Con más de mil 900 asesinatos en un periodo de nueve meses, Chihuahua se coloca en la lista de entidades del país en donde las fallas en la estrategia regional de seguridad y los niveles de violencia han vuelto insostenible la vida de sus habitantes.
Este lunes, con la noticia del ataque a la familia mormona LeBarón –un asesinato a sangre fría que dejó sin vida a nueve personas, seis de ellas menores de edad–, los ojos de la nación se enfocaron en las autoridades estatales, concretamente en la figura del gobernador Javier Corral Jurado, quien no ha podido dar garantías de seguridad o reducir los índices de delitos de alto impacto en la entidad que dirige.
En el año 2015, antes de la transición de poder, los índices de violencia en Chihuahua eran elevados; una realidad en donde las agresiones de grupos delincuenciales como el Cártel de Juárez o el de Sinaloa dejaron a la entidad con mil 115 víctimas en el año electoral.
Sin embargo, con la promesa de construir “el Chihuahua que nos merecemos” a los habitantes, Corral Jurado asumió el liderazgo del estado en octubre de 2016, año que terminó con un saldo de mil 470 víctimas mortales.
Una cifra que va en aumento gracias a la presencia de otros grupos criminales, tales como los Mexicles; La Línea; células regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Pacífico, esta última organización señalada como probable responsable del crimen contra la familia LeBarón.
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Días negros para Chihuahua
Tan sólo en las primeras 48 horas de esta semana, Chihuahua registró hechos de violencia extrema con más de 14 personas ultimadas en distintos eventos; ataques adicionales a los crímenes cometidos contra la familia mormona.
Por diversas colonias de Ciudad Juárez, grupos armados acribillaron y prendieron fuego al menos a siete personas este martes: un empleado de la agencia aduanal del fraccionamiento Las Américas; tres hombres a bordo de una camioneta en la Zona Este y tres más en las inmediaciones de la colonia Independencia II.
Además, por la tarde, un grupo de hombres armados dispararon contra el edificio de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, provocando una herida en la pierna de un guardia de seguridad.
Los reportes de balaceras continuaron esa misma noche, sin embargo, ni el Gobierno local ni las autoridades judiciales de la entidad han emitido una declaración formal sobre estos hechos.
Ante esta ola de homicidios diversas autoridades se dijeron hartas.
“Es muy lamentable ver mujeres y niños asesinados, cualquier vida humana es valiosa pero creo que cuando vemos este tipo de situaciones es cuando tenemos que empezar a ver soluciones”, comentó Alfredo Lozoya Santillán, alcalde del municipio de Parral.
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Piden nueva estrategia de seguridad
En el Congreso de la Unión, la diputada chihuahuense, Teresita de Jesús Vargas Meraz calificó el ataque del lunes como una acción “espantosa y cruel”, mientras que su compañero en la bancada morenista, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo manifestó su solidaridad con la familia LeBarón.
Asimismo, el legislador dijo confiar en la labor de las autoridades y del gabinete de seguridad del Gobierno federal, del sonorense y chihuahuense para alcanzar la justicia por estos hechos.
Desde el Senado de la República el tema de la violencia en Chihuahua tampoco pasó desapercibido, y se abordó justo el día de la comparecencia programada del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño.
El funcionario federal, quien acudió al órgano legislativo para explicar la estrategia aplicada en el operativo de Culiacán, defendió las acciones del Gobierno, pero admitió que en el caso de la familia LeBarón estos se encontraban desprotegidos, ya que “tuvieron seguridad en algún momento”, puntualizando que al día de hoy sólo estaban desplegados 18 elementos de la Policía Federal en la comunidad en la que están.
Al término de la comparecencia, Reporte Índigo entrevistó a los integrantes de la comisión de Seguridad Pública en la Cámara alta, quienes coincidieron en que la actual estrategia encabezada por Durazo resulta insuficiente.
Para el secretario del organismo e integrante de la bancada del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, los crímenes en Chihuahua deben obligar a la federación a actuar de manera firme, pues es de ellos la responsabilidad de combatir al crimen organizado.
Lo que más me alarma es que escucho al gobierno hablando del tema como un caso más.
Por su parte, Verónica Martínez, afirmó que en el espacio de la comparecencia de este martes se le externó al secretario de Seguridad la urgencia del cambio de estrategia; solicitando que en el caso de Chihuahua se tomen cartas en el asunto.
“Para corregir los errores hay que comenzar por aceptarlos. Por eso es muy importante la solicitud que se le hace al secretario Durazo de fortalecer también las fuerzas policiales, no sólo la Guardia Nacional, sino el ámbito local”.