El paradero de los ciudadanos italianos Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, quienes desaparecieron en Jalisco en 2018, sigue siendo al día de hoy un misterio que no ha podido resolver ni la Fiscalía del Estado de Jalisco ni la Fiscalía General de la República (FGR), ambas con indagatorias sobre el caso.
Desde el 31 de enero de 2018 nada se sabe de las víctimas italianas, aunque registros oficiales obtenidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revelan que la búsqueda se extendió en su momento a un sexto estado: San Luis Potosí, a través de operativos que fueron implementados directamente por la Policía Federal.
El Gobierno de Jalisco, aún bajo el mandato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, había confirmado que la búsqueda de los italianos no se desarrollaba solamente en territorio jalisciense, sino también en Colima, Michoacán, México y Quintana Roo, mediante los mecanismos de colaboración con los que cuentan las fiscalías estatales.
Además de la investigación que abrió la Fiscalía de Jalisco, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR emprendió su propia indagatoria
Además de la investigación que abrió la Fiscalía de Jalisco y que está centrada en el hecho de la desaparición de los italianos en Tecalitlán, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR emprendió su propia indagatoria del caso, pero ni una ni otra han podido dar con las víctimas. O de haber fallecido, con sus restos.
En el informe del Estado mexicano que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este caso, el 10 de abril de 2018, se incluye la documentación que prueba que hubo un despliegue especial de la Policía Federal en San Luis Potosí, lo que permite deducir que había líneas de investigación que conducían hacia ese estado vecino de Jalisco.
En específico se cita el oficio PF/DSR/CESLP/0837/2018, del 25 de marzo de 2018, en el que Carlos Arturo Landeros Hernández, como encargado interino de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en San Luis Potosí, informaba que se había desplegado un operativo de búsqueda de los italianos en acatamiento a las medidas cautelares que había emitido poco antes la CIDH.
En dicho oficio dirigido a José Antonio Mendoza Mendoza, como director general adjunto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la División de Seguridad Regional de la misma corporación, se detalla que la búsqueda de los italianos fue implementada por las estaciones de la Policía Federal de San Luis Potosí, Huizache, Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde.
La orden de operación girada al interior de la Policía Federal para encontrar a los italianos fue la CESLP/0484/2018, del 23 de marzo de 2018, pero no sirvió de mucho. El pasado 10 de febrero, la Fiscalía de Jalisco confirmó que las tres víctimas persisten en calidad de desaparecidas (folio de transparencia 00777420).
Paradero de italianos sin resolver
En el escrito con el que se solicitó la intervención de la CIDH, el cual dio lugar a las medidas cautelares de ese organismo internacional en 2018, los familiares de los italianos desaparecidos aseveran que las autoridades sí tienen al menos la presunción del paradero de las víctimas, pero que no han querido revelarlo.
“Por tratarse de una presunta desaparición forzada, las consecuencias de los mismos hechos se prolongaron a la fecha, pues, existieron por parte de autoridades o agentes del gobierno conductas posteriores que en su concepto implican complicidad y ocultamiento de la detención y paradero ya que, no obstante que se presume por parte de dichas autoridades o agentes, no se da a conocer a sus familiares a pesar de sus gestiones constantes para descubrir su paradero”.
En dicho documento obtenido también de la SRE, con el recurso de revisión RRA 7206/18, los familiares de los italianos solicitan ante la CIDH que se impongan sanciones directas en contra del Gobierno de Jalisco.
“Medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales del Gobierno del Estado de Jalisco, que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso, incluyendo las acciones u omisiones de autoridades que hubieren obstaculizado la realización de diligencias de investigación”.
Además amplían el reclamo a nivel federal.
“Exijo que se declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial”, se lee.
Mala señal
Es una mala señal para los ciudadanos ordinarios de Jalisco y en particular para los familiares de personas desaparecidas que las autoridades no hayan resuelto todavía un caso como el de los italianos a dos años de distancia, pese a la presión internacional y al trabajo conjunto de la Fiscalía local, la SEIDO y la Policía Federal.
La medida cautelar de la CIDH emitida desde el 16 de marzo de 2018 solicitaba al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los tres italianos.
“La Comisión insta al Estado a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados creados para tales efectos”.
La versión que recoge la CIDH dice que trató de una desaparición forzada.
“Los policías de Tecatitlán habrían recibido órdenes de su vicecomandante y comandante para llevar a cabo la detención de los señores Antonio Russo y Vincenzo Cimmino.
Hay cuatro policías de Tecalitlán detenidos y en proceso de ser enjuiciados
Luego los habrían llevado a un camino de montaña a unos 10 minutos de la ciudad, donde los estarían esperando dos hombres armados, de los cuales uno sería el “jefe de plaza” (…), el jefe del grupo criminal Jalisco Nueva Generación”.
Actualmente hay cuatro policías de Tecalitlán detenidos en proceso de ser enjuiciados.
