El caso de los estudiantes de cine que cimbró a la ONU
La desaparición de los tres jóvenes estudiantes de cine hace dos años en Tonalá causó la intervención de dos instancias distintas de la ONU: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, algo inédito en Jalisco
Luis HerreraEl caso de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), desaparecidos en Tonalá, ha sido el único en Jalisco por el que han intervenido dos instancias distintas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 19 de marzo de 2018, los estudiantes Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ávalos y Javier Salomón Aceves Gastélum desaparecieron en ese municipio mientras filmaban un video
La investigación de la Fiscalía local concluyó que habían sido privados de la libertad por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que los asesinó y disolvió sus cuerpos en ácido.
El hecho incluso fue difundido por el cineasta Guillermo del Toro unos días después de haber sido galardonado con el Oscar.
Su repercusión atrajo la mirada de la ONU, primero a través de Jan Jarab como representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y luego de su Comité contra las Desapariciones Forzadas.
La primera intervención de la ONU se materializó en una comunicación directa con el entonces gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz; y su fiscal, Raúl Sánchez Jiménez, el 23 de marzo de 2018, mediante el oficio OACNUDH/REP074/2018.
En el caso de la desaparición de Javier Salomón Aceves, Marcos Ávalos y Daniel Díaz, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, resultan de especial preocupación los señalamientos sobre la posible participación de servidores públicos en estos terribles hechos
Ahí se alentó a la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco a investigar de forma pronta, exhaustiva e imparcial, la desaparición de los estudiantes de cine para que fueran localizados y que los autores rindieran cuentas ante la justicia.
Jarab fue insistente con el gobernador y su fiscal en no desestimar los señalamientos de que habrían participado agentes de seguridad, luego de que testigos del hecho aseguraran que los captores se habían presentado como miembros de la Fiscalía.
“Resulta de particular importancia que la desaparición sea tratada como una posible desaparición forzada, mientras las investigaciones no lleguen a otra conclusión, agotando efectivamente todas las hipótesis y realizando acciones de búsqueda e investigación basadas en las evidencias disponibles y el contexto de los hechos”, se lee.
En el caso también se señaló a la Policía de Tonalá por haberse mostrado omisa ante el hecho y se recomendó la suspensión o reasignación de todos los agentes presuntamente involucrados.
Jarab se refirió a otras dos desapariciones que se habían dado en esos mismos días: la de un menor de 14 años, el 20 de marzo, en Zapopan; y la de un estudiante de medicina, el 19 de marzo, en Guadalajara. El primero fue hallado con vida, pero el segundo no, pues se habría suicidado.
Interviene el Comité en desaparición de estudiantes de cine
La segunda intervención de una instancia de la ONU en el caso de la desaparición de los estudiantes del CAAV fue el 5 de diciembre de 2018, con la emisión de peticiones de acción urgente por parte de su Comité contra las Desapariciones Forzadas, dirigidas en esta ocasión al Estado mexicano y no solo a Jalisco.
Las dos instancias de la ONU pidieron que la desaparición fuera tratada como una posible desaparición forzada, mientras las investigaciones no llegaran a otra conclusión
Las solicitudes con clave 557/2018 y 558/2018 se refieren a las desapariciones de Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, luego de que sus padres denunciaran que la Fiscalía de Jalisco no había arrojado resultados, pese a que la denuncia databa del 20 de marzo de 2018.
“Preocupa al Comité que, después de ocho meses de presentada la denuncia ante la Fiscalía correspondiente, no se haya obtenido información sobre la localización de las personas desaparecidas. El Comité resalta que la demora con la cual las autoridades intervienen para buscar y ubicar a una persona desaparecida perjudica las posibilidades de encontrar los elementos probatorios relevantes y reduce las posibilidades de ubicar a las personas desaparecidas con vida. Estos plazos van en contra de los estándares internacionales en materia de desapariciones, así como la legislación nacional”, dice el documento obtenido de la Secretaría de Relaciones Exteriores (recurso de revisión RRA 2067-19).
El Comité pidió al Estado mexicano tomar acción inmediata para buscar y ubicar a los jóvenes, así como todas las medidas necesarias para protegerlos, liberarlos y para permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellos.
“Tomando en cuenta las alegaciones recibidas por el Comité del posible involucramiento de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la plena imparcialidad e independencia de los procesos de búsqueda e investigación, incluso mediante la reasignación inmediata del caso a la Procuraduría General de la República (PGR)”, dijo.
El requerimiento del Comité implicaba, por tanto, el rechazo de la versión de la Fiscalía local, que desde abril de 2018 había concluido que los jóvenes fueron asesinados.
La intervención del Comité dio lugar a que la Fiscalía de Jalisco reabriera el caso para continuar con la búsqueda con vida de los jóvenes, se informó el 24 de diciembre de 2018, ya bajo el nuevo gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
Unos días después, el 3 de enero de 2019, se anunció que la PGR, hoy Fiscalía, atraía la indagatoria.
