En el INAI se han prendido las alertas por el proceso que se lleva a cabo en el Senado para elegir a sus dos nuevos comisionados.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hay preocupación porque presumen que los legisladores impulsan como nuevo comisionado a un personaje no solo con un evidente conflicto de interés, sino a alguien que, acusan, ejerce presión sobre el Instituto para imponer su criterio cuando se trata de mantener en cierta información en la opacidad.
Se trata de Carlos Alberto Bonnin Erales, actual coordinador general de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información del Senado, colocado en ese cargo por impulso de la bancada del PRI en agosto del 2013, cuando su madrina política, Arely Gómez González, era senadora y presidía el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información de la Cámara alta.
Bonnin Erales ha sido desde entonces el guardián de la información que los senadores no quieren revelar: la Cámara alta ha logrado sobreseer los asuntos o confirmar sus respuestas en los recursos de revisión que se han presentado ante el Instituto.
Es cierto: los recursos de revisión que los ciudadanos han interpuesto al Senado son mínimos. Desde que Bonnin Erales asumió el cargo y hasta marzo pasado, se presentaron 5 mil 284 solicitudes de transparencia y se interpusieron apenas 87 impugnaciones, que representan un 1.6 por ciento del total.
Eso sí: cada uno de los recursos de revisión ha sido una cruzada jurídica en la que el Senado lleva las de ganar.
Fuentes del INAI revelaron que Bonnin Erales ejerce una presión directa sobre los comisionados y sus ponencias para que las resoluciones sean a favor del Senado, y la información solicitada por los ciudadanos permanezca en la opacidad
Incluso, afirman, en la privacidad de las discusiones en el Instituto, lo llaman “el octavo comisionado”.
Ahora, Bonnin Erales es candidato a ocupar el cargo de comisionado del INAI para el lugar que dejó Ximena Puente de la Mora, hoy candidata plurinominal del PRI a la Cámara de Diputados.
En el Pleno del (INAI) hay dos vacantes: la de Puente de la Mora, que renunció unos días antes de que concluyera su periodo como comisionada para irse como candidata del tricolor; y la de Areli Cano, quien dejó el organismo el 31 de marzo, al terminar el periodo para el que fue electa.
A pesar de la delicada misión del INAI de procurar la transparencia de las instituciones del país, en ninguno de los puntos de la convocatoria emitida por el Senado —encargado del proceso de selección—, se establece que los candidatos deban presentar alguna declaración de conflicto de interés, donde se conozcan los lazos políticos, económicos o familiares que pudieran influir después en sus decisiones, tal como ha sido solicitado por numerosas organizaciones de la sociedad civil.
Cofre cerrado
A pesar de que el Senado suscribió la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, apoyada y promovida por 140 organizaciones en 75 países, como un compromiso para adoptar las mejores prácticas internacionales y tener un Parlamento transparente, lo cierto es que ha cuidado que su información más sensible permanezca lejos del ojo público.
El guardián ha sido Carlos Alberto Bonnin Erales, quien ha logrado proteger, por ejemplo, el acceso a los archivos de las evaluaciones de los candidatos a la Fiscalía Anticorrupción; los correos electrónicos de Emilio Gamboa Patrón, el coordinador de los senadores del PRI; o el dinero extra que reciben los senadores además de su dieta.
Estos asuntos, que han sido dirimidos por el Pleno del INAI después de que los ciudadanos que solicitaron la información interpusieran recursos de revisión, forman parte de la larga lista de triunfos en que Bonnin Erales ha logrado que el Instituto le dé la razón.
La selección de los nuevos comisionados del INAI se encuentra en medio de la polémica, pues algunos de sus aspirantes cuentan con vínculos políticos
De acuerdo con los propios informes de la Cámara alta, desde que Bonnin fue nombrado coordinador general de Transparencia en el Senado —en agosto del 2013— y hasta marzo del 2018, se han presentado 87 recursos de inconformidad de ciudadanos por las respuestas que han recibido a solicitudes de información; de ellos, 7 están pendientes de resolución.
Solo en dos casos el INAI ha logrado revertir los argumentos jurídicos esgrimidos por la Unidad de Transparencia del Senado: en un asunto del 2014, los comisionados instruyeron que se ampliara la información al ciudadano; en otro caso, ya del 2018, se rechazó una causal de clasificación de información.
En los otros 78 casos de inconformidad de los ciudadanos, Bonnin Erales ha logrado que el Senado no revele la información que se le solicita.
Uno de esos casos fue el de un ciudadano que en abril del 2017 pidió al Senado los documentos y archivos “con las ponderaciones generales específicas y globales que obtuvo cada uno de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción y que recogen las evaluaciones individuales de los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano”.
Organizaciones han pedido que las designaciones de los servidores públicos a cargo del Congreso se hagan con total transparencia
La respuesta del Senado fue que la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana —encargada del proceso de selección— no contaba con el documento; además, que al tratarse de un proceso abierto, no podría revelarse la información.
“Se genera un perjuicio al interés público, toda vez que lo solicitado forma parte de un procedimiento deliberativo, referente a la designación de un servidor público, mismo que se encuentra en trámite, por lo que difundir la información puede afectar la decisión definitiva, ya que podría estar sujeto a presiones externas”, respondió el Senado.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han pedido en reiteradas ocasiones que el proceso de selección de todos los servidores públicos que deba nombrar o ratificar el Congreso se haga con total transparencia, siguiendo un modelo de parlamento abierto para garantizar que sea nombrada la persona más apta para el cargo.
