se concluyen.

“Si sumamos esto, quiere decir que la posibilidad de que un presunto delincuente llegue a ser juzgado y sentenciado es de 2.7 por ciento. Entonces, desde esa perspectiva, la averiguación se convierte en un filtro de impunidad porque se frena la posibilidad de acceso a la justicia”, señala.

En cambio, el modelo del nuevo sistema de justicia es acusatorio y oral. Se basa en la presunción de inocencia del acusado y no es solo un juez quien imparte justicia.

Los derechos consagrados en el nuevo sistema de justicia penal son: el derecho a la presunción de inocencia; a no ser sometido a detención ilegal o arbitraria; al debido proceso; a la igualdad ante la ley; y a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial.

El proceso se compone de tres partes: en la investigación, un fiscal recaba las pruebas que pueden acreditar la comisión de un delito.; lo hace acompañado de un juez de garantías, que vigila la no violación de los derechos tanto de las víctimas como de los imputados.

En una segunda fase se presentan las pruebas y se pide que la persona imputada vaya a juicio y, de admitirse, pasa a ser acusado. Es el periodo de análisis de pruebas.

En una tercera fase se desarrolla el juicio oral, que es presidido por tres jueces; todos los actores, tanto el fiscal, el abogado del acusado y la víctima o sus representantes, tienen derecho a ser escuchados en las audiencias.

Los procesos son rápidos y se da oportunidad a que haya acuerdos entre las partes para evitar, en lo posible, penas de prisión y fomentar la reparación del daño.

Uno de los principios del nuevo sistema de justicia penal es que estará enfocado en el respeto a los derechos, tanto de las víctimas como de los acusados.

Una de las columnas vertebrales de todo el sistema es la actuación de los policías, quienes deben actuar apegados a la ley y respetar los derechos de los detenidos.

De no hacerse así, todo el proceso puede venirse abajo. Por ejemplo, si hubiera tortura para obtener una confesión, el imputado podrá alegar que fue coaccionado y, si se demuestra, ese solo hecho basta para que quede en libertad.

Además, se establecen mecanismos de justicia alternativa que, mediante facilitadores, ambas partes puedan solucionar un conflicto y firmar un acuerdo donde se garantice la reparación del daño.

Sin embargo, la transformación más importante será la de la conciencia de los ciudadanos, que podrían ver en todo el sistema una forma de proteger a los delincuentes y no los derechos de todos.

Avances físicos

Aunque se tenía planeado tener toda la infraestructura lista para junio de este año, tomará más tiempo cumplir con los objetivos ideales que el propio Poder Judicial se había trazado.

En su Informe Ejecutivo sobre los Avances del Nuevo Sistema de Justicia Penal de enero del 2016, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reconoció que tuvo que cambiar sus planes y definir sus objetivos en dos etapas: la implementación y la consolidación.

En el primer caso, la meta es tener en funcionamiento la infraestructura mínima para la entrada en vigor del nuevo sistema, en junio próximo.

“Desde el Plan Maestro, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el 8 de mayo de 2013, se previó construir 44 Centros en toda la República Mexicana a razón de uno por entidad, en algunos casos dos y, por excepción, hasta tres (Baja California y el Distrito Federal).

“Al día de hoy aún no ha variado ese objetivo final, sin embargo para junio del presente año se han previsto dos cosas: 1. Que haya al menos uno por cada entidad (sin perjuicio de que sigan construyendo paralelamente los restantes) y 2. Que en los lugares donde no sea posible concluir el centro definitivo, previsible desde ahora, se habilite uno provisional con requerimientos mínimos”, apunta el Informe.

El CJF indicó que, a enero pasado, en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán ya fueron realizadas las obras correspondientes.

En Sonora, Nuevo León, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, la Ciudad de México Tabasco, Campeche, Chiapas y Quintana Roo, las obras se encuentran en proceso.

Mientras, en Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero las obras apenas están en trámites.

Por la cercanía del plazo de entrada en vigor, algunos de estos centros serán utilizados de forma provisional.

Según el propio CJF, la regla general para la construcción de estos centros es que los contratos se han otorgado por adjudicación directa “sustentada en el poco tiempo disponible y en algunos casos por razones de seguridad”.

En algunos casos, es la Secretaría de la Defensa Nacional la que construye estos centros de justicia federal; en otros, son empresas constructoras.

En el caso de los centros provisionales, cuando se construyan los definitivos sí deberá haber un proceso de licitación.

El factor humano

Para la implementación del nuevo sistema de justicia penal existen dos actores fundamentales en el proceso: los policías y los jueces.

En el caso de los policías, cada uno de los estados ha tenido que capacitar a sus elementos policiacos; lo mismo ocurre a nivel federal. De acuerdo con la SETEC, en todo el país se ha ido trabajando en la capacitación de 333 mil 865 policías antes del mes de junio.

La capacitación consiste, sobre todo, en la enseñanza de los procedimientos homologados de actuación, además del respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.

También se les capacita en todas sus nuevas facultades –como de recibir denuncias o formar parte de la investigación- que tendrán con la reciente legislación.