En este caso, el INAI dio la razón al Senado, por lo que las evaluaciones de quienes aspiran a convertirse en fiscales anticorrupción se mantienen en secreto.
Otro ejemplo es la solicitud que un ciudadano hizo en octubre del 2016 para saber, entre otras cosas, la cantidad de recursos que los senadores de Jalisco recibieron, además de su dieta —“apoyos para trabajos legislativos, apoyo para el trabajo en comisiones, apoyo para volver a sus estados, apoyo para comprar vehículos, apoyo para comprar computadoras y cualquier otro existente”—. Pidió que se le entregara en un archivo Excel.
En un primer momento la respuesta del Senado fue contundente: “Los senadores no reciben percepciones por otros conceptos”.
Tras inconformarse por la respuesta de la Cámara alta, el ciudadano presentó un recurso de inconformidad y el Senado tuvo que admitir que dicha información sí existía.
Sin embargo, se negó a entregarla en formato Excel como específicamente había pedido el ciudadano y le ofreció un paquete de fotocopias a cambio de un pago o el acceso en persona al archivo físico.
El Senado argumentó que una institución no debe crear un documento ad hoc para responder al ciudadano una solicitud de información. El INAI le dio la razón y la información no fue entregada.
En otro caso, un ciudadano pidió saber cuántos recursos reciben los legisladores por grupo parlamentario y por senador (en lo individual). La respuesta del Senado fue que se puede dar el dato en general por bancada, pero no de lo que recibe cada legislador. El INAI también le dio la razón.
Otro de los asuntos en los que el Senado impuso su criterio fue a la petición que un ciudadano hizo en julio del 2017 para conocer cuántos correos electrónicos había enviado y recibido, en determinado periodo de tiempo, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, en su cuenta de correo institucional, así como los remitentes y destinatarios.
El Senado respondió que se enviaron cero correos electrónicos y se recibieron 873. Sin embargo, se tacharon las cuentas de 314 personas físicas, por considerar que se trataba de información confidencial.
La Cámara alta impuso en el INAI su decisión, argumentando que el correo electrónico de un individuo se trata de un dato personal y debe ser protegido.
El ciudadano no pudo conocer con quién se comunicó el líder del tricolor en esos días en que se revelaba el escándalo del espionaje a periodistas y activistas mediante el uso del software Pegasus.
Ahora, el guardián del cofre de información del Senado quiere ocupar un lugar en el Instituto que debe procurar que todas las instituciones sean transparentes.
Lazos con el PRI
Carlos Alberto Bonnin Erales es un hombre cercano al PRI, en particular a Arely Gómez González, actual titular de la Secretaría de la Función Pública. Ambos han trabajado juntos por más de 15 años.
Su camino comenzó en el año 2003 cuando Arely Gómez era secretaria particular del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela; en 2005, Gómez González fue nombrada Oficial Mayor del máximo tribunal.
Bonnin Erales llegó como asesor jurídico a la Corte con apenas 22 años de edad, pero ya con la experiencia de haber trabajado un año como asesor en la Secretaría de Hacienda. Pronto se ganaría la confianza de Gómez González y se convertiría en su secretario particular.
En enero del 2007, Arely Gómez fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el entonces presidente Felipe Calderón (PAN). Bonnin Erales dejó la Corte para ser el coordinador de asesores y secretario particular de la fiscal.
El coordinador de transparencia en el Senado fue impulsado a ese cargo por el PRI y ha colaborado con Arely Gómez, secretaria de la Función Pública
En julio del 2010, Gómez González decide renunciar a la Fepade por presiones políticas y su secretario particular también se va con ella, quien entra a trabajar en el 2012 como jefa de la Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el 2011, Bonnin Erales entra a trabajar como consultor en Grupo Financiero Vector, hasta que en el 2012 se coloca como director general adjunto jurídico de la Secretaría de Salud.
Ocurren las elecciones del 2012: el priista Enrique Peña Nieto gana la Presidencia de la República y Arely Gómez González llega como legisladora plurinominal del tricolor al Senado. Ahí es nombrada presidenta del Comité de Garantía y Transparencia de la Información de la Cámara alta.
Meses después, en agosto del 2013, Gómez González logró colocar a su pupilo como titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información del Senado.
Su nombramiento ocurrió pocas semanas después de que el Senado transparentara el gasto del entonces coordinador de la bancada del PAN, Ernesto Cordero.
La revelación provocó un escándalo porque se conoció que el legislador gastó miles de pesos de dinero público en joyas, artículos de limpieza y hasta botellas de ron.
Fue entonces que los senadores sustituyeron a la entonces coordinadora general de Transparencia, Adriana Cariño Cantú, por Carlos Alberto Bonnin Erales, hombre de toda la confianza de la priista Arely Gómez, que presidía el Comité en la materia.
Desde su nombramiento el funcionario tendría solo una pausa entre marzo y mayo del 2015, cuando Gómez González fue nombrada titular de la Procuraduría General de la República y él fungió como su secretario particular.
Tras esos meses, volvió a su cargo en el Senado, en el que continúa hasta hoy; ahora compite por ser uno de los comisionados que, en teoría, debe velar porque se procure la garantía ciudadana de acceder a la información pública.