El costo aproximado de esta capacitación será de alrededor de 271 millones de pesos. En el caso de los jueces, el CJF bajó las expectativas sobre lo que se requiere para la implementación del nuevo sistema de justicia.

“El Plan Maestro previó que la implementación del sistema de justicia en todo el país requería de 296 jueces de Distrito (de Control 219, 40 de Enjuiciamiento y 37 de Ejecución), así como 315 Magistrados de apelación.

“En 2015 se replanteó este objetivo: se previó contar con hasta 205 jueces a junio de 2016 (165 en funciones jurisdiccionales y 44 en funciones administrativo jurisdiccionales) y que no será necesario designar, por ahora, a magistrados de apelación con competencia exclusiva en el nuevo sistema”, expone el CJF en su informe de avance, a enero del 2016.

No solo los jueces han tenido que capacitarse, sino todos los actores involucrados en el proceso de justicia, desde secretarios hasta abogados.

Las carencias legislativas

El Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, sostiene que hay carencias en algunas de las necesidades legislativas para el funcionamiento del nuevo sistema, que el Congreso de la Unión deberá discutir a la brevedad. Los dos pendientes legislativos más importantes que el IBD detecta son la Ley Nacional de Ejecución Penal, que sentará las bases del nuevo esquema de funcionamiento del sistema penitenciario; y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, cimiento del subsistema de justicia penal especializado en menores de edad.

El IBD destaca otras áreas poco atendidas, pero cruciales para la justicia penal, como la adecuación del amparo, la reforma policial o la revisión del régimen de delincuencia organizada. La nueva Ley de Ejecución Penal pretende transformar el enfoque del gobierno y organización interior de las prisiones; con ella se busca proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Reporte Índigo publicó que la negociación de dicha ley se encontraba en un impasse porque el Gobierno federal no quiere ceder un ápice del control de las prisiones.

Empero, fuentes cercanas al proceso de negociación, señalaron que algunos puntos ya se han destrabado y se avanza en la construcción del nuevo modelo penitenciario.

Para el IBD, la Ley de Ejecución Penal es una pieza fundamental del nuevo sistema de justicia, pues permitirá que los internos cumplan su pena, libres de violaciones a los derechos humanos.

“La importancia de contar con una ley secundaria en la materia, que se ajuste al nuevo paradigma respetuoso del derecho al debido proceso, permitirá que las personas privadas de su libertad por la comisión de un delito no se vean vulneradas por el abuso de autoridad de la que suelen ser objeto en el actual régimen penitenciario”, afirma el IBD en su estudio Pendientes de la Justicia Penal.

En el caso del nuevo sistema de justicia para adolescentes, “la reforma constitucional en materia penal de 2008 estableció un nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo, respecto a los menores de edad que violan la ley penal no es posible jurídicamente aplicarles dicho sistema, ya que se siguen considerando como personas inimputables”, sostiene el IBD.

El Instituto cita cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015, realizado por el INEGI, que señala que a nivel nacional, casi 45 mil adolescentes estaban siendo investigados en relación con delitos del fuero común.

De este total, 72 por ciento era investigado bajo el sistema inquisitivo-mixto y 23 por ciento conforme al nuevo sistema acusatorio oral.

Resultados: en una generación

Para Miguel Sarre, académico del ITAM y miembro de la Red a favor de los juicios orales y el debido proceso, los resultados de la transformación del sistema de justicia penal podrían verse en México hasta dentro de una generación.

 “Yo creo que los resultados se verán en una generación. Yo creo que los muchachos que están ahorita saliendo, estudiando, que ya saben del sistema acusatorio, son quienes van a ir llegando y van a romper todos estos moldes.

“Vamos a tener el hardware de la reforma; pero las condiciones, los valores del debido proceso, esos todavía están muy lejos, eso todavía vamos a tardar unos años en asumirlos plenamente”, apuntó Sarre. El principal reto, recalcó el especialista en derechos humanos, no es solo la puesta en marcha del nuevo sistema, sino cambiar la ideología de los ciudadanos sobre la importancia de respetar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sean víctimas o acusados de un delito.

“El mínimo de cultura penal exige una convicción profunda sobre la presunción de inocencia. Si no partimos de eso, no podemos construir un nuevo sistema de justicia penal. El punto de partida es el reconocimiento pleno de la presunción de inocencia de todos los individuos.

“Esto es, mientras yo no tenga elementos de convicción obtenidos limpiamente, no puedo llegar a la conclusión de que una persona es culpable. 

“No solo es un tema de derechos humanos, es un tema de certeza jurídica mínima”, insistió Sarre.

El académico recalcó que lo más importante es cerrar llaves de impunidad, como la tortura o la violación de derechos en las prisiones, pues gracias a esto las cárceles y los cuerpos de policía se están convirtiendo en escuelas de delito.

“Estamos creando escuelas de secuestradores, escuelas de mutiladores, escuelas de violadores; es decir, el Estado está generando a una velocidad increíble a los delincuentes del mañana, porque los está entrenando para delinquir.

Esta manera de hacer las cosas prueba de que en México no hemos tocado fondo, dijo. 

Sigue leyendo…

> Opacan implementación de la Reforma Penal Por Julio Ramírez